Plan-Protocolo: un mal tándem para el Júcar, L’Albufera y La Ribera

Graciela Ferrer 28 MAR 2014 - 16:59 CET

Tal como alertamos desde Xúquer Viu durante los últimos meses, la redacción definitiva del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, conocida a mediados de marzo, deja la puerta abierta de par en par a una segunda toma de aguas por trasvase Júcar-Vinalopó, aguas arriba del Azud de la Marquesa, para facilitar a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y el Consorcio de la Marina Baja la especulación con el agua del Júcar. El protocolo de colaboración firmado recientemente por la Generalitat y el ministerio muestra que apuestan por contentar al lobby del agua alicantino frente la necesidad de garantizar la recuperación del Júcar y el desarrollo de La Ribera.

En primer lugar, el plan de cuenca, aprobado por el Consejo Nacional del Agua el 26 de marzo, habla de "recursos excedentes" que se determinarán con posterioridad a la aprobación del plan, pero incluye como tales todos los ahorros de agua generados por la modernización de los regadíos de La Ribera. En segundo lugar, establece que se destinarán como mínimo 12 hm3/año de recursos hídricos no regulados de los afluentes del Júcar aguas abajo de Tous al trasvase. En tercer lugar, el destino de las aguas trasvasadas es paliar la sobreexplotación de los acuíferos y el déficit de abastecimiento del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja. Con estos antecedentes resulta evidente que se deja el terreno preparado para el planteamiento de una segunda toma de aguas del trasvase en Antella o en Cortes de Pallás, ya que el principal interés de la Junta Central del Vinalopó siempre ha estado en que se trasvasara agua para el abastecimiento de población, de modo que los usuarios domésticos subvencionan el coste del agua a los regantes y se facilite, de paso, la recalificación de terrenos de cara a un nuevo ciclo de especulación urbanística en los próximos años.

La indefinición en el plan de lo que se entiende por "recursos excedentes" les permite negociar de tapadillo con la Generalitat y la Confederación máximas garantías de disponibilidad de agua, y no necesariamente al final del río, en el Azud de la Marquesa. Esos excedentes se pueden definir en cualquier punto del sistema de regulación del río Júcar y compensarlos aguas abajo por recursos no regulados que utilizarían los regantes de La Ribera, que tienen sus tomas de agua en la cuenca baja del río. Los grandes perdedores -como siempre- serán el río y los ciudadanos ribereños que continuaremos asumiendo mayor deterioro ambiental y vulnerabilidad ante las sequías.

El hecho de destinar "los ahorros generados por la modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera" directamente a garantizar agua para el trasvase implica que se reducirán aún más las aportaciones de agua del Júcar que todavía recibe L'Albufera de Valencia. Como es sabido, este lago se ha alimentado históricamente de agua dulce proveniente de los retornos de riego de los regadíos tradicionales de La Ribera, principalmente, de los de la Acequia Real, principal área de implantación de la modernización del regadío. Una parte sustancial del incremento de eficiencia en el riego proviene de reducir significativamente los retornos de riego, lo que ha dado lugar a mermas acusadas de entradas de agua lago de L'Albufera que se agudizarán en el futuro. Por tanto, una parte de esos ahorros, tan cacareados por las Administraciones para justificar las inversiones públicas en dichos proyectos, en realidad son caudales con funciones ambientales, que se deberían continuar aportando en cualquier caso si se quiere cumplir con la legislación vigente (europea y estatal) para evitar el deterioro adicional de este ecosistema protegido. Pero la redacción aprobada de la normativa del plan de vuenca que entrará en vigor de forma inminente no garantiza dichas aportaciones, pues no define ni el origen ni la calidad del caudal ecológico establecido por el lago, sino que reserva íntegramente los volúmenes de agua liberados por la modernización de los regadíos de La Ribera para enviarlos al Vinalopó.

Además, recuperar la redacción hecha por el plan de cuenca de 1998 respecto del destino de las aguas trasvasadas a través de la conducción Júcar-Vinalopó implica que se quieren colgar del Júcar nuevas demandas de abastecimiento a población que, como es sabido, tienen prioridad máxima y, por lo tanto, requieren la máxima garantía de suministro. Ello implica que, en la práctica, la gestión de la cuenca cedente deberá garantizar la satisfacción de esas demandas por delante de los regadíos tradicionales del Júcar, e incluso, por delante de los caudales ecológicos del río en situaciones de sequía. Al mismo tiempo, se niega una concesión directa de agua del río a los ayuntamientos de la Ribera del Júcar afectados por la contaminación de las aguas subterráneas con nitratos y pesticidas, y se les obliga a comprar el agua del Júcar a los regantes.

