En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.

Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:

1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc...

2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.

3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.

4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.

5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.

7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.

8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.

9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.

10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.

Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.

Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta integran el comité de dirección de Transparencia Internacional España.