De acuerdo con el periódico The New York Times un abogado de Walmart de México habría alertado en 2005 a altos ejecutivos de la empresa en Estados Unidos acerca de los sobornos que estaría dando la cadena de tiendas a funcionarios de todo el país con la finalidad de obtener permisos para la construcción de sus nuevas unidades.
Desde las oficinas centrales de Walmart ubicadas en Bentonville, Arkansas, comenzaron una investigación interna que encontró que se habrían otorgado sobornos por 24 millones de dólares y que altos ejecutivos de la compañía en México hicieron esfuerzos para ocultar la información de las auditorias realizadas de manera regular por las oficinas centrales.
Una de las fuentes del periódico estadunidense es Sergio Cicero Zapata quien describió cómo organizó el pago de sobornos a funcionarios mexicanos siendo abogado de Walmart de México y antes de que renunciara a la compañía en 2004.
En una investigación interna detonada por las denuncias del propio Cicero Zapata se encontró que la realización de dichos pagos se efectuaba a través de dos abogados que fungían como gestores, Pablo Alegría Con Alonso y José Manuel Aguirre Juárez.
La investigación también mostró que uno de los gestores era socio en un despacho de la esposa del mismo Cicero Zapata.
No obstante, los pagos habrían sido siempre aprobados por altos ejecutivos de la compañía como el director jurídico de Walmart de México y Centroamérica, José Luis Rodríguez Macedo, quien la semana pasada se retiró del cargo.
En ese entonces la directora jurídica de Walmart a nivel internacional, Maritza Munich, lanzó una investigación independiente que encontró que los sobornos de Walmart de México se dispararon a partir de que en 2002 asumiera la dirección de la empresa Eduardo Castro-Wright, quien llegó a ser considerado para asumir la presidencial global de la compañía en 2009.
Castro Wright fue promovido a vicepresidente global y posteriormente ascendió a presidente de Walmart Stores en Estados Unidos.
La investigación se realizó de manera interna con un equipo de abogados de la empresa provenientes de Estados Unidos lo que generó una reacción adversa de Eduardo Solórzano que en ese entonces fungía como presidente ejecutivo y director general para Walmart de México.
Posteriormente se reporta que, el en ese entonces CEO de Walmart, Scott Lee, cambió los protocolos de las investigaciones internas lo que le daba más prerrogativas a los ejecutivos locales para supervisar las investigación.
El cambio en los lineamientos permitió que el control de la investigación pasara a manos del propio José Luis Rodríguez Macedo, director jurídico de Walmart de México, quien cerró la investigación en dos semanas concluyendo que no se dio el otorgamiento de sobornos y determinando que las donaciones que hizo la cadena de tiendas pudieron haber sido un fraude cometido por Sergio Cicero Zapata.
La dinámica y progreso de la investigación fue del conocimiento de Mike Duke, el actual presidente ejecutivo y director de Walmart a nivel global que en ese entonces se desempeñaba como presidente de las operaciones internacionales de la compañía.
Excélsior buscó a la cadena de tiendas en México y refirieron a un comunicado en inglés en el que expresan que: “Ante las acusaciones de The New York Times, la cadena de autoservicios respondió que de ser ciertas no reflejan la actual cultura corporativa de Walmart de México y Centroamérica”.
En el documento también se expresa que: “Wal-Mart Stores se defendió diciendo que el año pasado inició una revisión de las prácticas anticorrupción de todos los países en donde tiene operaciones”.
Afirmó que su filial Walmart de México y Centroamérica está colaborando en la investigación y que la empresa se ha comprometido a cumplir con las leyes de todos los países en donde participa.
La compañía reconoce que desafortunadamente en este momento hay preguntas sin respuesta pero no desean decir más debido a que pondrían en riesgo la integridad de la investigación.
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