El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni denunció que en el país hay un “Estado con impronta totalitaria” y advirtió que desapareció la “imparcialidad en amplios sectores del Poder Judicial”. Al referirse a la renuncia de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, a los casos de “presos políticos” como Milagro Sala y a la “regresión” de la Corte por muchos de sus fallos, alertó que “nos estamos acercando cada vez más a un Estado policía, en el que todos estamos sometidos a la voluntad arbitraria del que manda”. 

Zaffaroni manifestó que a Gils Carbó la sacaron del cargo “mediante un procedimiento mafioso” y que ella decidió renunciar porque ella fue “víctima de un hostigamiento permanente”. En ese sentido, detalló que sobre ella recayeron “falsas denuncias”, “amenazas insólitas” como que puede ser removida por decreto sin necesidad de un juicio político y “un proyecto de ley que amenazaba con terminar directamente con la autonomía judicial del Ministerio Público”. 

El ex juez de la corte aclaró que Gils Carbó renunció por todos estos episodios, pero sobre todo, “para evitar el desmantelamiento del ministerio”. “En este caso no va a ser importante saber a quién se investiga porque el próximo ministerio va a decidir a quien no se investiga”, advirtió Zaffaroni en diálogo con Radio Cooperativa, al enumerar las denuncias por “las cuentas offshore que salen a relucir” y “la tentativa de autoimpunidad por la quiebra del Correo Argentino”. 

En otro pasaje de la entrevista, se refirió a la reforma judicial anunciada ayer por el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner y opinó que representa “la frutilla de un postre envenenado” porque hace un tiempo que hay un sector del Poder Judicial que “se presta a un revanchismo que no tiene precedentes desde 1955 hasta la fecha”. 

“Tenemos presos políticos sin que la Corte Suprema haga nada, el asesinato de Santiago Maldonado se sigue encubriendo, se amenaza con revisar sentencias definitivas por crímenes de lesa humanidad, se persigue a los jueces díscolos, se reclaman descaradamente jueces propios, cosa que jamás había dicho ningún ejecutivo”, puntualizó Zaffaroni. 

Luego se refirió concretamente al caso de Julio De Vido, a quien le quitaron los fueros para poder detenerlo el miércoles pasado en medio de un show mediático inigualable frente a su departamento. Destacó que tanto De Vido como Milagro Sala “son presos políticos, que sufrieron detenciones arbitrarias y selectivas”.  “Si De Vido incurrió en algún delito hay que investigarlo, se lo absolverá o se lo condenará pero mantener a una persona en prisión preventiva con el argumento de que puede dificultar la investigación es una excusa”, detalló. 

El presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, asumirá la conducción del Ministerio de Agroindustria. El empresario ganadero desplazó a Ricardo Buryaile que será designado como embajador argentino ante la Unión Europea. Dirigente patronal entrerriano y militante del PRO, Etchevehere ambicionaba con ocupar su flamante cargo en diciembre de 2015. Tenía el visto bueno del presidente Mauricio Macri pero su nombre no generaba los consensos necesarios entre las grandes empresas exportadoras cerealeras. Las resistencias persisten incluso en el seno de las otras entidades agropecuarias pero la Casa Rosada tomó la decisión de avanzar con su designación. El nuevo funcionario es investigado por presuntas maniobras de administración fraudulenta, evasión tributaria y violación de la ley penal cambiaria. La demanda la impulsó su hermana Dolores. Etchevehere fue elegido en tres oportunidades para encabezar la SRA y hace seis años lo denunciaron por reducción a la servidumbre de dos trabajadores rurales que se desempeñaban en uno de los campos de su familia (ver aparte).

La Secretaría de Agricultura volvió a ser un ministerio en octubre de 2009 cuando en medio del conflicto por las retenciones móviles recuperó el rango que había perdido veintiocho años antes. A principios del siglo pasado el área ostentaba rango ministerial hasta que en 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, pasó a ser una secretaría. Esa jerarquía se mantuvo salvo por dos breves interrupciones registradas durante gobiernos militares. La primera tuvo lugar con Alejandro Agustín Lanusse, entre 1971 y 1973, y la más reciente llegó Roberto Viola, en 1981. Ambas dictaduras fueron permeables al lobby de las entidades rurales y el ministerio fue la consagración de ese lugar privilegiado que se les asignó dentro del aparato estatal. De hecho, Viola designó como ministro a Jorge Rubén Aguado, un empresario agropecuario de la Confederación de Asociaciones Rurales de La Pampa y Buenos Aires (Carbap) que años después sería el vicepresidente del Grupo Socma.

Con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, las corporaciones agropecuarias volvieron a exhibir su capacidad de lobby en la política pública. Sin el margen suficiente para designar a Etchevehere, el primero de los elegidos fue Buryaile, un empresario ganadero de Formosa que a lo largo de la disputa gatillada por los cambios en los derechos de exportación se desempeñaba como vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Su desempeño en la cámara patronal lo catapultó primero a la Cámara de Diputados por la UCR y con ese selló llegó al Ministerio de Agroindustria. Desplazado de su cargo tendrá refugio en la embajada argentina ante la UE.

Con los anuncios realizados ayer por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los lineamientos de la política agropecuaria quedaron bajo control directo de un directivo de la Sociedad Rural.

“El campo” fue el destinatario de las primeras medidas del presidente Macri. Apenas asumió eliminó las retenciones al trigo, maíz, girasol, carne, productos de las economías regionales y redujo de 35 a 30 por ciento el gravamen para el complejo oleaginoso. La transferencia de ingresos hacia las principales empresas agroexportadoras al comienzo del nuevo Gobierno se potenció con el salto cambiario habilitado en diciembre de 2015 cuando se eliminaron las regulaciones cambiarias. En ese momento, la Casa Rosada prometió a los sojeros que las retenciones bajarían 5 puntos adicionales los años subsiguientes para llegar al 0 por ciento en 2022. Pero el año pasado dio marcha atrás ante la depresión de los ingresos fiscales por la recesión y anunció que las alícuotas se mantendrían inalteradas durante 2017. Las rebajas se retomarán en enero con Etchevehere como ministro. La quita será de 0,5 puntos porcentuales por mes para descontar 6 puntos porcentuales a finales de 2018. En ese momento la alícuota a la exportación de porotos de soja pasará a 24 por ciento y la que corre para los subproductos llegará a 21 por ciento.

A las presiones sectoriales por rebajas impositivas y el reclamo devaluatorio permanente se suman en la agenda agroindustrial la crisis en Sancor, el abúlico desempeño de las exportaciones, el ingreso de productos agropecuarios importados que llevaban más de una década sin ingresar a las góndolas que profundiza la crisis de las economías regionales y el desmantelamiento de los programas de impulso a los pequeños.

“No deberíamos repetir el error de otras décadas de proteger a sectores menos eficientes”, afirmó a fines de julio durante la inauguración de la 131° exposición Rural de Palermo donde advertía que “tenemos en claro que no podemos volver al pasado”. Etchevehere tiene tres hermanos. Dolores, la única mujer, en 2014 denunció al titular de la Sociedad Rural y sus hermanos por estafa.