El uso continuado de la tortura contra prisioneros de EE UU ‘sospechosos’ de terrorismo no era un secreto para nadie. Ahí están las imágenes de la prisión iraquí de Abu Ghraib y las evidencias de Guantánamo, los informes secretos desclasificados en los últimos años o los documentos filtrados por Wikileaks. Pero, si quedaban dudas, el ex presidente Bush se ha encargado de confesarlo públicamente en su reciente libro de memorias, en el que admite haber autorizado el uso del “ahogamiento simulado” contra prisioneros y lo defiende como un método “eficaz”.

“Bush ha confesado un crimen de guerra y contra la humanidad, contrario a las leyes de EE UU y los convenios internacionales. Cuando un presidente sabe que cuenta con impunidad por la tortura de un ser humano, es un peligro para el mundo”, dice Douglas Vaughan, veterano jurista e investigador estadounidense que ha participado en Madrid en un seminario de la Asociación Libre de Abogados.

“Los culpables no son sólo quienes autorizan o aplican la tortura, sino también quienes no la investigan; y no hemos tenido una investigación abierta, transparente y amplia de los años en que estas prácticas fueron ilustrativas de los métodos criminales del Gobierno” apunta Vaughan.

La Unión de Libertades Civiles de EE UU ha pedido al fiscal general, Eric Holder, que investigue a Bush por sus confesiones, pero lo cierto es que el propio Holder decidió en 2009 no investigar las torturas llevadas a cabo por la CIA porque esta práctica había sido “refrendada con antelación por el Departamento de Justicia”. “La Administración actual parece dispuesta a dar su beneplácito a la anterior, y esto es peligroso, pues parece que, pensando en su futuro, quiere ponerse también el manto de la impunidad y protegerse de futuras acusaciones”, explica Vaughan, que pertenece a uno de los Comités de Defensa de la Declaración de Derechos creadas tras las políticas liberticidas nacidas al calor de la “guerra contra el terror” en 2001, que se deshincharon ante la “esperanza Obama” y que “ahora están reactivándose porque su Gobierno no ha avanzado en derechos, está extendiendo las leyes represivas, la sobrevigilancia electrónica, la clasificación de información como secreto de Estado y otras prácticas que son un peligro para los ciudadanos y los migrantes en EE UU, y porque la extensión del poder militar de este país bajo el manto de la guerra contra el terror es un peligro para el mundo”.

De hecho, Vaughan compara las torturas de Bush con la decisión del gobierno de Obama de realizar “ejecuciones extrajudiciales” de ciudadanos sospechosos de terrorismo, una grave violación de las leyes internacionales. “Son dos puntos que forman un contexto peligroso, que marcan el terreno mundial como una zona sin ley”. Y mientras Obama sigue sin cumplir su orden ejecutiva, firmada hace dos años, de cerrar Guantánamo, donde siguen detenidos sin cargos decenas de prisioneros, Vaughan muestra “dudas de que se vayan a producir avances” en la eliminación de la tortura como instrumento de Estado. “Según el Gobierno, ya acabaron con estos métodos, pero el trato a los prisioneros no ha sido verificado por tribunales o agencias independientes. Aún no sabemos cuántos fueron detenidos y sometidos a ‘entrega extraordinaria’ a países donde también se usan torturas sistemáticas”. Obama sigue considerando las ‘entregas extraordinarias’ como una “opción” y, de hecho, EE UU se niega a implementar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con prisioneros fuera de sus fronteras. Y no sólo. El 5 de noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó a este país de no aplicar el pacto dentro de sus fronteras y criticó no sólo la larga lista de abusos amparados por la “guerra contra el terror”, sino también la pena de muerte, la ignorancia de los derechos sociales y económicos, la brutalidad policial, la discriminación racial, la violencia contra los migrantes, etc.

“La situación de los migrantes es clave a la hora de determinar hacia dónde va la protección de los derechos humanos en EE UU –sigue Vaughan– y es también el campo de batalla por los derechos porque los inmigrantes están sujetos a criterios diferentes en un juicio y también en el acceso a los recursos, a la educación, a los beneficios sociales, a la salud; y porque sufren la represión de forma sistemática, en el caso de Arizona, con su ley contra la inmigración ilegal, pero también por el racismo y la represión policial”. Y explica que “para cada paso adelante hay un atraso en forma de represión”. Una represión que se extiende a los activistas pro derechos humanos, como ocurrió en septiembre, cuando el FBI registró casas de solidarios con Palestina y Colombia, algo que preocupa a Vaughan, pues en EE UU “una persona que aboga por el derecho de un pueblo a defenderse de un gobierno represivo puede ser considerada terrorista tan sólo por la declaración del Ejecutivo, sin revisión por un tribunal, y el Gobierno ya ha acusado a personas de ‘ayudar a grupos terroristas’ sólo por apoyar a los palestinos o denunciar la guerra sucia en Colombia”.

“Todos los gobiernos utilizan los derechos humanos cuando están a su favor o cuando pueden usarse contra otro gobierno, pero implementarlos debe empezar por la propia casa. La protección de los derechos debe ser universal o desaparecerá”, concluye.

Gladys Martínez
Diagonal