Una comisión del Congreso investiga el suceso y el papel del entonces presidente Donald Trump ante el ataque que ocurrió el 6 de enero de 2021.

ANTONIA LABORDE

Dicen que fueron a protestar pacíficamente. Que pensaban que la policía los estaba dejando entrar en el Congreso. Que se quedaron atrapados en medio de la turba. Algunos son arquitectos, propietarios de negocios, estudiantes, empresarios. A un año del asalto al Capitolio en Washington, más de 700 manifestantes han sido acusados con cargos que van desde planear un ataque para impedir la confirmación oficial de la victoria electoral del presidente Joe Biden el 6 de enero de 2021 hasta agredir a la policía. Hasta ahora, 165 se han declarado culpables —cuatro de ellos se arriesgan a una condena de 20 o más años de cárcel— y 71 han sido condenados con penas que alcanzan los cinco años de prisión, según datos del Departamento de Justicia.

 

En paralelo al trabajo del Departamento de Justicia, una comisión de la Cámara de Representantes lleva seis meses investigando lo que ocurrió en esa aciaga jornada, con especial interés en el papel de Donald Trump y su entorno durante la jornada del asalto. Está previsto que en los próximos meses hagan públicas sus conclusiones.

 

La cantidad de vídeos de vigilancia, de las cámaras de agentes de seguridad, y de los propios asaltantes en las redes sociales, derrumban las defensas de los simpatizantes de Donald Trump que pusieron en jaque al Capitolio ese día. En las violentas imágenes se puede ver que entre los más de 800 sublevados había algunos armados con hachas, bates de béisbol, palos de hockey y otras armas. El ataque dejó cinco muertos y 140 agentes heridos, y tuvo lugar después de que Trump instara, en un encendido discurso cerca de la Casa Blanca, a sus seguidores a “luchar como el demonio” con el fin de “recuperar” el país. La invitación final del republicano fue que marcharan hacia el Congreso.

 

El Departamento de Justicia es el encargado de presentar los cargos penales relacionados con el asalto, pero la comisión de investigación del Congreso —formada por siete demócratas y dos republicanos—, puede recabar pruebas de un posible delito y recomendar a la Justicia que actúe. También puede perseguir casos de perjurio, intimidación a testigos o desacato al Congreso de personas que desafían sus citaciones, como el influyente asesor de Trump, Stephen Bannon, y su exjefe de Gabinete, Mark Meadows.

 

Hasta ahora, los congresistas del comité ―apoyados por decenas de asesores, entre los que figuran exfiscales generales― han entrevistado a más de 300 testigos; reunido unos 35.000 documentos; y han recorrido el país para hablar con funcionarios electorales de Estados como Arizona y Pensilvania, donde Trump insiste en que se cometió fraude en el escrutinio nunca demostrado. El objetivo de las entrevistas es averiguar si hubo presiones del exmandatario y su entorno durante el escrutinio de los votos.

 

Liz Cheney, vicepresidenta del comité, y parte de ese pequeño puñado de republicanos que quiere salvar a su partido de las garras de Trump, adelantó el pasado domingo a ABC News que un “testimonio de primera mano” relató que durante el ataque al Capitolio, Ivanka Trump, hija y asesora destacada del entonces mandatario, acudió al menos dos veces a su padre “para pedirle que, por favor, detuviera la violencia”. Por su parte, el demócrata Bennie Thompson, presidente de la comisión, dijo ese día a la CNN que tienen “un testimonio significativo” de que “se le había dicho a la Casa Blanca que hiciera algo”. “Es muy inusual que alguien a cargo de algo observe lo que está sucediendo y no haga nada”, agregó Thompson, en alusión a las tres horas que transcurrieron entre el motín y el vídeo que publicó Trump en el que decía a los violentos manifestantes: “Debéis iros a casa, debemos tener paz. Os queremos, sois muy especiales”. Pero también insistió en las acusaciones de fraude electoral.

 

En otro vídeo, el último publicado por el expresidente aquel 6 de enero, se despedía con una solicitud a sus seguidores: “Recuerden este día siempre”. Robert Palmer, de 54 años, no lo olvidará. Acusado de atacar a la policía que trabajaba para contener a la turba, en diciembre se le impuso una condena de cinco años y cuatro meses de cárcel, la pena máxima de momento a un procesado por el asalto. “Estoy realmente muy avergonzado de lo que hice”, dijo entre lágrimas el acusado que roció con un extintor de incendios a los agentes del Capitolio.

 

A Jacob Chansley, apodado como “el chamán de QAnon [un movimiento de teorías conspirativas]”, tampoco se le olvidará su paseo por el Congreso tocado con una cornamenta y una piel de oso y el pecho al descubierto. Le han caído tres años y cinco meses de cárcel tras declararse culpable.

 

La comisión de investigación, según medios estadounidenses, está planeando un cronograma de comparecencias de testigos que serán transmitidas por televisión y que previsiblemente arrancarán en las próximas semanas. El tiempo no está a favor del comité. En noviembre son las elecciones legislativas de medio mandato y los republicanos pueden hacerse con el control de la Cámara de Representantes y finiquitar la comisión. La publicación de un informe preliminar se baraja para primavera o verano, y el definitivo se presentaría antes de las elecciones.

 

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