El «Proyecto Juicio Final» y los eventos profundos: el asesinato de JFK, el Watergate, el Irangate y el 11 de septiembre.

La actual descomposición de Estados Unidos en términos de disparidades de ingresos y de desigualdad en materia de riqueza, o de su militarización y su creciente tendencia belicista, ha sido objeto de muchos análisis. Mi enfoque en este ensayo tiene, a mí entender, un carácter inédito: consiste en señalar que las disparidades en materia de ingresos –dicho de otra forma, la «plutonomía»–, al igual que las tendencias guerreristas de Estados Unidos han sido considerablemente favorecidas por lo yo que llamo eventos profundos.

Es necesario comprender que las disparidades en materia de ingresos en la economía estadounidense no son fruto de una acción de las fuerzas empresariales independiente de la intervención política. Por el contrario, esas desigualdades fueron en gran parte engendradas por un proceso político continuo y deliberado que data de los años 1960 y 1970 –periodo durante el cual los individuos más ricos del país temían perder el control de este.

En aquella época, en su memorándum de 1971, el futuro juez de la Corte Suprema Lewis Powell advirtió que la supervivencia del sistema de libre empresa dependía de «la planificación y la aplicación cuidadosas, a largo plazo» de respuestas ampliamente financiadas contra las amenazas que representaba la izquierda [3]. Aquella advertencia engendró una violenta ofensiva de la derecha, coordinada por varios círculos de reflexión y generosamente financiada por un pequeño grupo de fundaciones familiares [4].
Hay que tener presente que todo aquello respondía al surgimiento de graves motines en Newark, Detroit y otras ciudades, y que la izquierda lanzaba por entonces un creciente número de llamados a la revolución (tanto en Europa como en Estados Unidos). He de concentrarme aquí en la respuesta de la derecha y en el papel de los eventos profundos en la facilitación de dicha respuesta.

La verdadera importancia del Manifiesto Powell residía no tanto en el documento en sí como en el hecho de que se redactó a pedido de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, uno de los grupos de presión más influyentes y más discretos. Por otra parte, aquel memorándum era sólo un síntoma entre tantos de que una guerra de clases estaba tomando forma en los años 1970, un proceso más amplio que venía desarrollándose tanto dentro del gobierno como fuera del mismo (y que incluía lo que Irving Kristol calificó de «contrarrevolución intelectual» y que llevó directamente a la autoproclamada «Revolución Reagan» [5].

Resulta evidente que aquel proceso más amplio se desarrolló durante prácticamente 5 décadas, mientras que la derecha inyectaba miles de millones de dólares en el sistema político de Estados Unidos. Lo que quiero demostrar aquí es que los eventos profundos también fueron parte integrante de estos esfuerzos de la derecha, desde el asesinato de John F. Kennedy hasta los atentados del 11 de septiembre.
El resultado del 11 de septiembre fue la aplicación de planes para la «continuidad del gobierno» (COG, sigla correspondiente a «Continuity of Government»), que fueron calificados en las audiencias de Oliver North sobre el escándalo Irangate, en 1987, como planes preparatorios para «la suspensión de la Constitución de los Estados Unidos». Estos planes de la COG, elaborados en base a planificaciones anteriores, fueron meticulosamente desarrollados desde 1982 en el marco de lo que ha dado en llamarse el Proyecto Juicio Final (Doomsday Project) por un equipo secreto nombrado por Reagan. Dicho equipo se componía de personalidades públicas y también privadas, entre las que se encontraban Donald Rumsfeld y Dick Cheney.

Trataré de probar que, bajo esa perspectiva, el 11 de septiembre no fue otra cosa que el resultado de una secuencia de eventos profundos que se remonta al asesinato de Kennedy, o incluso a una época anterior, y que los inicios del Proyecto Juicio Final están presentes en cada uno de ellos.

Para ser exacto, sobre estos eventos profundos, trataré de demostrar:

 1) que en el seno de la CIA y de otras agencias similares (estadounidenses) hubo comportamientos malintencionados que contribuyeron al asesinato de Kennedy y a los atentados del 11 de septiembre;

 2) que las consecuencias de cada evento profundo incluyeron un recrudecimiento del poder represivo autoritario a favor de esas agencias, en detrimento del poder democrático persuasivo; [6]

 3) que existen coincidencias sintomáticas en la presencia de ciertos individuos entre los autores de estos diferentes eventos profundos;

 4) que se observa en cada uno de esos eventos la implicación de elementos vinculados al tráfico internacional de drogas –lo cual sugiere que nuestra actual «plutonomía» es también, en cierta medida, una «narconomía»;

 5) que tras cada uno de esos eventos se puede observar la presencia del Proyecto Juicio Final (cuyo papel se hace cada vez más importante con el paso de los años), o sea de la estructura alternativa de planificación de urgencia que dispone de sus propias redes de comunicación y opera como una red de la sombra al margen de los canales gubernamentales normales.

