Por Saúl Peña K. Psiquiatra

Se entiende por corrupción la acción de dañar, deteriorar, enfermar, pervertir, depravar y echar a perder, manipulativa y utilitariamente a alguien con propósitos malsanos, alterando y trastocando su identidad, propiciando, consciente y inconscientemente, su complicidad. Elimina los valores creativos de una ética legítima, auténtica, del uno, del otro, del ambiente y de la sociedad; contamina la cultura.

Al reflexionar sobre la corrupción me interesa develar lo oculto de ella, la interioridad penosa y lamentable de la falta de ética y la pérdida de valores. Todos los seres humanos tenemos potencialidades de corrupción: somos factibles de corromper o de que nos corrompan. Incido en lo potencial dado que, a pesar de su existencia, esto no necesariamente tiene que hacerse realidad.

Desde el punto de vista clínico existen dos instancias: el poder corromperse, reactiva o activamente en determinado momento (acto corrupto), aguda y transitoriamente, sin que la corrupción se haga crónica e irreversible. No involucra la totalidad de la identidad en la persona. El otro en que la persona no solamente se corrompe, sino que asume y encubre la corrupción en sí misma, tratando de corromper a otros (estructura corrupta). Quien corrompe pone en peligro la cultura, la ética y la integridad de su entorno social. En la sociedad corrupta se impone lo material a lo espiritual. Los corruptos, dándose cuenta o no, viven en una pobreza ética, afectiva y emocional, apropiándose de todo lo posible, incluyendo personas.

La corrupción tiene que ver con nuestra historia vincular primigenia, es decir con aspectos corruptógenos, maternos, paternos, de la pareja, familiares, educativos, laborales, sociales, culturales, religiosos, políticos, económicos, ideológicos, éticos, etcétera.

La ideología inconsciente se va desarrollando en nuestra interioridad, en nuestras primeras experiencias vitales en relación con nosotros mismos, con nuestros padres, con la otredad y con la sociedad. Básicamente, una ideología sustentada real y simbólicamente en la vida o una ideología de muerte, una psicopatía de valores. La transformación de la agresividad destructiva en creativa -Tánatos terapéutico- representa la liberación del hombre del eterno retorno de lo mismo.

Lo ético implica responsabilizarse por el destino de sí mismo y de los otros. El conflicto traduce una incompatibilidad entre estados o valores en un sistema social. Existe un punto de vista positivo del conflicto: como desafío intelectual y emocional y como una de las fuerzas más motivadoras de nuestra existencia, como causa y consecuencia de cambio, como un elemento necesario en la vida social y como aire para la vida humana.

La política marca significativamente las realidades psíquicas de quienes sufren colectiva e individualmente. Debería ser un mundo de valores y tradiciones compartidas al servicio del bien común.

No podemos llegar a generalizaciones ni a conclusiones absolutistas. Nuestra percepción de la realidad no va a ser neutral. Reconocer esto nos conduce a un intento de neutralidad posible aunque no ideal, indispensable para fundar el respeto de la otredad, para sentar las bases de una sociedad en la que los valores sean la libertad y el respeto por el otro.

Considero que la psicopatología política y social es mucho más severa y trascendente que la individual. La mejor comprensión de la naturaleza humana, de sus motivaciones y la aceptación de que existen procesos mentales inconscientes que se manifiestan en la vida cotidiana sería un aporte al estudio del pensamiento político.

 

Por el otro lado los que denuncian..

El denunciante anónimo y su protección

En la actualidad, el sistema normativo y el conjunto de instituciones que se dedican al control de la corrupción no favorecen que el servidor público, testigo o cómplice de irregularidades o actos de corrupción, lleve a cabo una denuncia ante autoridades que sean competentes y efectivas para el control de corrupción. Tampoco facilitan que el denunciante le dé seguimiento como parte interesada en el procedimiento para apoyar la integración del expediente al aportar pruebas y testimonios y eventualmente denuncie la ineficacia de las instancias de investigación ante las cuales denunció. Por el contrario, el sistema legal e institucional vigente desincentiva la denuncia, tanto anónima (pues no genera resultados efectivos) como nominativa, pues además de no garantizar resultados, genera al valiente que se atrevió a llevar a cabo la denuncia, altos costos por represalias por parte del sistema. Las redes actuales de complicidad en la corrupción generan una colusión involuntaria por parte de servidores públicos honestos e íntegros, a los que habría que invitar a denunciar en condiciones de protección adecuada.

La propuesta legislativa busca atender dichas deficiencias, al favorecer e incluso premiar al servidor público que se atreva, así sea en forma anónima, a denuncias irregularidades y actos de corrupción, y garantizar al mismo tiempo su debida protección, tanto en el plano personal como profesional.

