La Ley de Pago Soberano entra hoy en vigor luego que la presidenta Cristina Fernández la promulgó anoche como un instrumento para resguardar al país y sus acreedores de los ataques especulativos de los fondos buitre.
Lo hizo en un acto en el que puso en marcha un plan de impulso al consumo, y en el que dijo que Argentina vive en la actualidad una “situación exactamente inversa” a 2001, cuando se declaró la cesación de pago (default).
Al anunciar su promulgación, la mandataria explicó que la nueva norma permite a los tenedores de bonos poder cobrarlos de manera voluntaria en Buenos Aires -o en Francia.
Así se evita que “vuelva a suceder lo mismo que con esos 539 millones de dólares que no están embargados, ni transferidos, ni nada. Están en el limbo, porque nadie puede definir jurídicamente en calidad de que se están reteniendo”, a raíz del fallo del juez Thomas Griesa.
Insistió en calificar de absurda y sinrazón la sentencia de ese magistrado, al tiempo que consideró histórica la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de generar un marco jurídico para proteger los procesos de reestructuración de deudas soberanas en el mundo.
A partir del caso argentino, la ONU decidió crear un reglamento internacional en materia de reestructuración “para que nunca más le vuelva a ocurrir a ningún país lo que hoy le está ocurriendo a Argentina” con los fondos buitre, afirmó la jefa de Estado.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, afirmó también la víspera que no van a permitir que el juez Griesa derrumbe el sueño de los que apuestan al trabajo, de los que tienen esperanzas y se levantan cada día a dar lo mejor para el crecimiento de Argentina.
El dirigente legislativo se refirió a la Ley de Pago Soberano al clausurar la V Convención de Cooperativas Agroalimentarias, celebrada en la ciudad cordobesa de Villa Giardino.
“Con la sanción de la Ley de Pago Soberano, Argentina vuelve a decirle al mundo que quiere y está en condiciones de afrontar sus compromisos y que defiende al 93 por ciento de los acreedores que entraron a los canjes de 2005 y 2010.
Afirmó que la voluntad del Gobierno es que las próximas generaciones reciban un país desendeudado, con capacidad de desarrollo y donde estén vivas las ilusiones del pueblo.
La normativa, considerada el proyecto más trascendental del año legislativo, retira de Nueva York la jurisdicción para el pago de la deuda y la establece en Buenos Aires a través del Banco Central.
Abre también la posibilidad de que los acreedores puedan cobrar también en Francia, al tiempo que invita al restante 7 por ciento de los bonistas que no participaron en la reestructuración del 2005 y 2010 a que lo hagan ahora.
Igualmente, establece una comisión bicameral para examinar los orígenes y evolución del endeudamiento argentino.
TeleSur
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