1. Pacto de Estado contra la corrupción. Por aquí habría que empezar, pues supondría el reconocimiento de la gravedad del fenómeno y la necesidad de afrontarlo. Lo han de suscribir partidos políticos e instituciones públicas representativas de todos los estamentos oficiales. Se trataría de diseñar una estrategia a corto, medio y largo plazo y de asumir compromisos y acuerdos para su plasmación en el BOE. No ha de faltar el compromiso firme entre partidos de excluir de la vida pública a los cargos afectados fehacientemente por la práctica corrupta. Sólo así la clase política se hará creíble ante la ciudadanía y los poderes económicos serán conscientes del nuevo orden de cosas.

2. Democracia interna en los partidos políticos. La Ley de partidos políticos se ha de modificar a fin de garantizar legalmente el acceso de los militantes capacitados a los cargos de responsabilidad interna, institucionalizándose en el seno de los partidos el proceso de primarias para la confección de las listas electorales, y haciendo posible la transparencia financiera de los mismos.

3. Nuevo régimen de financiación de partidos. Frente al deficiente régimen actual, censurado todos los años, de forma impenitente y vana por el Tribunal de Cuentas, se impone una reforma legal que reduzca los recursos económicos procedentes de la financiación pública, haga más transparente la financiación privada, extreme las obligaciones contables de los partidos y refuerce la fiscalización y control de sus cuentas.

4. Creación de Juzgados especializados. Con jurisdicción exclusiva y excluyente en la instrucción y posterior enjuiciamiento de todos aquellos procedimientos penales referidos a delitos contra la Administración, la Hacienda Pública, la ordenación del territorio o el medio ambiente. La represión de la corrupción ganaría así en calidad, celeridad y homogeneidad.

5. Implantación de Códigos de conducta en los Ayuntamientos. Para moralizar la vida pública frente a la generalizada falta de ética de nuestros gobernantes. Es absolutamente necesario diferenciar claramente entre la responsabilidad política y la penal; de este modo, sería perfectamente compatible la existencia de un Código Penal, esencialmente coactivo, con otro de conducta, que definiera comportamientos y actitudes, estableciendo sanciones complementarías de índole no penal, inclusive el cese en el cargo.

6. Reforma del sistema electoral municipal. En un triple sentido: de una parte, para ampliar el régimen de incompatibilidades de alcaldes y concejales; de otro lado, para limitar el número de mandatos de los corporativos; en tercer lugar, a fin de implantar las listas abiertas y la elección directa de Alcalde.

7. Reforma de la legislación de Régimen Local. Se hace indispensable extremar el control de legalidad sobre la actividad municipal y el económico financiero sobre el gasto; reducir drásticamente los supuestos de contratación directa de obras, servicios y suministros; dignificar la función pública local, poniendo coto a la designación ilimitada de personal de confianza y al abuso de la figura del concurso en detrimento de la oposición libre.

8. Racionalización de la gestión urbanística. Del gran espacio escénico de la corrupción municipal hay que desterrar la socorrida e interesada figura del convenio urbanístico (sobre todo en el ámbito del planeamiento). Asimismo, se ha de devolver al Pleno la facultad de aprobación, en primera instancia, de todos los instrumentos urbanísticos (con reserva expresa a la Administración autonómica de la aprobación definitiva de los mismos). Se ha de controlar rigurosamente la inversión de los ingresos procedentes del patrimonio municipal del suelo.

9. Reforma de la legislación penal. Para agravar las penas previstas para los delitos que tienen que ver con la corrupción. No es de recibo que un Alcalde condenado por prevaricación administrativa pueda ser parlamentario nacional o autonómico; o que el concejal de urbanismo que haya promovido la concesión ilícita de una licencia urbanística sea simplemente inhabilitado y condenado al pago de una multa; parece ridículo, en fin, teniendo en cuenta la gravedad e importancia de la materia electoral (médula espinal del sistema democrático) que se pueda penalizar con un mes y un día de prisión y multa de 180 € la conducta de alguien que haya comprado el voto de los electores.

10. Educación en los valores democráticos y ciudadanos. De un lado, formando al ciudadano, en todos los niveles educativos, en una moral de la convivencia más solidaria. En segundo lugar, desde los medios de comunicación, creándose opinión beligerante contra las prácticas corruptas, a fin de concienciar a la ciudadanía de que la corrupción es un mal negocio, que atenta siempre contra sus legítimos derechos e intereses y, sobre todo, contra la salud de la democracia que con tanto esfuerzo pretendemos consagrar en España.