Pero la mendacidad de la CFE ocurre también en asuntos de mucha mayor importancia y gravedad. Ante la información publicada por el diario Reforma sobre presunta corrupción del ex director de Operaciones de aquel organismo público, Néstor Félix Moreno Díaz, la CFE pretendió autoexonerarse recordando que “por instrucciones de su Director General, desde el momento que tuvo conocimiento de las imputaciones contra servidores públicos de la empresa por la comisión de presuntos actos ilícitos, presentó ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública la denuncia correspondiente.

“El pasado 24 de noviembre de 2009, la CFE presentó ante el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia (UEIDSPAJ) la denuncia de hechos respectiva, que quedó registrada con el número de averiguación previa…”, etcétera.

Sólo que tales denuncia y averiguación se refieren a otro caso de corrupción y no al protagonizado por Moreno Díaz, que no ha sido denunciado por la CFE en términos semejantes a los utilizados el año pasado en el caso del soborno pagado a funcionarios de la “empresa de clase mundial” por la compañía suiza ABB Network Management. En cambio, lo solapó al menos desde que a mediados de agosto el diario texano The Houston Chronicle reveló el involucramiento de Moreno Díaz en este soborno, pagado por la empresa Azusa. El funcionario pidió licencia enseguida, “para favorecer las investigaciones”, mismas que no han comenzado (o de las que no se tiene noticia”, y se le permitió renunciar al cargo el 15 de septiembre. La PGR, por su parte, no solicitó en su contra el arraigo que prodiga en otros casos.

(Hagamos notar, de paso, las distintas velocidades a que circulan los diversos segmentos de la Procuraduría General. En el mismo noviembre del año pasado recibió la denuncia de la CFE y, en materia diferente localizó las grabaciones y la nómina que presumiblemente involucraban a los alcaldes y funcionarios michoacanos que fueron detenidos en mayo siguiente, al cabo de las averiguaciones respectivas. La referida al soborno a funcionarios de la CFE sigue todavía su curso, 10 meses después, sin que haya atisbos de resultados semejantes a los del “michoacanazo”).

Néstor Félix Moreno Díaz es un hombre afortunado. Lo es, presumiblemente, en el orden material, pues habría recibido un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de sólo 300 mil, y dinero que sumó 600 mil dólares, por otorgar contratos de arrendamiento de plantas de emergencia, sin licitación, a una empresa norteamericana con oficinas en Texas y California. Pero también es afortunado porque su conducta irregular, en la que la recepción de este soborno es culminación pero no pieza única, no le ha merecido nunca sanción alguna y sí ha obtenido, en cambio, ascensos constantes.

En 1998, cuando era coordinador de Transmisión y Transformación en la CFE fue inhabilitado para trabajar en el Gobierno federal durante 10 años, por haber despedido ilegalmente a un trabajador. Aparentemente por la amistad de su esposa con la de Leonardo Rodríguez Alcaine, entonces líder del sindicato con que contrata la CFE, Moreno Díaz eludió la sanción y después de un breve tiempo de ausencia volvió a la coordinación que desempeñaba. En mayo de 2000 fue involucrado con tres funcionarios más en un caso de corrupción; el préstamo de materiales por 16 millones de pesos a una empresa contratista. No le pasó nada. Como tampoco tuvo consecuencias el que, en enero de 2001 hiciera a la CFE adquirir equipos que nunca funcionaron. La empresa vendedora fue Sensa. Control digital, SA. “Incluso hubo sospechas de que, con apoyo de prestanombres, él era propietario de esa compañía. (Antonio Baranda, en Reforma, 1 de octubre). Una cosa es cierta: el 90% de los contratos que logra Sensa los concierta con la CFE.

Probablemente eran habladurías, chismorreo interno que nunca falta en una gran organización, aún antes de que se convirtiera en una empresa de clase mundial. Porque en sentido contrario a lo que indicarían las acusaciones, que constan documentalmente, Néstor Félix Moreno Díaz progresaba en la jerarquía administrativa: en 2001 pasó de coordinador a subdirector de Transmisión, Transformación y Control; en 2002 fue nombrado subdirector de generación; y en 2007 director de operaciones, puesto del que se despidió hace una quincena. Antes había sido nombrado en 1986, superintendente regional de Transmisión Norte; en 1990 gerente de Transmisión, y en 1994 ocupó la ya mencionada plaza de coordinador de Transmisión y Transformación.

