Los principales líderes del 15-N amanecieron este lunes con sus casas bajo vigilancia policial y la prohibición expresa de salir a la calle

MAURICIO VICENT

Cuba vivió este lunes una jornada de protestas muy diferente de la que idearon sus organizadores. Los principales líderes de la marcha por el cambio amanecieron el lunes con sus casas bajo vigilancia policial y la prohibición expresa de salir a la calle, como sucedió la víspera con el principal líder de la protesta, Yunior García, que seguía este 15 de noviembre en la misma situación. Fuentes de la oposición informaron de que varios disidentes históricos fueron detenidos cuando salían de sus casas para manifestarse. En las calles de La Habana, sobre todo en los barrios y espacios públicos más calientes y señalados desde las manifestaciones del 11 de julio, incluido el malecón, el paseo del Prado y el Capitolio, la presencia policial era notable, tanto de uniforme como de civil, y la sensación era que cualquier incidente que pudiera ocurrir duraría poco. Durante el día, muy pocas camisas blancas en señal de identificación con la causa se vieron en la calle, a pesar de lo que habían pedido los organizadores.

 

El Gobierno se centró en afianzar la imagen de normalidad absoluta organizando diversos actos para celebrar el reinicio del curso escolar, la reapertura de fronteras al turismo internacional después de año y medio de pandemia, y por los festejos de los 502 años de la fundación de La Habana este 16 de noviembre. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, asistió por la mañana al acto central por el reinicio de las clases, respaldando la idea de una jornada festiva y pacífica. “Así amanece Cuba el 15 de noviembre, con más de 700.000 pioneros en las aulas, recibiendo amigos, familiares y turistas, reactivando el quehacer productivo, disminuyendo los casos de covid”, escribió en su cuenta de Twitter.

 

La liturgia escogida para la protesta hacía difícil medir el apoyo real a la convocatoria opositora, difundida ampliamente por las redes sociales y en el extranjero. Para evitar violencia o actos de represión contra los manifestantes, la plataforma opositora Archipiélago cambió súbitamente de estrategia la semana pasada al desactivar las marchas por recorridos específicos. Se ha pedido a la gente que salga simplemente a las calles con ropa blanca y se encaminen a espacios públicos, depositando ofrendas florales ante estatuas o monumentos de próceres a la patria. También se propuso aplaudir a las tres de la tarde y caceroladas el domingo y el lunes a las ocho de la noche, pero de momento, de esto muy poco, o nada.

 

“No sé qué va a pasar. Yo no dudo de que por la represión que hemos visto estos días, o por miedo, la gente se quede en casa. Pero si no salen hoy, saldrán otro día. Esto es el comienzo de otra cosa”, dijo José Carlos Melo González, de 26 años, trabajador por cuenta propia que firmó una carta de apoyo a la manifestación y expresó públicamente su decisión de marchar. Después de varias detenciones de horas la semana pasada y de presiones para que desistiera de su intención, tanto sobre él como sobre su familia, el domingo su apartamento en el barrio habanero del Vedado amaneció vigilado por agentes de seguridad. “Bajé a tirar la basura y me dijeron que no podía salir y que no sabían hasta cuando se mantendría la medida”.

 

En la misma situación estaban los principales promotores de la protesta en La Habana y del resto del país, y también Yunior García —a quien ahora se le permite recibir visitas, pero no salir de casa— y otras personas que, sin ser líderes, habían manifestado abiertamente su deseo de participar. “Le tienen miedo a un pueblo con flores que quiere salir a manifestarse… Pero cada vez la gente se da más cuenta de lo que pasa y empieza a despertar”, afirma Melo, y se pone de ejemplo. De tener algunas inquietudes políticas, ha pasado a ser un activista comprometido después de las protestas de artistas el 27-N y de los sucesos del 11-J. “Ahora, en mi entorno, después de ver que me llevan preso y me amenazan solo por decir lo que pienso, sin ser yo ningún criminal, la gente se radicaliza más”. Opina Melo que lo que suceda el 15-N es lo de menos. “Esto es simplemente otro paso, como lo fue el 27-N o el 11-J. Vendrán otras fechas, y la gente seguirá ganando conciencia… El cambio en Cuba no tiene marcha atrás”.

