Los golpistas tomaron al poder
en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía
incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por
los golpistas para derrocar al gobierno constitucional.
La Junta Militar llevó a cabo
una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras
instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de
poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.
El gobierno secuestró, torturó y ejecutó
clandestinamente
a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas
civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las
personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron
ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde
aviones militares.
La política económica del Proceso
de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles
que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y
estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de
reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar
la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo.
Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente
la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en la
décadas anteriores la misma no había superado el 10%.
El Proceso fue
gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un
representante de cada una de las fuerzas armadas:
Los miembros de las tres
primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como
consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también
creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas
para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron
condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron
enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se
dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes
de lesa humanidad.
En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso
y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos.
La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de
los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros
de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y
extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto
que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares
durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las
que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.
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