El convenio, aprobado por mayoría abrumadora en la Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolla en Ginebra, declara que son trabajadores los empleados y empleadas domésticas, resaltó el director general de la OIT, Juan Somavia.

"Ellas no son sirvientas ni miembros de la familia", insistió el máximo representante de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Ese es el punto saliente del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos y fue el mayor obstáculo durante las discusiones, comentó a IPS Karin Pape, coordinadora de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar (IDWN).

"Significa que no somos colaboradoras, criadas o sirvientas. Por supuesto, ninguna puede ser esclava. Somos, trabajadoras", enfatizó Pape.

Somavia admitió que, pese a que el convenio resultó aprobado por 396 votos a favor, 16 en contra y 63 abstenciones, la tarea no ha sido fácil.

Martin Oelz, un jurista del área de condiciones de trabajo de la OIT, explicó que las dificultades surgieron por tratarse de un tema nuevo, que tenía como protagonista a un sector de trabajadoras y trabajadores excluidos en muchos países de las legislaciones laborales por razones históricas y también culturales.

Por tanto, ese escollo debía superarse y tomó su tiempo. Basta recordar que la OIT, gobernada por un régimen tripartito de gobiernos, sindicalistas y empleadores, comenzó a encargarse del asunto en 1965. Pero ahora, en un tiempo relativamente corto de dos años, se forjó el consenso, describió Oelz a IPS.

"En primer lugar, nos encontramos con que muchos de los negociadores no concebían al trabajo doméstico como un verdadero trabajo", recordó.

"Pero pudimos apoyarnos en la experiencia de algunos países, como Sudáfrica, que inmediatamente después del fin del régimen de segregación racial del apartheid, en 1994, adoptó una legislación para proteger a las trabajadoras domésticas, explicó.

Con esos antecedentes se llegó finalmente al texto aprobado que reconoce a este grupo de trabajadoras la dignidad y el respeto que merece, apuntó.

El convenio acepta que el trabajo doméstico continúa siendo infravalorado e invisible, es realizado principalmente por las mujeres y las niñas, en gran parte provenientes de la inmigración o de comunidades desfavorecidas.

Se trata de un sector particularmente vulnerable a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, como también a otros abusos de los derechos humanos, se indica en el texto del convenio.

En una estimación basada en datos obtenidos en 117 países, la OIT calculó que se eleva a por lo menos a 53 millones el número de mujeres, niñas y hombres ocupados en el trabajo doméstico en el mundo. Sin embargo, a causa de la forma oculta en que se realiza con frecuencia esta actividad, esa cifra puede crecer hasta 100 millones.

Somavia indicó que este nuevo convenio penetra hasta el corazón mismo de la economía informal, un sector donde el déficit del trabajo decente es más marcado. Y las trabajadoras domésticas no son una excepción, apuntó.

Por ejemplo, se estima que para 56 por ciento de las trabajadoras domésticas no existe una legislación que establezca un límite al período semanal de labores que deben realizar y 45 por ciento carece del derecho a un día de descanso semanal.

El convenio obligará a los estados que lo ratifiquen, y que aún no incorporaron estas pautas a su legislación, a conceder a las trabajadoras domésticas los derechos a la libertad sindical y de asociación, así como el reconocimiento de la potestad de negociación colectiva.

También deberán eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la discriminación en materia de empleo y ocupación, y abolir de manera efectiva el trabajo infantil.

Los estados velarán porque las trabajadoras domésticas sean informadas sobre las condiciones de empleo, de preferencia mediante contratos escritos que incluyan los nombres de empleador y empleados, el tipo de trabajo por realizar y la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos.

En el contrato laboral constará, cuando proceda, el suministro de alimentos y de alojamiento, y las condiciones de repatriación, al igual que las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales.

El convenio establece que los estados miembros del tratado están obligados a establecer un mecanismo de inspección del trabajo, con medidas que especifiquen las condiciones en que "se podrá autorizar el acceso al hogar, con el debido respeto a la privacidad".

Al fin una victoria con el reconocimiento de las trabajadoras domésticas, exclamó Isabel García-Gill, otra experta de IDWN. Ahora les toca el trabajo doméstico a los gobiernos, con la ratificación y la aplicación del convenio, señaló a IPS.

Un solo gobierno, el de Swazilandia, votó en contra del proyecto de convenio, mientras que se abstuvieron los de República Checa, El Salvador, Gran Bretaña, Malasia, Panamá, Singapur, Sudán y Tailandia, se abstuvieron.

Junto con el gobierno de Swazilandia, votaron en contra del convenio los representantes de los empleadores de 15 países. En tanto que el único delegado de los trabajadores que no votó a favor sino que se abstuvo fue el de Egipto.

Los gobiernos de Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Kuwait, Omán y Qatar objetaron el carácter vinculante del tratado durante las negociaciones, pero finalmente se sumaron a la mayoría que aprobó el texto.

La secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow, advirtió a la Conferencia que el movimiento obrero continuará denunciando las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas inmigrantes en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en particular de Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Borrow, quien saludó la convención "como una gran victoria", puntualizó que las trabajadoras domésticas inmigrantes en el Golfo Pérsico sufren opresión y violencia. Esas mujeres provienen principalmente de Bangladesh, Etiopia, Filipinas, India, Indonesia y Sri Lanka, detalló.
Gustavo Capdevila
IPS