 

A menos de dos kilómetros de su casa, en el popular barrio de Centro Habana, un buscavidas que se llama Michel hacía una hora después su propio diagnóstico frente a una cola de espanto: “Pensar que esto iba a ser iba a ser otro 11-J es de comemierdas. Aquello les sorprendió, ahora han tenido un mes para preparar la respuesta. Por miedo, o porque bastante tiene ya uno con las colas, o porque —aunque algunos crean que no— todavía hay mucha gente que apoya, aquí no se mueve un alpiste. En este barrio, que es candela, no se ha escuchado una cacerola”.

 

Salvo incidentes aislados o actos de violencia de última hora, el músculo de control político exhibido este 15-N por las autoridades es grande. Hasta la noche del lunes, no se conocían imágenes de calles llenas de manifestantes ni de violencia policial desatada como en los sucesos del pasado julio. Bien por el férreo cerco policial sobre los principales promotores de la protesta, bien por la intensa campaña oficial de descrédito de la marcha y las acusaciones a EE UU de estar detrás de su organización, el lunes fue una “una jornada festiva” con el retorno del turismo internacional y de los niños a las escuelas, según declaró en Facebook el canciller cubano, Bruno Rodríguez. La protesta convocada por la oposición fue una “operación fallida que se ha intentado articular” desde Estados Unidos y “ha sido un rotundo fracaso”, dijo Rodríguez en una inusual transmisión en Facebook.

 

Intelectuales y académicos cubanos señalan que harían mal las autoridades si presentaran este 15-N como una victoria. “El Gobierno cubano ya no puede evadir la obligación de lidiar públicamente con la disidencia política. No es algo que le sea posible. Con lo que está haciendo quizás logre contener el 15-N, pero lo que sí no va a contener es el 11-J, que se va a seguir expresando de mil modos hasta que vuelva a ser coro inevitablemente y con los costos altísimos que eso tiene para la nación”, expresó días antes de la marcha la psicóloga Ailynn Torres. En la misma línea, la historiadora Alaina Bárbara, coordinadora del portal La Joven Cuba, expresó que el Gobierno no debería presumir de “mayor consenso del que de verdad posee” sin hacer una lectura del contexto real y entender que el descontento es grande y el país ha de abrir espacios democráticos de participación, pues en lo adelante “el inmovilismo ya no será una opción aceptable para la ciudadanía”.

 

El factor Estados Unidos

Para el Gobierno cubano, las más recientes declaraciones de respaldo a la marcha por el cambio de altos funcionarios de la administración Biden, incluido el secretario de Estado, Antony Blinken, son la confirmación de sus acusaciones de que Washington pretende desestabilizar el país alentando “este tipo de maniobras subversivas”. Blinken felicitó la semana pasada al pueblo cubano por su “voluntad de salir a alzar la voz” en las calles, y pidió al Gobierno de La Habana “escuchar al pueblo cubano durante las manifestaciones del 15N y demostrar respeto por los derechos humanos”. Lo hizo días después de pedir a la Organización de los Estados Americanos que se pronuncien sobre las “acciones abusivas del régimen cubano contra su pueblo”, y luego de que su asesor de Seguridad Nacional, Juan González, advirtiera a Cuba que si había actos de represión EE UU podría responder con sanciones. El lunes se conoció que la activista opositora Rosa María Payá había pedido viajar a Cuba junto a dos eurodiputados europeos y el presentador de Miami Álex Otaola para participar en la marcha y “visitar a los presos políticos en las cárceles y los hospitales”. Desde medios oficiales, respondieron. “Y también les vamos a preparar un recorrido a Varadero”. Fuentes cercanas a los organizadores de la marcha, que siempre han negado cualquier tipo de vínculo con Washington, señalaron que, tanto la actitud de EE UU como la de los promotores de este tipo de iniciativas, en vez de ayudar parece servir a los intereses de la seguridad del Estado.

 

FUENTE: EL PAÍS INTERNACIONAL