Capítulo sobre la protección de servidores públicos que denuncian actos irregulares o de corrupción
De la denuncia anónima

- El denunciante anónimo es un servidor público o cualquier persona que tenga contacto o relación por cualquier motivo con la administración pública y que, en atención a los principios de la honestidad administrativa y la imparcialidad en la actuación gubernamental, y para contribuir a favor de la lucha contra la corrupción asume, en condiciones de protección de su identidad, la valerosa tarea de señalar actos irregulares, con la finalidad de que las autoridades competentes investiguen y procedan consecuentemente.

- La denuncia anónima se hará acompañar de cualquier información que pudiera aportar elementos para demostrar que un acto irregular fue cometido, está por ser perpetrado o le fue comunicado al denunciante para pedirle su participación; el denunciante anónimo identificará los actos irregulares y, en la medida de lo posible, la forma como las autoridades competentes puede allegarse de pruebas en el curso de las investigaciones; podrá señalar testigos, aportar indicios, constancias y pruebas en el proceso.
- El denunciante anónimo podrá fungir como parte interesada en la denuncia y por tanto, podrá impugnar los resultados de la investigación derivada de su denuncia.

- Para garantizar la equidad procesal, la identidad del denunciante, la identidad de las personas acusadas, de los testigos y los presuntos autores de actos irregulares deberá ser protegida en el marco de una denuncia anónima.

- Toda información acopiada, integrada al expediente que se sustancie y relacionada con una denuncia anónima estará clasificada en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

- En los casos en los que, tras la denuncia anónima, se concluya que un acto irregular se cometió efectivamente, procederá la publicidad en los términos de la LFTAIPG en lo que se refiere a las irregularidades y sus presuntos responsables, entre los que podría estar el servidor público o la persona que actuó como denunciante anónimo. No obstante, la identidad del denunciante anónimo como denunciante será protegida como información confidencial, por lo que sólo será comunicable a terceros con la previa autorización por escrito del denunciante.

- La denuncia anónima que derive en la preservación del patrimonio público o su recuperación podrá generar recompensas para sus promotores.

- Se entiende por denuncia anónima la que se encuadra en esta ley y se dirige a las autoridades competentes de llevar a cabo las investigaciones en los términos que procedan; no se entenderá como denuncia anónima en el marco de esta ley la que se publique o divulgue en medios de información en forma anónima (a través de filtraciones a los medios de comunicación, por ejemplo).
Condiciones para la denuncia anónima

La persona que haga una denuncia en el marco de esta ley:

- Comunicará únicamente los datos y contenidos de información razonablemente necesarios para integrar la denuncia.

- Identificará las fuentes de información –incluyendo personas- o sitios que pudieran proporcionar pruebas, indicios o constancias necesarias para la investigación.

- Seguirá las reglas y procedimientos relativos al acceso, tratamiento, conservación y comunicación de información, datos y documentos.

- Se abstendrá de emitir declaraciones falsas, tergiversadas o engañosas, desorientar u obstaculizar las investigaciones, destruir, modificar, falsificar o esconder evidencia, pruebas o constancias.
- Realizará su denuncia anónima bajo juramento escrito y protesta de decir verdad y tras manifestar por escrito que tiene pleno conocimiento de las penas en las que incurre quien miente deliberadamente ante autoridad competente.

- Las personas que pudieran fungir como testigos en el procedimiento gozarán de la protección prevista en esta ley para los denunciantes anónimos; su participación en el procedimiento será libre.
 

Protección del denunciante anónimo
 

- Quedan prohibidas las represalias en contra del denunciante anónimo, así como instigar u ordenar su ejercicio.

- La persona que tenga motivos razonables para creer que ha sido víctima de represalias por la sospecha de que sea un denunciante anónimo o porque lo haya sido, podrá quejarse ante las autoridades competentes, dentro de los 45 días hábiles a partir de que el quejoso tuvo conocimiento o evidencia de la represalia.

- La indagación relativa a la queja por represalia se llevará a cabo sin formalismos y con la mayor celeridad.

- Los servidores públicos quedan obligados a proporcionar toda la información solicitada por la autoridad investigadora de la queja de represalia; la falta de colaboración es causa de responsabilidad administrativa.

- Los procesos de investigación o escrutinio del personal, evaluación, reubicación, suspensión, remoción o cualquier movimiento de personal que hayan iniciado antes de una denuncia anónima no se asumirán como represalias por una denuncia anónima, salvo las autoridades investigadoras tengan pruebas contundentes sobre el caso.

- En caso de determinarse que se efectuaron represalias ante la denuncia anónima, los servidores públicos responsables deberán, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en las que hubieren incurrido, tomar las medidas necesarias para la reparación de los daños al quejoso.

- La resolución sobre la queja por represalias podrá ser impugnada por el quejoso ante las instancias de revisión previstas en la ley.
  Espero te sirva,,,

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR LA INFO !!!!