De nuevo encontramos los paraísos fiscales en los medios de comunicación. El Presidente de Argentina, la tía del Rey, Ian Camero, el padre del Primer Ministro del Reino Unido David Cameron; Ayad Allawi  ExVicepresidente de Iraq; Petro Poroshenko, Presidente de Ucrania; Alaa Mubarak, hijo del Expresidente de Egipto o el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson; varios futbolistas y otros muchos personajes públicos están en el listado que recoge la noticia que han publicado varios medios de comunicación, entre ellos  el diario.es y el confidencial.

Viendo el listado, encontramos la máxima expresión de  lo señalado por Daniel Innerarity, “una de las figuras más elocuentes de la piratería contemporánea son los paraísos fiscales, esos lugares sin identidad, sin fiscalidad ni obligación de residencia. Allí se consagra el curioso derecho de abandonar todo espacio político sustrayéndose al impuesto que es el símbolo del poder territorializado”.

Por ello es importante traspasar el morbo que proporciona ver a famosos en dichos listados y considerarlo un síntoma de una enfermedad mucho más grave que afecta a la propia sostenibilidad de nuestras cuenta públicas. Un síntoma que habría que examinarse en relación con las actividades de las empresas (especialmente de las que cotizan en el IBEX 35) que han creado filiales domiciliadas en estos territorios.

¿Qué es un paraíso fiscal?

La idea del “paraíso fiscal” está asentada sobre tres elementos: a) en primer lugar, el dato que es más conocido que es la exención fiscal. No es el más importante sino que hay que añadir otros dos elementos para que el sistema sea completo.; b) En segundo lugar son relevantes las ideas de opacidad y anonimato que sirven para cubrir otras actividades delictivas vinculadas a la corrupción y tráficos de sustancias prohibidas, elemento cuyo origen lo encontramos en la legislación suiza de 1934 y c)  Por último, siguiendo el ejemplo británico de 1929, los paraísos fiscales están sustentados en el concepto de residencias virtuales.

Paraísos fiscales y centros financieros off shore tienen un punto en común: la tributación anormalmente baja de las actividades financieras. Su origen está en el siglo XIX, vinculado a la imposición personal y luego sobre las sociedades; concretamente en el Estado de  New Jersey, y luego generalizado en el Estado de Delaware (EE.UU), que lo incorporó en 1898. De ahí dio el salto a Europa a través de ciertos cantones suizos imitaron un régimen similar a partir de 1920.

Por ello también suelen tener una segunda característica que consiste en la opacidad frente a las investigaciones procedentes de terceros países, lo que dificulta toda acción internacional no sólo contra la defraudación tributaria sino también en la lucha contra el terrorismo internacional y la acción de los grupos de delincuencia organizada. Es por ello, su característica más importante. No obstante, conviene recordar cuál es su origen:  proviene de la legislación bancaria suiza de 1934, y el objetivo de esta cláusula era salvaguardar el sistema financiero suizo frente a las bancarrotas que se estaban produciendo en Alemania. Obviamente el problema nace cuando la cláusula que introdujeron, “absoluto silencio”, extendió su aplicación frente a otras modalidades de actuación de los poderes públicos. En la actualidad se calculan unos 60 territorios que pueden ser considerados como paraísos fiscales en sentido estricto, territorios que constituyen, como se acaba de indicar, puntos de conexión entre opacidad fiscal con criminalidad.

Paradógicamente, las recomendaciones en este punto son bastante claras. De hecho, de acuerdo con el Informe FATF-GAFI las amenazas más graves que hay en este momento para la economía mundial podrían provenir de la financiación del terrorismo internacional y las armas de destrucción masiva que se podrían financiar con el dinero ubicado en los paraísos fiscales.

En la noticia de hoy en eldiario.es salían países lejanos como las Islas Vírgenes o Panamá. Pero no hace falta irse tan lejos. Recordando lo ocurrido en la crisis chipriota de hace tres años, más de uno se habrá quedado perplejo al observar que en Europa, en la zona euro, había un paraíso fiscal, refugio de los dineros rusos. En principio, nada más contradictorio con la moral que se nos quiere vender desde Europa – de rigidez y control fiscal- que la existencia de un territorio cuya finalidad es meramente atraer inversiones financieras especulativas mediante la evasión fiscal. Y más aún, que esté en la zona euro. A la perplejidad de Chipre se ha añadido con pocos días de diferencia la divulgación de una lista de personalidades – ministro francés incluido– que tienen su capital en este tipo de territorios.

