La decisión del juez Claudio Bonadio de llamar a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández, a su ministro de Economía, Axel Kicillof, y al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, despertó una fuerte reacción del kirchnerismo, que salió a cuestionar la medida e incluso algunos sectores lanzaron una convocatoria a los Tribunales para el día de la citación, el 13 de abril. “Bonadio funciona como un ariete judicial del antikirchnerismo”, sentenció el diputado del Parlasur, Agustín Rossi. “Es lamentable que la embestida macrista contra Cristina haya penetrado en un juzgado federal. Es una clara persecución política”, agregó la diputada nacional del FpV, Diana Conti. En una línea similar se expresaron otros dirigentes como el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, la diputada Nilda Garré, Martín Sabbatella o Aníbal Ibarra. La agrupación La Cámpora hizo propias las palabras de Kicillof y envió un mensaje a través de las redes sociales: “Si la tocan a Cristina...”.

La oportunidad, el contenido de la resolución, las consecuencias políticas y mediáticas, todo fue materia de cuestionamiento por parte de distintos dirigentes del Frente para la Victoria. Si bien la respuesta política corrió en gran medida por cuenta del propio ex ministro de Economía, la agrupación conducida por Máximo Kirchner hizo una advertencia: “Si la tocan a Cristina...”. Desde Nuevo Encuentro, Sabbatella directamente convocó a una manifestación frente al palacio de Tribunales: “Si la citan a Ella. Nos citan a todos. El 13/4 vamos a Tribunales”.

El ex ministro de Defensa y ex titular de la bancada oficialista en Diputados puso el énfasis en el origen de la causa: una denuncia de dos importantes dirigentes del oficialismo, el jefe del bloque radical, Mario Negri y el actual presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo. Además, remarcó que se tomó como base un informe del actual ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. “Está claro que Cambiemos está detrás de esto”, remató Rossi, quien señaló la “enemistad manifiesta y la animadversíon” del juez hacia el kirchnerismo y la ex presidenta, a punto tal que la ex mandataria ni siquiera estaba acusada en la presentación de Negri y Pinedo.

Para el senador Juan Manuel Abal Medina “es un disparate presentar una herramienta de manejo de política cambiaria usado por todos los bancos centrales del mundo como un delito y mucho más querer involucrar a la presidenta de la Nación en eso”. “La decisión del gobierno fue trabajar para que el dolar no se devaluara como ocurrió con Macri, con las consecuencias que estamos sufriendo todos los argentinos”, completó el legislador nacional. En la misma línea Rossi recordó que si Prat-Gay hubiera querido evitar un perjuicio para el Banco Central, lo podía haber evitado si no devaluaba la moneda. De todas formas, el dirigente santafesino aclaró que tampoco se trató de un perjuicio porque el BCRA posee activos en dólares que superan las supuestas pérdidas por la operatoria en el mercado de dolar futuro.

“Es un regalo con moño para Macri. Tanto por su viaje al Papa, como en la apertura de sesiones al Congreso”, consideró Conti, ex integrante del Consejo de la Magistratura. La diputada sostuvo que la decisión del magistrado “sirve para distraer la atención y no hablar de los desaciertos de este joven gobierno”. Por otro lado, remarcó que Bonadio primero anticipó su resolución en una entrevista al Grupo Clarín y que lo hace con varios meses de anticipación, ya que la primera de las citaciones es recién para el 28 de marzo, siendo la última la de CFK, para el 13 de abril. También recordaron que días atrás, Jorge Lanata sostuvo que la presidenta debe estar presa, y Bonadio salió ayer en su programa de radio antes de difundir la resolución. En la misma línea se pronunció Nilda Garré: “Lo de Bonadio es una absurda e injusta citación con fines persecutorios”, aseguró vía Twitter.

Tanto Sabbatella como la legisladora porteña Gabriela Cerruti difundieron la convocatoria a Comodoro Py para el 13 de abril, en defensa de la ex mandataria. Por su parte, el ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, señaló que “mientras sobreseen de todas las causas a Macri, el pistolero y juez de la servilleta Bonadio cita a indagatoria a CFK. Así estamos”. Luis D’Elía fue más directo: “Si CFK cae presa a instancia de la ‘Justicia Macrista’ habrá un nuevo 17 de octubre, haremos tronar el escarmiento”.

