El pasado mes de noviembre los latinos de Estados Unidos celebraron la retirada del presentador de la CNN Lou Dobbs como una victoria de la comunidad. Dobbs había culpado a los hispanos del aumento de la lepra en el país. Para la Cámara de Comercio Hispana reservó la acusación de dedicarse al tráfico de drogas e inmigrantes de México a Estados Unidos. Todo en horario de máxima audiencia.

La cruzada de Dobbs contra la comunidad hispana provocó un movimiento pidiendo su dimisión y exigiendo responsabilidades a la CNN. No hubo grandes manifestaciones ni protestas frente a la sede de la cadena en Atlanta. Las pancartas colgaban en blogs, los altavoces vibraban en vídeos y podcast replicados en internet por una red de activistas con un mismo objetivo, retirar a Dobbs antes de que terminara su contrato en 2011. Lo consiguieron.

Sin embargo, el acceso a la red como método de organización y activismo -como ya hemos visto en muchos otros conflictos desde las revueltas en Irán o la última retransmisión en directo del ataque israelí a la flotilla humanitaria- puede tener los días contados en Estados Unidos. Eso temen los abogados de la neutralidad en la red.

“Si ponen límites a Internet no podremos hacer esto”, denuncia Amalia Deloney, especialista en campañas de movilización social a través de teléfonos móviles para el Center for Media Justice, una organización que trabaja por la legislación de medios de comunicación desde una perspectiva de justicia social. Deloney es la responsable de la campaña “Basta Dobbs” que gracias a blogs, vídeos compartidos a través de YouTube, mensajes de texto y eventos en 18 ciudades estadounidenses consiguió agrupar a más de cuarenta organizaciones nacionales y 100.000 personas para pedir la dimisión de Dobbs.

El debate sobre la reforma de inmigración es otro de los argumentos de los defensores de la neutralidad de la red para ejemplificar sus consecuencias. “Hay muchas críticas a cómo está llevando el asunto el presidente Obama. Hay argumentos alternativos sobre la seguridad en la frontera y otras políticas, pero no llega a los medios mayoritarios”, explica William Winters, responsable de campañas para Color Of Change. “Sólo internet permite esa conversación alternativa y paralela, pero sin neutralidad no podríamos tenerla”.

Una de las promesas electorales de Obama

El presidente prometió durante la campaña electoral que lucharía por la neutralidad de la red. Al llegar a la presidencia, como le ha ocurrido con el cierre de Guantánamo o la reforma del sistema de salud, la realidad es otra y se multiplican las piedras en el camino. El acceso igualitario a internet en Estados Unidos pasa por cambiar lo que se entiende por “acceso” a Internet, si es un servicio o un derecho, y quién debe regularlo. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) debate las posibilidades desde hace semanas y su decisión final puede cambiar el uso de internet en Estados Unidos, con desiguales consecuencias en la población.

En el caso de que la FCC determine que el acceso a internet es un servicio proporcionado por empresas, la regulación quedará en manos de éstas. Tendrán libertad para imponer tarifas en función del ancho de banda utilizado y podrán discriminar a los usuarios, y la velocidad de la que disponen, en función de los contenidos o las aplicaciones que utilicen. Si la FCC se decanta por considerarlo un derecho y define internet como herramienta de comunicación esencial para la población, quedará regulada por el gobierno. Esta opción da algo más que alergia a la mayoría de los estadounidenses: levanta temores por posibles impuestos sobre el uso de internet o el acceso a la información de los usuarios por parte del gobierno.

Aunque aún no hay ejemplos ni denuncias contra estas prácticas. Los términos empleados por las corporaciones ante la FCC son los de “priorizar servicios”, pero los defensores de la neutralidad en la red intentan llamar la atención sobre lo que significan esas palabras para la población. “Quieren más dinero. Lo que quieren es poder decir a los clientes que si quieren seguir accediendo a la misma velocidad a ciertas páginas, tendrán que pagar una cantidad extra”, argumenta Joe Torres, director de relaciones gubernamentales para la organización Free Press.

