El traspaso de poderes de Fidel
Castro a su hermano Raúl, en julio de 2006, desató en Cuba una
esperanza de cambio, alentada por el propio régimen. Tres años después,
la realidad no puede ser más sombría: el aparato de represión castrista no sólo no ha sido desarticulado, sino que funciona a todo vapor.
Así lo ha constatado Human Rights Watch (HRW),
que ayer ha presentado un amplio informe sobre la situación de los
derechos humanos en la isla. Al menos 40 disidentes han sido
encarcelados en esta etapa, en la que los arrestos arbitrarios, las
farsas judiciales y los malos tratos siguen a la orden del día. La
organización exige una “presión efectiva” para forzar la liberación de
los presos políticos y critica la estrategia de acercamiento al régimen
cubano impulsada por el gobierno español.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, es contundente: “Durante estos tres años en el poder, Raúl Castro ha sido tan brutal como su hermano”. Las 123 páginas del informe, titulado Un nuevo Castro, la misma Cuba,
dan cuenta de un patrón sistemático de abusos no sólo contra los
opositores, sino contra cualquier cubano que pretenda ejercer los
derechos más elementales.
Cuba Castrista
Alemania Nazi
Para ello el régimen recurre a una batería de leyes y de figuras (desobediencia, insubordinación, desacato)
que penalizan cualquier forma de disenso. El Gobierno, constata HRW,
siente especial predilección por la “más orwelliana” de estas medidas:
la ley de peligrosidad, que permite, incluso, castigar a los ciudadanos
antes de que hayan cometido un delito, por el mero hecho de que
resultan sospechosos. “Esta disposición es netamente política y define como peligrosa a cualquier conducta contraria a las normas socialistas”, señala el informe.
El organismo destaca las “condiciones inhumanas”
de las cárceles cubanas, marcadas por el hacinamiento, la insalubridad,
la desnutrición y las enfermedades. Pero además, los presos políticos
se enfrentan a malos tratos que “pueden alcanzar el nivel para ser considerados torturas”.
Además de las palizas, son sistemáticas la reclusión en celdas de
aislamiento, la prohibición de visitas familiares y la desatención
deliberada de los problemas de salud. En tres casos, por lo menos, los prisioneros políticos han sido encerrados en celdas ocupadas por enfermos de tuberculosis.
El informe “Un nuevo Castro, la misma Cuba” detalla
un estado de miedo permanente entre todos los activistas políticos o
religiosos, incluso entre los que buscan ganarse la vida de forma
autónoma
Con semejante laxitud, la lista de
víctimas es muy variada. Distribuir ejemplares de la Declaración
Universal de Derechos Humanos le ha costado al habanero Jorge Barrera
una condena de diez años; Ramón Velásquez, que emprendió una caminata a
favor de los derechos humanos, fue condenado a tres años de prisión. No
es necesario promover la apertura democrática en Cuba, como hacían
Alexander Santos o Juan Luis Rodríguez Desdín, para dar con los huesos
en la cárcel después de juicios sumarios: basta con estar desempleado (a los disidentes se les echa del trabajo y luego se les encarcela por no tener empleo) o, simplemente, con buscarse algún ingreso al margen del Estado para intentar sobrevivir (el sueldo medio en Cuba no llega a los 15 euros al mes).
Arresto por la Policia Nacional Revolucionaria; delito "pensar diferente"
Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno son objeto de acusaciones penales extremadamente severas o de imputaciones “predelictivas”. Estas incluyen la disposición orwelliana sobre “peligrosidad”, que
puede aplicarse para sancionar a personas que aún no han cometido un
delito, cuando existan sospechas de que lo cometerán en el futuro,
así como la Ley de Protección Nacional, que es tan amplia que considera
que toda crítica contra el gobierno equivale a una colaboración con el
embargo de Estados Unidos y, por ende, debe ser considerada traición a
la patria.
Condiciones carcelarias inhumanas
Cuba no respeta normas internacionales básicas sobre el tratamiento de reclusos...en Cuba los presos que intentan ejercer sus derechos son severamente castigados.
Los presos políticos que critican al gobierno, documentan los abusos,
denuncian violaciones de derechos humanos o participan en cualquier
actividad considerada “contrarrevolucionaria” sufren consecuencias que perjudican su salud física y psicológica.
Alexander Santos Hernández: "Decían
que tenía que tener buen comportamiento—saludar a los militares,
vestirse de preso, salir a los actos políticos dentro de la prisión,
ir a clases [de] “re-educación”—[y que] esa visita [de
familiares] era como un bono, y requería de la firma del departamento
de reeducación. Entonces como no hacíamos ninguna de las otras cosas,
no nos permitían las visitas."