Ahora bien, no es cierto que en la Unión Europea -ni en la zona euro- sólo Chipre pueda ser considerado paraíso fiscal. Los problemas que hay para la aplicación en el Reino Unido de ciertas normas fiscales y bancarias de la Unión Europea derivan esencialmente del régimen de la City londinense, que podría considerarse un territorio offshore. Algo parecido podríamos decir de Luxemburgo (país del que era originario el anterior presidente del Eurogrupo, Junker), de los centros de coordinación belgas o los muelles de Dublín, en Irlanda (donde tributan un gran número de empresas). Territorios de Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Malta y los Países Bajos completarían el elenco de países de la Unión Europea donde se puede hablar de paraísos fiscales en sentido amplio. Incluso la propia regulación española de las SICAV no se aleja demasiado de lo que ocurre en este tipo de países. La responsabilidad europea no termina aquí sino que hay multitud de territorios dependientes del Reino Unido y Holanda que tienen esta consideración. Por no hacer referencia a Lichenstein, Mónaco o San Marino.

Por recoger otro ejemplo, es significativo el informe del FMI sobre la deuda en donde se reflejan las interconexiones de la crisis griega: debe tenerse en cuenta que de los cuatro grandes grupos de bancos acreedores de la deuda, tres estaban vinculados a paraísos fiscales: (i) una red de fondos domiciliados en Luxembourg; (ii) a otro núcleo domiciliado en las Islas Vírgnes Británicas, Jersey, las Islas Caimán, Guernsey, y la Isla de Man; (iii) el tercer grupo estaría vinculada a las plazas offshore irlandesas.

Los paraísos fiscales es un ejemplo típico de cómo está funcionando la globalización. Por un lado, los paraísos fiscales y, en general todas las medidas de atracción de capitales, de servicios financieros, están en la esencia de la globalización capitalista que persigue un enriquecimiento en poco tiempo. Por un lado, porque estamos en un momento de triunfo de la economía financiera frente a la economía productiva y los paraísos fiscales responden a esta lógica. En los paraísos fiscales no hay actividad económica real sino pura especulación. En segundo lugar, porque los paraísos fiscales son la consecuencia de una de las libertades económicas tan defendidas en la actualidad: la libre circulación de capitales.

Asimismo, ha habido la exteriorización de una aparente voluntad por parte de las grandes países desarrollados de terminar con este tipo de situaciones. Las conclusiones de la Cumbre del G20 de Londres iban precisamente en esta dirección. En la Cumbre del G20 de Toronto, el problema había desaparecido. En la primavera de 2013 solo quedaban dos países que puedan tener esa catalogación: Nauru y Niué. Sin embargo, todos tenemos la conciencia de que existen más lugares en el mundo en donde existe ese tratamiento tributario privilegiado a las inversiones financieras.

La mala prensa que tienen, el que fuera un objetivo declarado de los movimientos antiglobalización, conllevó un cambio que ha permitido que desaparezcan de los listados oficiales: concretamente se incentivó la suscripción de acuerdos de intercambio de información, que proliferaron entre 2009 y 2011, tanto que en las Conclusiones de la Cumbre del G20, celebrada en Toronto, se indicó que se habían suscrito más de 500 convenios de intercambios de información. ¿Podemos decir que con ese impulso a la transparencia han desparecido los paraísos fiscales? No. De entrada, porque los acuerdos suscritos -12 era el mínimo exigible por la OCDE- se ha realizado entre Estados que tenían la consideración de paraísos fiscales. De nuevo, la forma vale más que el fondo.

¿Podrían dejar de existir? Es cierto que la determinación de las condiciones de fiscalidad entran dentro de la política interior de cada Estado y que por ello resultará complicado, teniendo en cuenta las ventajas para cada uno de ellos y que algunos Estados viven, en sentido literal, de esos servicios financieros. Pero, si pensamos en los territorios que están vinculados a otros países, especialmente el Reino Unido o los Países Bajos, observaremos que el impulso no sería tan complejo. Ahora bien, lo ocurrido con Suiza y el traslado de capitales hacia Panamá como consecuencia de los intercambios de información con terceros países, nos hace ver lo complicado de la tarea mientras no haya consenso en todo el globo sobre dos aspectos: la concreción de qué son y qué países formarían parte de dicha lista y, en segundo lugar, sobre las consecuencias jurídicas de lo anterior.

Pero lo anterior no quita un problema esencial: desde el interior del Estado se podrían tomar iniciativas para reducir los paraísos fiscales. ¿Se han examinado las empresas filiales de las cotizadas en el IBEX 35 que están domiciliados en estos territorios? ¿Se ha examinado, al mismo tiempo, la relación que hay con la caída en la recaudación del impuesto de sociedades? O, en una línea similar de un fenómeno más doméstico ¿se han inspeccionado los fondos que están en la actualidad en las SICAV?

Aspectos complementarios se pueden leer en

Paraísos fiscales (2016)