Para Torres es una cuestión de libertad de expresión. “Las organizaciones y los medios deben poder dirigirse directamente a los ciudadanos sin que las corporaciones puedan decidir qué contenido llega al público o no”. Los activistas han encontrado su mayor fantasma en la compra de la cadena NBC por Comcast, una de las compañías proveedoras de internet. Al controlar el acceso a la red de sus usuarios, Comcast podría hacer que las páginas y vídeos de la NBC carguen a mayor velocidad que las de la competencia. Y hay más fantasmas: Comcast también ofrece servicios telefónicos y podría bloquear o ralentizar el uso de aplicaciones como Skype, que permiten hacer llamadas a través de internet.

El plan defendido por el presidente Obama para proteger la neutralidad en la red incluye además un presupuesto de 15.000 millones de dólares para extender el acceso a internet a prácticamente todo el territorio norteamericano en los próximos cinco años. De no salir adelante, esa inversión -y la lucha contra la brecha digital- quedará en manos de las empresas proveedoras del acceso, que invertirán donde resulte más rentable para ellas. La brecha afecta a los ciudadanos que necesitan acceder a la red para buscar trabajo o hacer cualquier trámite burocrático. En el caso de los inmigrantes, internet es el vínculo con el resto de su comunidad y su país de origen gracias a los medios de comunicación más pequeños.

“La neutralidad en la red promueve que se escuche una mayor diversidad de voces. Seguiremos escuchando a los mismos, que son los que podrán pagar”, afirma Torres. “Esto es una amenaza para los medios minoritarios que ya están asfixiados por la falta de recursos para hacer su trabajo”.

El papel de los medios minoritarios

Hasta 51 millones de adultos se mantienen en contacto con su comunidad y su país de origen a través de los 3.000 medios étnicos o minoritarios que hay en Estados Unidos. Desde el Sing Tao Daily de la comunidad coreana en San Francisco hasta el diario Mshale para la población somalí de Minessota o el semanario La Noticia de Carolina del Norte, todos han sufrido la crisis económica y de la prensa estos dos últimos años, con un obstáculo añadido: sólo una minoría puede costear la alternativa digital para informar a su audiencia. Los inmigrantes en Estados Unidos tienen las tasas más bajas de acceso a internet por cuestiones económicas, de disponibilidad en las regiones más pobres y dificultades para comprender desde las facturas hasta las herramientas de conexión, según el estudio de la FCC sobre adopción de la banda ancha en comunidades de pocos recursos.

En una red neutral los medios minoritarios no tendrían que preocuparse por competir en igualdad de condiciones con los grandes. Dos diarios de Washington podrían verse afectados directamente. Washington Hispanic y El Tiempo Latino sirven a la comunidad hispana en la capital. El primero es independiente, mientras que el segundo pertenece al Washington Post y tiene más recursos para, si se da la circunstancia, cubrir los gastos extra para que su contenido se cargue a la misma velocidad que el de los grandes. Washington Hispanic estaría condenado.

Sin embargo, no todas las organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes ven la neutralidad de la red como algo positivo. El Caucus de Negro del Congreso o LULAC, uno de los lobbies hispanos con más poder, han manifestado su interés porque la FCC defina internet como un servicio, rechazando la neutralidad actual. Su argumento es que las empresas proveedoras, al no tener que pagar las tasas previsibles sobre el servicio -impuestas por el gobierno en caso de considerar internet un derecho- podrán invertir en las comunidades afectadas por la brecha digital para ampliar su clientela.

James Rucket, presidente de Color Of Change, mostró su rechazo a estas afirmaciones hace dos semanas, en la conferencia por una prensa libre, organizada por Free Press en Washington. Amalia Delaney tampoco lo entiende: “Necesitamos que el gobierno garantice este servicio tan básico. No podemos seguir dejando en manos de las corporaciones una forma de comunicación que es tan importante para nosotros”.

Periodismo Humano