A la crisis parlamentaria y de gabinete se le suma la social. Esta semana, el Movimiento de los Sin Tierra y Vía Campesina se movilizaron hacia Brasilia, sede del gobierno federal, y marcharon por la Explanada de los Ministerios, en la principal avenida de esa ciudad que concentra a las oficinas de los principales poderes públicos. Unos 20 mil manifestantes se constituyeron en la primera marcha de masas contra la gestión de Dilma Rousseff.

Allí, el movimiento campesino expuso sus demandas a Rousseff, en un pliego con unas veinte reivindicaciones, donde se destacan, principalmente, el reclamo del 10 por ciento del PBI a la educación pública y gratuita; una reforma laboral que incluya la reducción de la jornada sin disminución de salarios; la prohibición del uso de agrotóxicos en la agricultura, y la legendaria bandera de la Reforma Agraria. Cuando el dirigente Joao Paulo Rodrigues se dirigió a sus compañeros, sostuvo: “¡Nuestra reivindicación es simple, liberen las partidas presupuestarias sin asignar para asentar a las familias acampadas!”. Ante la arenga, los campesinos corearon: “De los Sin Tierra, Dilma se olvidó, al latifundio ella enriqueció”.

La problemática agraria es un punto estructural para Brasil. Si bien el presidente Lula asegura haber entregado durante su gestión tierras a unas 600 mil familias, incrementando un 129 por ciento las destinadas a la reforma agraria, la medida no logró revertir la fuerte concentración de latifundios, donde el 1 por ciento de la población concentra el 45 por ciento de las tierras cultivables, como sentenció el último censo agrario (2006). Por eso, los movimientos campesinos sostienen que existen unas cuatro millones de familia sin tierra y que, a su vez, unas 200 mil familias viven en campamentos sin infraestructura básica. Además, por el boom de los agronegocios, la concentración de la tierra tiende a aumentar, desatando una especulación sobre la compra de hectáreas y profundizando la brecha en la distribución de la propiedad.

Esta desigualdad, precisamente, fue lo que dio origen al MST, uno de los movimientos sociales mejor organizados de América latina, y con una estructura que lo ha convertido en un emblema de la lucha campesina. No sólo por haber conseguido tierras para los pobres del campo, sino también por haber desplegado una serie de formas productivas y asociativas y prácticas sociales educativas que son ejemplos reconocidos por organizaciones internacionales como la Unesco y la misma FAO, donde recientemente fue electo el brasileño José Graziano da Silva, como su Director General.

La designación de Graziano al frente de la FAO fue reivindicada por Joao Pedro Stédile, principal dirigente del MST y la vía Campesina-Brasil. Este profesional destacado en seguridad alimentaria fue ministro de Lula y mentor del programa Hambre Cero, antecesor del actual Bolsa Familia, que permitió sacar a unas 40 millones de personas de la pobreza. Sobre la nominación de Graziano, Stédile sostuvo a la revista Viento Sur: “Reviste un simbolismo importante para los luchadores sociales del Brasil, ya que tras la fundación de la FAO en la década de 1950, su primer secretario general fue Josué de Castro, un luchador social brasileño, autor de la tesis de la geografía del hambre y que murió en el exilio durante la dictadura militar. Ahora, el cargo vuelve a ser ocupado por un brasileño, que también defiende la reforma agraria y la lucha contra el hambre”.

Justamente, un tema ambiental, el Código Forestal, donde en mayo los diputados aprobaron modificaciones contra la voluntad de Dilma Rousseff, provocó la paralización parlamentaria. Además, las acusaciones de corrupción generaron la renuncia de cuatro ministros y parece no parar. De hecho, el Ministro de Ciudades, Mario Negromonte, fue acusado por su propia organización, el Partido Progresista –cuarto más grande en la coalición de gobierno– de presionar a sus diputados, lo que podría provocar el alejamiento de su cargo. A su vez, el senador opositor del PSDB, Alvaro Dias, cargó contra el Ministro de Comunicaciones Paulo Bernardo, citándolo al Congreso y acusándolo de realizar contrataciones irregulares.

Ahora se suman los reclamos sociales poniendo al gobierno de Rousseff un punto central para pensar una política sustentable de desarrollo para Brasil que preserve su medio ambiente.

Ricardo Romero
El Argentino