El informe señala las negligencias en la operación de un almacén de la Secretaría de Finanzas del Estado de Sonora, en el que se inició la conflagración, así como en las inspecciones de seguridad que el IMSS y las autoridades de la ciudad de Hermosillo debieron haber llevado a cabo en la guardería. Pero no me queda claro que la responsabilidad deba subir hasta el Gobernador y el director general del IMSS. De hecho, si estos dos son responsables por la falta de supervisión en materia de Protección Civil en unos locales de los miles que estaban a su cargo, ¿por qué no ir más allá? ¿No sería también responsable el Presidente de la República por no asegurar que se llevaran a cabo las inspecciones adecuadas en una guardería subrogada por una institución del Estado mexicano?

Los magistrados señalan que hubo negligencias que hicieron que un simple accidente se convirtiera en una tragedia que costó la vida a 49 infantes y causó quemaduras profundas a decenas más. Entiendo también que tarde o temprano hay que poner un alto a la laxitud con que los funcionarios de todos los niveles han actuado en los temas de seguridad. Pero la verdad es que virtualmente todas las oficinas e instalaciones públicas del País cometen las mismas faltas de seguridad que generaron la tragedia de Hermosillo. Los propios tribunales del País, que directa o indirectamente dependen de la Suprema Corte, muestran también violaciones ostensibles a las más básicas reglas de seguridad. El problema no es que el Gobernador de Sonora y el ex director general del IMSS hayan sido especialmente negligentes en asegurar la seguridad de la guardería ABC, sino que esta negligencia es la regla en las instituciones públicas y privadas de todo el País.

Los magistrados investigadores apuntan que la legislación vigente ordena al IMSS ofrecer el servicio de guardería a los trabajadores o subrogarlo, pero solamente a guarderías establecidas por los patrones. La subrogación a terceros, dicen, no está contemplada en la ley. El problema es que si se cierran todas las guarderías subrogadas a terceros, alrededor de un cuarto de millón de niños se quedarían sin el servicio; y el Seguro Social, con las dificultades económicas que ya arrastra, no estaría en posición de reemplazarlas.

La presión política para castigar a los “peces gordos”, a Molinar y a Bours, se hará cada vez mayor. Pero éstos no son más responsables que cualquier otro funcionario de la generalizada falta de respeto a las normas de seguridad. Lo que tendríamos que hacer como nación es hacer cumplir las reglas que se violan de manera generalizada. Castigar a dos funcionarios sin generar una nueva cultura de la seguridad de nada serviría.