Los cuantiosos premios que recibió Moreno Díaz por su trato con Azusa (distintos de los galardones recibidos por su desempeño, incluido el Premio Nacional de Calidad y Tecnología) aparecen en un proceso en curso en Los Ángeles, contra Enrique Faustino Aguilar Noriega y Ángela Gómez, marido y mujer, que intermediaron entre la empresa beneficiaria del contrato de arrendamiento de plantas, y Moreno Díaz y Arturo Hernández, director de Operación de la CFE antes de que Moreno Díaz ocupara ese cargo. Hernández, que como su sucesor hizo una larga carrera en CFE, está ahora jubilado.

A diferencia de la averiguación mexicana sobre el otro caso de corrupción que afecta a CFE, la Comisión de Intercambio y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha avanzado en la determinación de responsabilidades de ABB Ltd. El miércoles pasado un representante de ese consorcio sueco-suizo admitió que una de sus filiales en Texas pagó 1.9 millones de dólares a funcionarios del consorcio eléctrico mexicano a cambio de contratos por 81 millones de dólares. La cifra recibida ilegalmente quizá es mayor porque en una etapa temprana de la investigación se supo que las partes habían pactado el pago de 10% por cada contrato celebrado entre 1997 y 2004. De la averiguación de la autoridad bursátil norteamericana se desprende que los funcionarios involucrados eran miembros de la Subdirección de Transmisión (de que era titular en esos años Moreno Díaz, quien sin embargo no fue tocado).

Los sobornos se pagaban por medio de cheques y transferencias bancarias. Pero no todos se hacían directamente a los funcionarios de la CFE, sino a familiares suyos. Por ejemplo, se cubrió la colegiatura en una universidad norteamericana al hijo de uno de los involucrados. Las hijas de otro recibieron en su cuenta bancaria 12 cheques por nueve mil dólares cada uno. El yerno y la hija de uno más recibieron en una cuenta norteamericana casi 100 mil dólares. Y en el colmo de la exquisitez la empresa sobornante se hizo cargo de los costos de un crucero en el Mediterráneo de que gozaron dos directivos de la CFE y sus esposas. Hay que decir, para comprobar que la nuestra es una empresa de clase mundial, que la ABB pagó sobornos semejantes, si bien de cuantía menor, a empresas de Jordania e Iraq, cuando aún gobernaba este País Saddam Hussein.

El diputado priísta César Augusto Santiago propuso y logró en el Pleno de San Lázaro que se instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que examine el desempeño de la CFE en torno de esos dos asuntos, y la creación de una Comisión Especial Investigadora, de la Cámara, para el mismo efecto. Es deseable que el punto de acuerdo aprobado esta vez no siga la suerte del que propuso, y también consiguió que se acordara, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, el año pasado, ante la Comisión Permanente, en vísperas de que concluyera su periodo la LX Legislatura, sobre la corrupción prevaleciente en la CFE. No se refiere, porque no habían sido puestos al descubierto, los casos de Azusa y de ABB, pero su investigación al respecto podría ser utilizada con provecho por la PGR, si acaso le interesara.