La inflación, el fracaso del Indec, la deuda externa, precios, salarios, paritarias e Impuesto a las Ganancias han ocupado la preocupación de la gente. En el campo de batalla mediática son más las noticias malas para el Gobierno que las buenas a pesar de que el 90 por ciento de la artillería es del oficialismo. Llega en su socorro la caballería judicial y un cambio de estrategia. Ya que las noticias propias son malas, busquemos enchastrar al adversario. Dos conocidos alfiles anti K de los tribunales salieron en socorro del gobierno macrista para distraer el foco de atención y socavar la imagen de la ex presidenta Cristina Kirchner. Es ahora o nunca. Si la imagen de la ex presidenta se mantiene, cada momento que pase será más difícil bajarla.

Con el propósito de enfocar las sospechas sobre el anterior gobierno, el fiscal Ricardo Sáenz dictaminó “sin ninguna duda” que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado. El fiscal no basó su dictamen en ninguna investigación propia. Simplemente se hizo cargo de los argumentos de las querellas, que han sido descartados por la gran mayoría de los peritos. Pero Sáenz es un viejo enemigo de Cristina Kirchner y hubiera sido el Procurador de la Nación del macrismo si lograban expulsar a Alejandra Gils Carbó.

Detrás suyo apareció el polémico juez Claudio Bonadio –un magistrado con record de pedidos de juicio político en la Magistratura– para citar a indagatoria a la ex presidenta por las operaciones con dólar a futuro, una causa puramente mediática. Lo que importa es distraer la atención de los sablazos al bolsillo de la gente, para insistir con una táctica que fue fructífera cuando el macrismo estaba en la oposición. Pero el impacto en la billetera no se disipa con una cortina de humo con protagonistas que han pasado a segundo plano.

El Gobierno necesitaba cambiar el eje y estos funcionarios judiciales fueron funcionales. Había pasado una semana intensa. En dos meses de gestión el macrismo se ganó el primer paro nacional de estatales contra sus políticas, acompañado por una masiva concentración en la Plaza de Mayo. Y al mismo tiempo pudo evitar el paro docente pero contraviniendo su propia estrategia al concederles casi un 40 por ciento de aumento. Ha podido operar sobre el massismo para que lo acompañe en el Congreso, pero el quiebre en el Frente para la Victoria fue mínimo, mucho menos de lo que se esperaban y en términos más expectantes que rupturistas.

Es el momento de mayor fuerza para el gobierno y de más debilidad para el FpV que fue derrotado en las urnas. Sin embargo el rédito ha sido pobre. Es la desgracia de haber ganado por muy poca diferencia. La presión centrífuga en el seno del FPV es menor que la sensación de que las políticas oficiales están desatando una tormenta económica y social impredecible. Si el horizonte fuera de fortalecimiento del gobierno a partir de la gestión y el manejo del aparato estatal, es probable que la ruptura del FPV hubiera sido inevitable y bastante más grande que las diferencias que se discutieron en el congreso del PJ de esta semana. El peronismo tendrá muchos defectos, pero sabe que la gestión puede ampliar el poder político y, por lo tanto, es un buen termómetro de ese fenómeno. Si no hubo división y la gran mayoría se quedaron adentro, es porque afuera huelen a tormenta. El sector más duro quiere una oposición activa pero el ala más moderada quiere evitar que les achaquen responsabilidad sobre cualquier fracaso de las políticas oficiales. Las dos posiciones coexisten junto con las necesidades de intendentes y gobernadores. La fotografía actual del PJ, tras una derrota reciente, es más o menos igual a la previa de ese traspié, lo cual es ganancia para un peronismo que puede ser volátil. La Cámpora cedió terreno en forma voluntaria y gobernadores como José Luis Gioja o jefes territoriales como Jorge Capitanich ocuparon el centro. Hubo reacomodos pero sin sangrías.

El paro de los estatales el miércoles es indicativo de la situación social. Muchas veces no se trata del motivo, si existe o no, sino de la circunstancia: si el contexto o la situación política soportan una medida de fuerza. Y normalmente los dos primeros meses de un gobierno constituyen un tiempo desfavorable. Pero esta vez fue una medida con muy poco rechazo, se produjo dentro de la lógica que se está desarrollando en el país. Ese “no” al rechazo que podría haber generado en otro momento, da una medida de los espacios que va cediendo el Gobierno.

