Nacido como motor de búsqueda en la década de 1990, Google se ha ido expandiendo y diversificando, a tal punto que abarca desde teléfonos hasta la flamante Google TV, estrenada el 20 de mayo, un sistema para interconectar el televisor con Internet. Las razones dadas por Larry Page, presidente de la compañía en una reciente entrevista (Le Monde, 22 de mayo), a la hora de dar cuenta de la multiplicación de áreas, son elocuentes: “queremos ganar aún más dinero”. Sin embargo, la ambición económica es apenas una disculpa de los objetivos de fondo de la exitosa empresa.
En el trasfondo de todo proyecto de expansión capitalista late el deseo de poder, de controlar al resto de la humanidad para dominarla y poder explotarla en su beneficio. “Nuestra ambición -confiesa Page en la entrevista- es organizar toda la información del mundo, no sólo una parte de ella”. Cuando el periodista cuestiona la enorme cantidad de datos que almacena Google, muchos de ellos acerca de la vida privada de las personas, el director confiesa: “Las fronteras de la vida privada se están moviendo”.
Si al objetivo de almacenar la información producida por la humanidad se le suma que la empresa no reconoce la intimidad de las personas, el hecho es ya preocupante. Pero la realidad es peor aún, ya que no reconoce ninguna frontera, tampoco las fronteras nacionales, otrora consideradas inviolables. El contencioso que mantiene Google con China, país al que acusa de censurar los contenidos de la empresa, revela una actitud muy similar a la que el país asiático sufriera en el pasado colonial.
En marzo Google cerró su servicio con sede en China y comenzó a redirigir las búsquedas de la web hacia un portal de Hong Kong, argumentando censura. Intentó sin éxito que otras empresas siguieran su camino. Para el gobierno chino el tema siempre fue claro, y sostuvo que cualquier empresa que actúe en ese país debe acatar la legislación local. “Los productos informativos aportados por las transnacionales informativas tienen que someterse a la supervisión de seguridad como otros productos. Sólo así se podrá asegurar los intereses de los países anfitriones y sus pueblos. Cuando entró en China, Google manifestó con claridad que observaría las leyes de China, y ahora apela por extralimitarse de la jurisdicción de las leyes de China”, dijo Diario del Pueblo (2 de abril de 2010).
Incluso el británico The Financial Times aseguró que Google había fracasado en su intento de que sus competidores respondieran a su llamada para presionar a China. ¿Acaso Google no pretende actuar de modo similar a la Compañía Británica de las Indias Orientales? La Compañía, recordemos, era mucho más que una importante empresa comercial: gobernó de forma virtual la India y buena parte de Asia, a tal punto que mediados del siglo XIX, una quinta parte de la población mundial estaba bajo su autoridad. Y jugó un papel destacado en las dos guerras del opio (1839 a 1842 y 1856 a 1860), que forzaron al gobierno chino a tolerar el comercio del opio en aras de la “libertad de comercio”.
Los tiempos han cambiado: ahora se emplean tecnologías aparentemente neutras. Pero el colonialismo está lejos de haber llegado a su fin. Google fue condenada en Francia (y en otros países) por no respetar derechos de autor, o sea por pillaje. Si la empresa pretende avasallar alguno de los más poderosos países del mundo, su actitud es una señal de alarma para todos los habitantes del planeta y para los pequeños y medianos países, cuya soberanía está en cuestión.
Hace tiempo el Pentágono coloca en lugar destacado la guerra electrónica, que incluye tres aspectos: el ataque electrónico, la protección electrónica y el apoyo a la guerra electrónica. La opacidad de las grandes empresas y el control que ejerce Estados Unidos sobre Internet, tienden a convertirla en un arma valiosa en manos de una potencia en decadencia. En efecto, la ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números), es un organismo autónomo pero depende en última instancia de la Casa Blanca, ya que sólo es responsable ante su Departamento de Comercio, y al estar radicada en California, está sujeta a las leyes de ese estado.
- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales
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