En unos días tendremos elecciones para decidir el próximo gobierno de España. Ocurre en un momento especialmente difícil y complicado, en el que están en juego muchos derechos ciudadanos y el futuro de las políticas de bienestar que más afectan a nuestras familias, especialmente a aquellas que no tienen de todo y sí necesitan de la solidaria y justa redistribución de la riqueza para evitar que los que menos tienen y más necesitan puedan quedar excluidos en el camino y abandonados a su suerte. En este tiempo tan difícil y complicado, los socialistas hemos sabido estar desde el primer día comprometidos con la superación de una crisis brutal, cambiante y duradera, también con la defensa imperiosa de las prestaciones sociales y siempre poniendo por delante los intereses generales del país, para entendernos, adoptando difíciles y costosas medidas, sí, pero siempre manteniendo el nivel máximo de protección social, para evitar una situación de quiebra económica y social como ya tienen países como Grecia, Irlanda, Islandia o Portugal. Mucho ha cambiado en estos dos años, solamente una cosa ha permanecido todo este tiempo inalterable: el egoísmo electoralista del PP, la estrategia desleal e intencionada del no por el no absoluto como vía de desgaste al gobierno y poder ganar unas elecciones a lomos de la crisis de todos.

 

En esta campaña asumimos un compromiso claro, acercar la política a las personas y abrir el partido a los ciudadanos, un compromiso adquirido que se condensa en tres palabras -escuchar, hacer, explicar-. Un compromiso que pretende hacer una política más próxima a la gente y sus problemas. Porque nada está escrito y una encuesta no es un resultado electoral, nadie puede resignarse a que otros decidan por él, más sabiendo que lo que realmente está en juego no es el color de un gobierno o el nombre de un presidente, de lo que hablamos y tendremos que decidir es sobre lo que más importa, sobre la vida de nuestras familias y el futuro de este país.

 

Nadie duda ya de que los gobiernos autonómicos y municipales del PP están atacando lo más sagrado de nuestra democracia, los derechos ciudadanos y las políticas sociales, un ataque directo y sin precedentes a la educación y la sanidad públicas. Nunca la escuela pública fue tan maltratada y criticada como por estos gobernantes del PP. Aguirre ya nos ha dicho que la educación no tiene por qué ser obligatoria y gratuita siempre, Cospedal que las prestaciones por desempleo se tienen que revisar y Feijoo que los niños que no puedan pagar el comedor escolar no podrán comer en ellos. ¿Cuánto más durarán las mentiras del PP, por muy bien condimentadas y cacareadas las presenten sus medios de comunicación amigos? En Madrid pretenden ahorrar 80 millones de euros despidiendo a casi 3.000 profesores de la escuela pública, pero mantienen una desgravación fiscal a los padres que llevan a sus hijos a colegios privados por más de 100 millones de euros. En Galicia, renuncian al impuesto sobre el patrimonio de los que más tienen y para compensar suprimen la gratuidad de los libros, suben el comedor escolar y recortan maestros en los colegios. En Castilla suprimen profesores, y ayudas a los pensionistas pero se suben los complementos de altos cargos públicos. Mientras, el candidato Rajoy calla, no dice nada y si habla, depende, todo depende.... Un depende que de resultar ganador significará entregar todo el poder institucional a uno de los partidos más retrógrados de la derecha europea, a uno de los partidos políticos menos comprometidos con el interés general del país y más insolidario con las políticas y derechos sociales. Nos encontramos ante un ataque sin precedentes de la derecha española al Estado del Bienestar con la única intención de asfixiarlo y desmontarlo, porque si bien es cierto que en momentos de crisis las políticas de austeridad en el gasto son necesarias, no es menos verdad que nunca debería ser a costa de nuestra salud, dependencia, educación o atención social.

 

Todo está en juego el 20-N, continuar por la senda del compromiso social o acabar en un modelo de país donde la cantidad y calidad de los servicios educativos, sanitarios o sociales que recibimos dependan exclusivamente de la cuna que tuvimos o del tamaño de nuestra cartera. Miente quien intente convencernos de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Montoro hablaba claro cuando dijo que "no es el Estado quien debe garantizar el bienestar de los ciudadanos". Para que nos entendamos, vino a decir que cada cual que se arregle como pueda. De ganar esta derecha popularista el próximo 20-N asistiremos peligrosamente a la mayor concentración de poder político (central, autonómico y local), mediático (medios públicos e privados), económico y financiero y judicial, por cierto, donde todos vienen a ser de las mismas familias (recordando lo que Fraga nos decía, "de familias prominentes"). Corremos pues un riesgo innecesario y hasta el momento nunca visto en democracia, de consecuencias impredecibles para la ciudadanía y su bienestar, en un momento en el que nadie discute que tenemos graves problemas pero que solo encontrarán solución con mejor democracia y más bienestar, nunca a base de recortes sociales, restricciones políticas o vaguedades programáticas.

http://www.elcorreoweb.es/sevilla/134702/compromisos/frente/vaguedades

ESCUCHAR - HACER - EXPLICAR

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