COAMO - Miles de pollos de la empresa Picú apiñados en ranchos calurosos, que no han visto un grano de alimento en días, tratan de sobrevivir comiéndose vivos unos a otros, mientras los avicultores pierden miles de dólares y tienen que sacar carretillas llenas de aves muertas todos los días.

Juan Pablo Ortiz, centro, dueño del negocio Don Pablo, dijo que aunque lleva 18 años vendiendo el pollo Picú, se cambió con la empresa Canto Alegre. Mientras tanto, los avicultores siguen registrando pérdidas al no poder alimentar a sus aves. participa en aaaxtremecollector

Las dificultades de la principal generadora de trabajos en este municipio también alcanzan a los 300 empleados de la empresa, a los vendedores de pollo asado, a los camioneros que transportan el alimento y a los que llevan los pollos hasta los ranchos, a los que fumigan esas instalaciones y a los que les venden gas a los avicultores, entre otros.

Félix Ramos López es uno de los avicultores que comenzó con Picú hace 26 años y ayer contó que todas las tardes saca cerca de 3,000 pollos muertos, mientras pierde cerca de $12,000. Ramos López miraba ayer con una mezcla de tristeza y coraje el triste proceso mediante el cual las aves persiguen hasta lograr arrancarle las plumas y la piel a un pollo vivo para luego hacerle un hueco hasta acceder a su interior para comerse las víceras.

"Esta es una situación insoportable. Tú sabes lo que es que yo ahora saco, por lo menos, 3,000 pollos muertos. Tú te deprimes cuando tú te metes a ese rancho y ves esos pollos muertos", declaró el avicultor, cuyas aves llevaban, hasta ayer, tres días sin comer.

Ramos López, quien dijo que el problema principal de Picú es el préstamo de $20 millones que según él malgastó la adminsitración pasada, aseguró que nunca había experimentado una situación similar y que estaría dispuesto a invertir en la empresa si hubiese un inversionista externo al grupo de los avicultores como parte del acuerdo.

POR SU parte, a Miguel González le quedaban, hasta ayer, unos 24,000 pollos vivos, que llevaban ocho días sin comer. Como tantos otros avicultores, González tiene una hipoteca con el Banco de Desarrollo Económico y emplea como ayudantes a sus dos hijos, Orlando y Heriberto.

"Cuando los Turpiales se fueron a quiebra me pasó igual. Aquella vez dejé de ganarme $20,000", señaló al referirse a los pasados dueños de Picú. González señaló que en un rancho donde tenía unas 10,000 aves se han muerto 5,000 y que, en una situación regular, ya habría entregado los que tiene vivos porque ya llevan entre 48 y 52 días de crianza.

Mientras, Jorge R. Sáez Vega, que llegó a ganarse $70,000 al año como avicultor, ahora trabaja en un gimnasio y espera a que le den aves para criar para poder pagar los más de $64,000 que debe en préstamos. Sáez Vega quedó fuera de Picú hace dos años cuando esa empresa disminuyó el número de avicultores.

Otro de los afectados por la crisis de Picú es Juan Pablo Ortiz, dueño del negocio de pollo asado Don Pablo, que vende 1,300 pollos en los cuatro días que opera el local. El comerciante contó a El Nuevo Día que aunque lleva 18 años vendiendo el pollo Picú, ayer se cambió definitivamente con la empresa Canto Alegre.

"Ayer (el lunes) encargué 45 cajas y me dijeron que sí, y cuando voy hoy (ayer) por la mañana me encuentro con la sorpresa de que la compañía estaba cerrada. Eso me afecta, no sólo a mí, afecta a todos los comerciantes de pollo", que son como 20, afirmó Ortiz.

"Yo veía que esto venía por los comentarios en la misma fábrica de cheques sin fondos. Eso no se veía cuando estaba don Toño (Alvarez)", lamentó el comerciante al referirse al fundador de la empresa avícola.

De hecho, varios empleados de la tiendita Picú, ubicada frente a la procesadora de la empresa, se lamentaban ayer de no saber qué pasará con sus empleos y mostraron cheques que no han podido cambiar desde la semana pasada.

Los cheques sin fondo también fueron la señal que vio Arturo Norat, dueño de Viktor Pollo, para comenzar a comprar parte de la mercancía que necesitaba en Canto Alegre. El comerciante, que tiene un negocio en Coamo y otro en Santa Isabel, afirmó que vende cerca de 40 cajas ó 1,500 pollos a la semana.

"Lo que hicimos fue que le compramos una cantidad a Picú y una cantidad a Canto Alegre porque ya veíamos lo que pasaba", contó Norat, quien lleva 10 años en el negocio.

"Mi papá fue avicultor y trabajaba allí y nos sentimos bien comprometidos con la empresa Picú porque son empleos. Si vuelven a abrir, estaremos en la mejor disposición de sentarnos a negociar con ellos", aseguró Norat.

Así lo reveló la más reciente auditoría de la Oficina del Contralor publicada sobre el tema, donde se señala que Agricultura, a través de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario (ASDA), le entregó cuatro pagos de $500,000 a la empresa privada que administraba Picú como adelanto de unos contratos que tenían para distribuir pollo en los comedores de las escuelas públicas del país. Los desembolsos de contrato, que estaría vigente hasta junio de 2003, fueron hechos entre el 5 de agosto y el 2 de septiembre de 2002; posteriormente la empresa volvió a facturar a ASDA $5.9 millones por todas sus entregas de pollos sin descontar el adelanto. ASDA pagó.

EN JUNIO de 2001 el Gobierno de Puerto Rico ya había adquirido, a través de la Autoridad de Tierras, el 13% de las acciones de la empresa para ayudarle a superar la crisis económica que enfrentaba, pero como condición requirió que un representante de Agricultura ocupara un puesto en su junta de directores para velar por la inversión.

En octubre se aprobó el nombramiento de dicho funcionario, designado por el entonces secretario de Agricultura Fernando Toledo. Al presente Toledo está acusado de fraude en la concesión de préstamos agrícolas relacionados al huracán Georges previo a su gestión de gobierno.

Luego el funcionario fue nombrado por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Agrícola de la Autoridad de Tierras (FIDA) y posteriormente fue designado gerente de Picú.

PARA LA época en que se otorgó el contrato de los comedores escolares y se dieron los $2 millones en adelantos a Picú, este funcionario era simultáneamente director ejecutivo FIDA, representante del gobierno en la Junta de Picú, y gerente general de la empresa. Por esto último recibiría un salario de $90,000 con beneficios a ser pagados por la Autoridad de Tierras y reembolsados por Picú. La compañía tampoco reembolsó este dinero, según el informe del Contralor.

Todo esto con el aval de los mandatarios de las dos agencias en cuestión.

Aunque el Contralor no identifica al funcionario , era de conocimiento público en la época que se trataba de Antonio Álvarez, hijo del fenecido fundador de la empresa que llevaba el mismo nombre, quien además exacerbó la crisis que atravesaba la compañía. Eventualmente fue expulsado del puesto por la Junta de Directores. "Entendemos que el funcionario en su función dual incurrió en posibles conflictos de intereses con relación al contrato otorgado por ASDA a la empresa privada en agosto de 2002 y con los adelantos de $2 millones que le fueron realizados a ésta", sostienen en el informe los auditores.

LOS HALLAZGOS fueron referidos a la Secretaria de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental y el Contralor recomendó al actual secretario de Agricultura, Luis Rivero Cubano, gestionar la devolución de los citados $2 millones por parte del Grupo Turpial, compañía que en ese entonces era dueña de Picú.