Conviene recordar también que la sentencia firme del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 ya anuló los artículos del plan de cuenca de 1998 referidos al trasvase, pues al incluir como destinos del mismo al Vinalopó -cuenca intercomunitaria- junto con L’Alacantí y la Marina Baja -cuencas internas valencianas- esta infraestructura debería haberse planteado en el marco del Plan Hidrológico Nacional. La razón para ello es que la Generalitat ostenta competencias exclusivas sobre las cuencas internas valencianas -aunque se resiste a practicarlas- , y el Estado no tiene competencias para planificar los usos del agua o las infraestructuras hidráulicas en ellas, pues ya son competencia de otra Administración. Así, el planteamiento del trasvase en el nuevo plan vuelve a incumplir esa sentencia.

A pesar de estos hechos plasmados en la normativa del plan, la presidenta Confederación Hidrográfica del Júcar, durante el último Consejo de Agua de la Demarcación que dio el visto bueno al plan -con la oposición de las organizaciones ecologistas, entre otros-, se afanaba en decir que no hay ningún tipo de segunda toma de aguas prevista en el plan y que la construcción de esa infraestructura no se contemplaba en su programa de medidas. Ni falta que hacía. Basta dejar la puerta abierta para concretarlo en el próximo ciclo de planificación para el período 2015 hasta 2021, cuya elaboración ya está en marcha.

Con total opacidad y haciendo un claro menosprecio de los mecanismos de participación pública y transparencia y del mínimo respeto exigible, el ministro Arias Cañete y el consejero Ciscar firmaron días después un protocolo que pone negro sobre blanco las intenciones de las dos Administraciones en relación con el trasvase Júcar-Vinalopó, de espaldas a la participación pública que exige la Directiva Marco del Agua en relación con la elaboración de la política del agua.

Así, ambas Administraciones consideran que la toma del Azud de la Marquesa no es más que una "solución provisional" y proponen estudiar esta interconexión "considerando las infraestructuras existentes, planteadas o que pudieran plantearse". Es decir, se está abriendo la puerta clarísimamente a una segunda toma de aguas que pudiera incluirse en la revisión de este plan de cuenca, que ya está iniciada y que culminará –previsiblemente- en 2015.

Por otra parte, en el protocolo se hace referencia a la posibilidad de reactivar las actuaciones contempladas en el convenio entre los usuarios de la conducción Júcar-Vinalopó y Aguas del Júcar, SA, de fecha 13 de julio de 2001, es decir, el trasvase desde Cortes de Pallás. Y, además, este protocolo plantea darle a la Junta Central del Vinalopó la capacidad de proponer el régimen de trasvases y la gestión técnica y económica de la distribución de caudales que llegan a la balsa de San Diego, de manera que tendrían las manos libres para especular con el agua del Júcar.

Cabe recordar que el citado convenio -que fundamenta estatutariamente la constitución de esa Junta Central- fue anulado por acuerdo de 29 de julio de 2005 del consejo de administración de Aguas del Júcar, SA ante su incumplimiento por parte de los futuros usuarios del trasvase al no pagar la parte correspondiente de las inversiones (75 millones de euros) por la construcción de la conducción desde Cortes, desde el inicio de las obras en 2003. Resulta dudoso, al menos, que jurídicamente esta organización pueda ostentar las atribuciones legales y desarrollar funciones de gestión en calidad de usuarios de esta infraestructura, cuando el convenio que les daba ese carácter hace casi 10 años que se anuló y, por tanto, ha desaparecido el hecho que fundamenta su constitución tal como se recogía en sus estatutos.

Conforme se ha planteado el trasvase Júcar-Vinalopó en el nuevo plan de cuenca y en combinación con el citado protocolo, tanto el ministerio como la Generalitat han reabierto el conflicto en torno a dicho trasvase y hacen evidente la amenaza sobre el río de una segunda toma de aguas, frente a la que ya nos hemos expresado reiteradamente contrarios desde Xúquer Viu, multitud de Ayuntamientos, los regantes de La Ribera y el conjunto de la sociedad ribereña.

Este tándem plan-protocolo pone de manifiesto el desprecio de las autoridades competentes por la recuperación de nuestro río y por los intereses legítimos de los ribereños, al tiempo que abunda en la dinámica perversa de intentar comprar votos con promesas de “traída de aguas” que luego se demuestra que solo se sostienen en el papel.

Graciela Ferrer es secretaria de Xúquer Viu