Los partidos independentistas aprobaron ayer una resolución simbólica en el Parlamento catalán para reivindicar el derecho de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la región. El líder independentista se encuentra, desde el domingo, en prisión preventiva en Alemania esperando que se decida su entrega a España.

“Somos la lista del presidente Puigdemont y haremos todo lo posible para garantizar su derecho”, aseguró al defender la resolución la diputada Gemma Geis, de Junts per Catalunya. “La Presidencia de la Generalitat no tiene que pasar por ninguna toga española”, añadió Geis. La votación del Parlamento, que no altera la imposibilidad legal de investir a Puigdemont mientras siga preso o fuera de España, fue impulsada por los tres partidos soberanistas que tienen mayoría absoluta en la Cámara. 

En tanto, la Justicia alemana analiza si lo entregará a España, una decisión que ya no se tomará esta semana, explicó ayer la Fiscalía. El análisis de la documentación y de los motivos presentados por España puede demorarse de diez a 60 días hasta que se produzca la entrega. Ayer, el europarlamentario alemán Bernd Lucke visitó a Puigdemont en la cárcel de Neumünster, en el norte de Alemania, y reclamó su puesta en libertad mientras dure el proceso judicial. “Le propuse al señor Puigdemont, y él lo aceptó enseguida, que diera su palabra de honor de que no abandonaría Alemania mientras la Justicia alemana no haya dictaminado sobre su proceso de extradición”, declaró Lucke, miembro del partido euroescéptico Reformadores Liberal-Conservadores 

El político de 55 años lleva cinco meses fuera de España, donde está procesado por un delito de rebelión vinculado al plan con el que intentó proclamar una república independiente, causando así una crisis institucional sin precedentes todavía abierta.

Con las resoluciones aprobadas ayer, los independentistas quisieron dejar claro que no renuncian a investirlo. Sin embargo, ese paso resulta imposible, por el momento, desde un punto de vista legal porque el candidato a presidir el Gobierno regional debe asistir al pleno del Parlamento que debate y vota su investidura, cosa que la Justicia no le permite. 

Las resoluciones pidieron también el respeto de los derechos políticos de otros dos candidatos independentistas fallidos a presidir el Gobierno catalán, los también procesados y detenidos Jordi Sánchez y Jordi Turull, y reivindican la posibilidad de investirlos. También exigen la liberación inmediata de todos los políticos procesados por el plan independentista que se encuentran en prisión preventiva en Madrid: nueve en total, incluidos Sánchez, Turull y el ex vicejefe del Gobierno de Puigdemont, Oriol Junqueras.

Durante el tenso debate, los independentistas describieron una Cataluña sometida y con sus derechos políticos y civiles suspendidos. “La violación de nuestros derechos es sistemática. Está en riesgo nuestra integridad psíquica y física”, sostuvo la diputada Anna Caula, de Esquerra Republicana de Catalunya. Por su parte, el portavoz del partido antisistema Candidatura de Unidad Popular, Carles Riera, acusó a España directamente de terrorismo de Estado y abogó por convocar de inmediato un pleno para, según dijo, investir a Puigdemont, hacer república y volver al camino de la dignidad nacional. “Asumiremos todas las responsabilidades que sean necesarias para hacerlo realidad, con todas las consecuencias”, afirmó Riera. 

El contrapunto quedó en manos de la antiindependentista Inés Arrimadas, que ganó las elecciones del 21 de diciembre con su partido Ciudadanos pero no suma mayoría con otros partidos como para formar Gobierno. “Su opinión de que España es un país dictatorial y sin derechos no la comparte ninguna institución internacional”, espetó a la bancada soberanista. “Salgan de la burbuja del ‘procés’, donde nadie piensa que España es un país totalitario”.

Fuera de España son siete los procesados por el plan independentista. El Tribunal Supremo español activó órdenes europeas de detención contra seis de ellos, incluido Puigdemont y la ex consejera (ministra regional) Clara Ponsatí, que hoy se entregó a la Policía en Escocia. 

En Barcelona, entre tanto, la Policía detuvo a dos agentes de los Mossos d’Esquadra (la policía catalana) que viajaban con Puigdemont en el momento de su detención. Ambos fueron denunciados el martes por un posible delito de encubrimiento al ayudar Puigdemont en su viaje cuando existía ya una orden europea de detención contra él.

Cataluña lleva más de tres meses sin formar Gobierno desde las elecciones. El único pleno de investidura que llegó a celebrarse fracasó la semana pasada por la ruptura interna del soberanismo: la CUP no apoyó a Turull, candidato de JxCat y ERC que tampoco pudo sumar los votos de Puigdemont y otro diputado desplazado a Bruselas.