Garzón apartó del Faisán a la Guardia Civil cuando los agentes implicaron a Moncloa 17-09-2011 | 601 La Benemérita aconsejó en un informe investigar las llamadas que hizo Presidencia el día del chivatazo. También alertaron sobre la posible inculpación de cargos del PSOE.

Rodrigo Gavilán. Madrid
El juez Baltasar Garzón, instructor del caso Faisán de julio de 2006 a mayo de 2010, apartó de la investigación del chivatazo a ETA a la Unidad Especial de Información nº 1 de la Guardia Civil cuando esta le emplazó a seguir indagando las llamadas mantenidas el día del soplo entre el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, Manuel Risco, un teléfono asignado a Presidencia del Gobierno y otro a cargo del PSOE.

Grande-Marlaska
El origen de los hechos se remonta a mayo de 2006. El día 9 de ese mes, cinco días después de producirse el chivatazo a ETA, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dictó un auto por el que ordenaba la apertura de dos investigaciones paralelas sobre el caso. En concreto, Marlaska quería “constituir sendos grupos de investigación, uno constituido por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía” y otro formado “por los miembros pertenecientes al Servicio de Información de la Dirección General de la Guardia Civil”.
Los primeros días de la investigación fueron frenéticos. Con la orden expresa de no informar a sus superiores, desde la calle Guzmán el Bueno de Madrid –donde está ubicada la sede de la Jefatura de Unidades Especiales de la Guardia Civil– se cursaron decenas de órdenes a las compañías telefónicas para que informaran de todas las llamadas producidas en las proximidades del Faisán durante la mañana del soplo a ETA. Además, se creó una base de datos en la que se registraron 2.095 contactos telefónicos, tanto salientes como entrantes, susceptibles de ser investigados. Los agentes de la Guardia Civil agruparon esas llamadas en conjuntos menores para su posterior estudio. El primer filtro dejó un registro total de 1.284 números a investigar.
Regreso de Garzón
Mientras se iban llevando a cabo esas pesquisas, Baltasar Garzón regresó a la Audiencia Nacional tras su excedencia de 16 meses en Estados Unidos y se puso al frente del caso. Fue el 3 de julio de 2006, casi dos meses después de producirse el chivatazo, cuando Garzón relevó definitivamente a Marlaska. Su primera decisión la tomó el 10 de julio, cuando exigió a la Policía y a la Guardia Civil que “antes de 5 días” le hicieran llegar un “resumen con todo” lo que hubieran recabado desde que Marlaska les ordenó investigar. Cuatro días después, llega a la sede de la Audiencia Nacional el informe número 28/2006 de la Unidad Central Especial nº 1 de la Guardia Civil, remitido por el coronel jefe Pablo Martín Alonso, donde el servicio de información refleja sus avances y no deja lugar a dudas sobre sus conclusiones. Dicho informe, al que ha tenido acceso en exclusiva LA GACETA y que se reproduce en esta página, ha permanecido cinco años oculto, bajo secreto de sumario.
Apuntan a Ferraz
El escrito remitido por la Benemérita a Garzón señala la pertinencia de seguir investigando las llamadas que, el día del chivatazo, intercambiaron el comisario Risco, el Palacio de La Moncloa y la sede socialista de Ferraz. La mañana del soplo, recoge el informe, “el jefe de la Unidad Territorial de Información de San Sebastián, Manuel Risco, se ausentó de una reunión de coordinación entre las unidades que iban a desarrollar la operación, hasta una hora después de haberse concretado”.
Esta ausencia tan notoria hizo que los agentes pusieran especial atención al tráfico de llamadas del móvil de Risco, que arrojó importantes conclusiones. “Realizada una investigación entre las llamadas emitidas y recibidas a través de su número de teléfono 62924XX32, se ha detectado una realizada al número 65040XX63 del cual es titular el PSOE, a las 10.01 del día en que se produjeron los hechos”. Los agentes de la Guardia Civil alertaron al juez también de “una llamada realizada” la tarde del soplo “a un teléfono móvil cuyo titular es Presidencia del Gobierno”. La Benemérita concluyó que “se está pendiente de la recepción de información complementaria”, instando al juez a seguir investigando.
Cuando el informe llegó a Garzón, la decisión del juez fue apartar a la Guardia Civil y dejar la responsabilidad de la investigación exclusivamente en las manos del entonces inspector jefe Carlos Germán, encargado de las pesquisas policiales.