La CIJ, integrada por 60 jueces y abogados de todas las regiones del mundo para promover y protegen los derechos humanos mediante el Estado de Derecho, 

pidió a los funcionarios en Colombia “abstenerse de realizar comentarios o acciones que puedan socavar la integridad del proceso judicial

y la independencia de la Rama Judicial” por el caso del expresidente.

La Comisión recordó que desde el 4 de agosto se le ordenó una detención domiciliaria preventiva a Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigo y fraude procesal

y que eso motivó declaraciones de varios políticos que considera “inapropiadas e incendiarias”.

Para la CIJ, algunas de esas palabras han sugerido “que los jueces toman sus decisiones basándose en prejuicios ideológicos o políticos en lugar de basarse en la Constitución

y la ley”, y recordó la declaración del presidente Iván Duque, que a hoy 20 de agosto permanece fija en su cuenta de Twitter con casi dos millones y medio de visualizaciones.

¿La Corte Suprema o la Fiscalía?: lo que viene para Uribe en la investigación

El mismo día que la Corte Suprema anunció su decisión, Duque emitió desde Palacio un video en el que criticó que a Uribe

“no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia”.

Por eso, los juristas consideran que “es inapropiado que un jefe de Estado u otro funcionario del poder ejecutivo intervenga de esta manera

en un caso que está siendo objeto de estudio en la Rama Judicial”.

Además, recordaron que desde Naciones Unidas se ha dejado claro que “‘todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán

y acatarán la independencia de la judicatura’,

y esto implica que deben abstenerse de ‘influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas‘”.

Pero la declaración del presidente no fue la única mal vista por la Comisión, también lo fue la reacción del 

Centro Democrático y el comunicado que emitió proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente “con el propósito de despolitizar la justicia”.

De hecho, recuerdan los juristas, el mismo Uribe mencionó el pasado 16 de agosto que esperaba que su partido político iniciara una reforma judicial a través de referendo

para acabar con la “politización” de la Corte.

Ante estas y otras declaraciones de integrantes del uribismo, la CIJ dijo en un comunicado que “las acciones de reforma

a la justicia no deben basarse en reacciones políticas a un caso o una decisión judicial determinada” sino en “buenas prácticas y en los estándares que

permitan reforzar la independencia judicial y contar con una pronta, oportuna y justa administración de justicia”.

Los juristas de la comisión internacional cerraron su llamado recordando que hasta el actual vicepresidente de Estados Unidos,

Mike Pence, “hizo comentarios inapropiados”

al pedirle a la justicia colombiana que permitiera que Uribe se “defienda como un hombre libre”.