Madrid, 6 de enero/ Editorial El País/ Las autoridades cubanas denegaron la entrada en el país al eurodiputado español Luis Yáñez, quien se proponía realizar una visita privada a la isla en compañía de su esposa.

CARMEN HERMOSÍN Y LUÍS YÁÑEZ ( PSOE )

No es el único signo de que el régimen cubano no parece dispuesto siquiera a guardar las formas mientras se materializa la promesa del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de cambiar el rumbo de la política de la Unión Europea (UE) respecto a la isla aprovechando el semestre de presidencia española: desde noviembre, el Gobierno castrista ha aumentado su presión sobre uno de los pocos espacios emergentes de libertad, como es la blogosfera. Algunos autores de blogs han sido detenidos y otros acosados de manera infame por partidarios del régimen.

La actual política de la UE hacia Cuba, inspirada por el Gobierno del Partido Popular, se ha revelado ineficaz para alentar cambios democráticos en la isla, además de conducir las relaciones de los Veintisiete con La Habana a un callejón sin salida. Son razones más que suficientes para revisarla, sobre todo si se toma en consideración que se aproxima un momento decisivo para el futuro de la isla. Pero, al igual que ha ocurrido en otras áreas relevantes para la diplomacia española en las que los Ejecutivos populares alteraron de manera gratuita posiciones consolidadas, no toda forma de emprender esa necesaria revisión de la política de la UE es viable. A juzgar por los resultados, no lo es la que pretende llevar a cabo Moratinos.

Sus visitas oficiales a la isla no han servido por el momento más que para ofrecer al castrismo la ocasión de utilizar a los presos políticos como moneda de cambio ante la presión exterior: si ésta exige avances en la democratización y en el respeto a los derechos humanos, no hay liberación de presos. Y sólo la hay si la exigencia se reduce a mera cláusula formal o, incluso, desaparece. En el primer viaje oficial de Moratinos a La Habana, un miembro de su delegación pudo entrevistarse con la oposición; en el segundo no hubo ya ningún contacto, pero sí excarcelaciones.

Seguramente el lugar más inadecuado para adquirir el compromiso público de cambiar la política europea hacia Cuba sea La Habana, y eso es exactamente lo que ha hecho el Gobierno español. Es inadecuado, primero, porque concede al castrismo un amplio margen para provocar incidentes o recrudecer la represión, sabiendo que siempre podrá contabilizar como un nuevo agravio bilateral el hecho de que España se vea obligada a desdecirse de sus promesas con respecto a la Unión Europea.

Pero inadecuado, además, porque coloca a los socios europeos ante la tesitura de consentir que España se apunte como tanto bilateral en sus relaciones con Cuba un cambio de política que ellos tienen que avalar. Con el añadido de que si el cambio no se produce, el régimen castrista lo interpretará como una prueba del verdadero peso de España en la Unión.