No pudo explicar los despidos masivos alegando ñoquis o militantes. No pudo mostrar un solo caso. El hecho más vergonzoso quizás sea el del ministro encargado de los despidos, el ministro de “Modernización del Estado” Andrés Ibarra, que anuncia que va a revisar contratos y concursos para justificar los despidos. Pero su esposa, la militante del PRO Carla Piccolomini, que ha tenido cargos de bajo rango en la CABA, fue catapultada a una gerencia de Radio y Televisión Argentina (RTA) con un sueldo de 90 mil pesos, sin realizar ningún concurso. Para completar la imagen de arbitrariedad por los miles de despidos que está decidiendo Ibarra, en los círculos internos de la empresa paraestatal se asegura que Ibarra llegó a presionar incluso a Hernán Lombardi para lograr el nombramiento de su esposa.

Para desprestigiar al gobierno anterior y justificar despidos en estas áreas, se han construido mitos sobre Tecnópolis y el Centro Cultural Kirchner como obras faraónicas sin sentido, igual que el Museo del Bicentenario. Se escribieron editoriales en La Nación y se organizaron visitas de periodistas de Clarín para mostrar goteras y cables pelados. Según la administración, en estas obras todo fue despilfarro, corrupción y demagogia. Dijeron horrorizados que los 500 trabajadores del Centro Kirchner habían sido designados dos meses antes del fin del gobierno, o sea cuando empezó a funcionar.

Sin embargo, el presidente de Francia François Hollande pidió visitar el centro Kirchner, la cena en su honor se organizó en el Museo del Bicentenario y uno de los tratados que firmó el presidente francés fue de intercambio entre Tecnópolis y su similar de París. El presidente Mauricio Macri se lució ante su par francés con las obras realizadas por el gobierno kirchnerista y que su gestión denigra.

En un informe del año pasado el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Empleo (Cippec), muchos de cuyos integrantes forman parte ahora del gobierno de Macri, señalaba que el 17 por ciento de la población activa trabaja en el Estado. De esa cantidad la mayoría corresponde a los gobiernos provinciales y municipales y sólo una pequeña fracción a la estructura nacional. Desde Canadá hasta la mayoría de los países desarrollados de la OCDE tienen ese índice por arriba del de Argentina. O sea que esos países tienen, en proporción, más empleados públicos que Argentina.

El empleo público no es un problema como lo presentó demagógicamente el macrismo y su coro de prensa oficialista. La diferencia que está planteando la supuesta “modernización” macrista está en el rol del Estado que proponen. Según ellos están despidiendo ñoquis a los que ya están reemplazando por sus esposas y parientes o militantes del PRO. Pero no han podido presentar un solo caso de ñoquis hasta ahora, aunque sí están metiendo a sus parientes y militantes mientras Macri dice, suelto de cuerpo, que “el Estado no tiene que financiar la militancia”.

Lo que sí están haciendo es desactivar los programas sociales de inclusión, los programas de salud pública y ambiental y los programas de derechos humanos o desmantelando aquellos organismos encargados del control de precios o de la vigilancia de delitos financieros que involucran a bancos y grandes empresas, muchas de las cuales tienen sus representantes en el gobierno.

La consigna: “modernización del Estado”, que sirve para justificar este verdadero linchamiento público de miles de trabajadores que se quedan en la calle, no es modernización, sino retroceso a un Estado controlado por las grandes empresas, una estructura que se retira del rol de inclusión, de equilibrar desigualdades o de resguardo de los más débiles para convertirse en una herramienta de las grandes corporaciones que están representadas en esta gestión. También se trata de un Estado presente, pero esta vez para consolidar desigualdades. Sería un contrasentido que un Estado que incorporó a sus niveles de dirección a los altos ejecutivos de las corporaciones más poderosas se preocupara por la desigualdad. Si esta afirmación fuera pura construcción teórica o abstracta, cualquiera diría que es esquemática. Pero solamente es una descripción de los hechos. Cuando la realidad se propone ser esquemática supera incluso a los ideologismos esquemáticos.