La gravedad de la situación ha obligado al presidente Emmanuel Macron a renunciar a uno de sus principios grabados en mármol: no ceder ante las protestas, no renunciar a sus reformas por la presión de la calle. Y en ese aspecto, ya ha frustrado uno de sus sueños, ser diferente a todos sus antecesores.
Las propuestas de Edouard Philippe iban más allá de lo esperado hace dos semanas, cuando se inició la protesta. No solo anunciaba una moratoria de seis meses para el aumento de las tasas sobre el gasoil y la gasolina, también se aplazaba la convergencia en los precios de los dos combustibles, y no se olvidaba el gasóleo especial utilizado por tractores y otros vehículos industriales. El Gobierno frenaba también durante todo el invierno el aumento de las tarifas de gas y electricidad que debía producirse a partir de enero. Además, quedaba suspendido el endurecimiento del control técnico de vehículos, que iba a encarecer de forma considerable la operación.
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El aplazamiento implicaba también el inicio del diálogo con todos los actores sociales y políticos para encontrar soluciones consensuadas, pero Philippe ha advertido también que, si los impuestos bajan, los servicios púbicos no pueden mejorar.
Pero en las rotondas o en los peajes que filtran el tráfico según el humor de los "chalecos amarillos", se exigen medidas que van ya desde la dimisión del presidente y su sustitución por un general, la proclamación de la VI República, o la disolución de la Asamblea y el Senado o una subida de sueldos generalizada.
Los más moderados, piden que el Gobierno recupere el impuesto a las grandes fortunas y aumente considerablemente el salario mínimo.
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