En liza hay dos libertades. La expresión cultural y el acceso a la información. El campo de batalla es la red, convertida en oxígeno para ambas. Ese es, a grandes rasgos, el parte de guerra que ayer hicieron público dos centros de poder global, el G-8 y la Comisión Europea. Según Nicolas Sarkozy, presidente de turno del primer foro, y Michel Barnier, comisario europeo de Mercado Interior, la única manera de lograr una tregua para que sobrevivan ambas es imponer la vigilancia reforzada sobre internet. ¿El objetivo? Detectar y castigar cualquier violación de las leyes de propiedad intelectual.

Sarkozy inauguró ayer un foro de empresarios y expertos especializados en internet del que espera recoger ideas para debatir en el G-8, que mañana reúne a ocho grandes economías en la ciudad de Deauville. "Hay que comprender que hay un conjunto mínimo de reglas, de valores que respetar para continuar evolucionando", aseguró el presidente.

El presidente francés pide una red "civilizada" y con "valores"

Sarkozy reclamó que los gobiernos, "únicos representantes legítimos de la voluntad general", deben trasladar esos valores a internet hasta hacerla "civilizada" y "responsable". Su Gobierno aprobó la llamada "ley de los tres avisos" o ley Hadopi, por la cual una empresa que ofrece conexión a internet puede, tras tres avisos, desconectar a un usuario si viola las reglas de propiedad intelectual. "Más que darles a los creadores los derechos de propiedad de sus obras, les ha garantizado su independencia, les ha regalado la libertad", aseguró Sarkozy.

Sin embargo, como reconocerían más tarde los representantes de grandes multinacionales culturales, la moralización de internet no es gratuita. Se abre camino desde las instituciones como consecuencia de la pérdida de ingresos del modelo de negocio tradicional. Desde Bruselas, su antiguo ministro y ahora comisario de Mercado Interior publicó un documento avanzando parte de las medidas que la Comisión Europea pondrá sobre la mesa en los próximos meses. Los planes de Barnier se basan en dos ejes. El primero pasa por favorecer la cooperación entre las empresas que suministran la conexión a internet y las sociedades de gestión de derechos de autor, como la SGAE, para que detecten violaciones del copyright a través del intercambio de archivos o el visionado online de películas o series.

Según Bruselas, nadie mejor que las compañías que garantizan la conexión a internet está en condiciones de indagar en las actividades de los usuarios. Según el comisario, esta colaboración, puesta en marcha en Holanda, constituye "un buen modelo". La idea bebe del acuerdo contra la piratería internacional ACTA, pendiente de firma. El pacto, negociado en secreto, fue contestado por el sector de las telecomunicaciones, que interpretó que su rol podría pasar de suministrar infraestructura a fiscalizar su uso.

La Comisión también estudiará la armonización del canon digital,

Contra The Pirate Bay

El otro eje de la propuesta de Barnier también incluye a los teleoperadores, pero en vez de dirigirse al usuario pretende "cerrar" las webs que "faciliten la piratería". La propuesta todavía no ha tomado forma, pero recuerda a la conocida como ley Sinde, que permite iniciar un proceso administrativo contra una web a partir de una denuncia de violación del copyright. Fuentes del equipo del comisario aseguraron que la meta es luchar contra "webs como The Pirate Bay , que facilitan multitud de enlaces a obras protegidas".

La Comisión también anunció ayer que estudiará la armonización del canon digital, que se aplica de forma muy dispar en una multitud de países de la UE. Por último, Bruselas pretende dotar al Observatorio europeo sobre Falsificación y Piratería de competencias para llevar a cabo "campañas de concienciación, educación para las autoridades que hacen cumplir la legislación, investigación para innovar en la aplicación de la ley" y cooperación con otros países.

"No somos ladrones", dijo ayer la asociación La Quadrature du Net

La apuesta de Bruselas comenzará a concretarse a la vuelta del verano y será objeto de discusiones entre los estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo, que en el pasado se ha mostrado muy crítico con las intenciones de la industria. La Eurocámara ha recordado en varias ocasiones que toda intervención de internet no puede violar los derechos fundamentales de la legislación europea.

"Nadie puede controlar o limitar internet", aseguró ayer Sarkozy, defendiéndose de las críticas. Según Barnier, "la intención no es criminalizar a nadie". No lo ven así las asociaciones de internautas, que consideran foros como el del G-8 una "cortina de humo", un "pretexto" para "controlar un poco más internet", según Jérémie Zimmermann, portavoz de la asociación La Quadrature du Net. "No somos ladrones", advirtió durante una de las ponencias, en referencia a los que utilizan servicios de intercambios de archivos.

"Romper internet"

Según la industria, la piratería ha costado al sector europeo de la música, el cine y la televisión 10.000 millones de euros y más de 185.000 puestos de trabajo sólo en 2008. Como contraposición, las asociaciones de usuarios recuerdan que el modelo de negocio ha evolucionado y que los artistas ganan ahora grandes sumas de dinero gracias a conciertos o a través de webs que facilitan archivos de vídeo de calidad a precios asequibles.

Según John Perry Barlow, se habla de "un negocio que viene de otra época"

Para John Perry Barlow, fundador de la Electronic Frontier Foundation, el debate se centra en "imponer las prácticas de negocio que vienen de otra época". En su opinión, las medidas son "draconianas" y buscan salvar un negocio que ha perdido su razón de ser. Y es necesario "comprometerse con la audiencia" para buscar soluciones que se puedan rentabilizar, en vez de "romper internet" violando la privacidad y la libertad de expresión de los usuarios.

Con la legislación próximamente en vigor en España, las sociedades de derechos de autor hacen sus planes. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos trabaja ya en un "paquete" de denuncias "contundente", según Andrés Dionis, director de la organización. La Coalición esperará a que la ley Sinde se haya desarrollado totalmente para presentar un informe donde identificará a las webs que, según él, amenazan tanto a su negocio como al porvenir de la creación misma.

Daniel Basteiro
Público