Todo marchaba muy bien hasta la semana pasada en que surgió la información sobre un supuesto viaje que realizara el presidente municipal Ricardo Sheffield a la ciudad de Las Vegas, Nevada, en compañía y en el avión privado del magnate leonés Luis García dos meses después del inicio de la actual Administración Municipal; poco interesaría a la población el tan mencionado viaje de placer y recreo a “la ciudad del pecado” del Alcalde municipal, pero resulta que es precisamente el Sr. Luis García, quien de pronto y de manera sorprendente donara hace unos meses 25 hectáreas de terreno en el predio El Saucillo para la instalación del Campus de la UNAM, pero también no fue menos sorprendente el que la UNAM solicitara 60 hectáreas y no sólo las 25 donadas, por lo que fue menester comprarle al “benefactor espontáneo” otras 35 hectáreas de su gran reserva territorial personal, las cuales tendrían que cubrirse del patrimonio municipal; para ello el Municipio a través de la Tesorería ya había reservado diversos predios en puntos estratégicos de la ciudad para ser entregados al Sr. Luis García en permuta por las 35 hectáreas, situación que creó alarma y protestas por parte de los regidores de oposición, sobre todo por la erogación por parte del Municipio y la entrega de terrenos al parecer de un valor más alto en favor del “benefactor”.

En todo este episodio, independientemente de la existencia o no del mencionado viaje a Las Vegas Nevada, existen muchos puntos oscuros que no se han aclarado por el Presidente Municipal ni por la Secretaria del Ayuntamiento ni por el Tesorero Municipal ni por quien ejerza el liderazgo en el Ayuntamiento entre los síndicos y regidores del PAN, de tal manera que surgen una retahíla de cuestionamientos que paso a exponer:

1) ¿Quién buscó a quién para la donación precisamente de esos terrenos? ¿Luis García buscó a Sheffield y se los ofreció, o Sheffield pidió a Luis García le donara esos terrenos para la UNAM? a la fecha, no se ha aclarado como nació esa relación que tanto reclama Sánchez Castellanos, el líder Regidor del PRI.

2) La zona sur de nuestra ciudad era considerada como una reserva ecológica y recarga de acuíferos, por eso no se admitió el cambio de uso de suelo para desarrollos habitacionales; sin embargo, resulta que ahora se le dará un uso de suelo distinto, de servicios de alta intensidad que implicará un alto flujo de vehículos y personas, ¿la instalación de la UNAM en esta zona será una “cabeza de playa” para en un futuro cercano autorizar todo tipo de desarrollos en ella?

3) Aparte del gasto municipal en la compra de 35 hectáreas al señor Luis García, tendrán que aportarse 100 millones de pesos más para inversión en la infraestructura urbana adecuada en ese punto territorial, de donde surgen nuevas preguntas: ¿Sería la mejor alternativa para el Municipio adquirir esas tierras como el mejor lugar para el Campus de la UNAM? ¿No habría otros donadores potenciales en la localidad? ¿No existirán otras reservas de tierra en zonas urbanas mejor comunicadas, con equipamiento consolidado y en proceso de expansión, aunque tuvieran que comprarse?

Discúlpenme los amables lectores tanta ignorancia de mi parte en materia de reservas territoriales y negocios inmobiliarios en la ciudad, aunque conozco y en algunos casos hasta tengo amistades que se dedican en gran escala a la rama inmobiliaria y a detonar polos de desarrollo habitacional e industrial en nuestra localidad, desconozco sus políticas o criterios para seleccionar tal o cuál zona para sus proyectos; pero de lo que sí estoy seguro es que las administraciones municipales incurren cíclicamente en diversas maniobras poco convincentes cuando se trata de realizar permutas compensatorias con terrenos propiedad del Municipio o en subastas de terrenos del patrimonio municipal, la primera que se me viene a la mente por la cercanía y vecindad es el terreno donde se instaló la actual Torre Médica Sante, en avenida León, por el que tanto lucharon los colonos de Jardines del Moral por haber sido parte de una reserva jardinada y que no fueron oídos ni atendidos, precisamente por una permuta compensatoria para construir el complejo vial del Canal 11 por el Cerrito de Jerez.

Estudios en Ciencias Penales

Recibí el primer número de la revista “Estudios en Ciencias Penales” que me envió el maestro Mauricio Murillo de la Rosa, director del Instituto Estatal de Ciencias Penales de Guanajuato, la cual será el órgano de difusión oficial de esa Institución, muy recomendable la lectura del artículo a cargo de Ana Lucía Sabadell y Dimitri Dimoulis sobre el tema “Problemas Jurídicos y Políticos de la Criminalización del Aborto Voluntario”, señores abogados, no se lo pierdan.