Los comportamientos burocráticos malintencionados como factor que contribuyó al asesinato del presidente John F. Kennedy y a la realización de los atentados del 11 de septiembre

El asesinato del presidente John F. Kennedy y los atentados del 11 de septiembre fueron facilitados por la forma como la CIA y el FBI manipularon sus propios expedientes sobre los presuntos autores de cada uno de esos hechos (Lee Harvey Oswald, en lo que llamaré el caso JFK, y los presuntos piratas aéreos Khaled al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi, en los atentados del 11 de septiembre). La decisión tomada el 9 de octubre por Marvin Gheesling, un agente del FBI, de borrar a Oswald de la lista de vigilancia del FBI es parte de esa facilitación. Esa decisión se aplicó después del arresto de Oswald en Nueva Orleáns, en agosto de 1963, y de su posterior viaje a México en septiembre. Es evidente que ambos hechos deberían haber convertido a Oswald en candidato a una vigilancia reforzada [7].

Ese comportamiento malintencionado constituye un paradigma si lo asociamos con las acciones de otras agencias, en particular con las de la CIA, en el caso JFK y en el 11 de septiembre. En efecto, el comportamiento de Gheesling va claramente en el sentido de un ocultamiento culposo de información por parte de la CIA, durante el propio mes de octubre [de 1963] –información que ocultó al FBI y según la cual Oswald se había reunido en México con Valery Kostikov, un presunto agente del KGB [8]. Ese ocultamiento contribuyó también a garantizar que Oswald no estuviese bajo vigilancia.

En efecto, el ex director del FBI Clarence Kelley se quejó en sus memorias de que la retención de información por parte de la CIA fue la principal razón que explicaba por qué Oswald no estaba bajo vigilancia el 22 de noviembre de 1963 [9]. La provocación de la Inteligencia Militar en 1963 fue más alarmante aún. En efecto, no contenta con retener información sobre Lee Harvey Oswald, una de sus unidades fabricó incluso datos falsos de inteligencia que parecían destinados a provocar una respuesta [militar] contra Cuba.

Yo califico ese tipo de provocaciones como cuentos primarios, en este caso se trata de intentos de describir a Oswald como un conspirador comunista (todo lo contrario de los posteriores cuentos secundarios, igualmente falsos, que lo describen como un rebelde solitario). Un cable del mando del IV ejército, con sede en Texas, puede ser considerado un revelador ejemplo de cuento primario. Recoge una información proporcionada por un policía de Dallas que era también miembro de una unidad de reserva de la Inteligencia Militar:

«El primer asistente Don Stringfellow, [de la] sección de Inteligencia, Departamento de Policía de Dallas, notificó al 112º Grupo INTC [de inteligencia], [asignado a] este cuartel general, que las informaciones obtenidas de Oswald revelaron su defección hacia Cuba en 1959 y su condición de miembro del Partido Comunista, del que posee un carnet.» [10]

El 22 de noviembre [de 1963, día del asesinato de JFK], aquel cable fue enviado directamente al Mando estadounidense de Ataques Militares, en Fort MacDill, Florida, la base preparada para desatar un posible ataque de represalia contra Cuba [11].

Aquel cable no era tan sólo una aberración aislada. Contaba con el respaldo de otros falsos cuentos primarios provenientes de Dallas sobre el fusil que supuestamente había utilizado Oswald. Aquellas historias falsas se basaban en particular en una serie de traducciones erróneas del testimonio de Marina Oswald. El objetivo de aquellas falsificaciones era sugerir que el fusil de Oswald en Dallas era un arma que había conseguido en Rusia [12].

Estos últimos informes falsificados sobre Marina Oswald, aparentemente no relacionados con los anteriores, pueden sin embargo llevarnos de regreso a la 488ª unidad de reserva de la Inteligencia Militar, a la que pertenecía Don Stringfellow [13]. Ilya Mamantov, el intérprete que proporcionó inicialmente la falsa traducción de los testimonios de Marina Oswald, fue escogido por Jack Crichton, un magnate del petróleo de Dallas, y por George Lumpkin, el director adjunto de la policía de la misma ciudad [14]. Crichton y Lumpkin eran [respectivamente] el jefe y el primer adjunto de la 488ª unidad de reserva de la Inteligencia Militar [15]. Dentro del círculo de petroleros de Dallas, Crichton era también un simpatizante de la extrema derecha: administrador de la Fundación H.L. Hunt, fue además miembro del Comité Américano de Ayuda a los Combatientes de la Libertad de Katanga (American Friends of the Katanga Freedom Fighters), organización de oposición a las políticas de Kennedy con respecto al Congo.

Es importante tener en mente que ciertos miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor [JCS, siglas correspondientes a Joint Chiefs of Staff] estaban extremadamente irritados porque la crisis de los misiles de 1962 no había desembocado en una invasión contra Cuba. Por otro lado, en mayo de 1963 y bajo la dirección de su nuevo jefe, el general Maxwell Taylor, la JCS seguía convencido de que «una intervención militar de Estados Unidos en Cuba [sería] necesaria» [16]. Habían pasado 6 meses desde el momento en que Kennedy ofreciera garantías explícitas a Jruschov para la solución de la crisis de los misiles, en octubre de 1962, asegurándole que Estados Unidos no invadiría Cuba –garantías que sin embargo dependían de importantes condiciones [17].

Aquellas garantías presidenciales no impidieron que el J-5 de la Junta de Jefes de Estado Mayor (el J-5 es la Dirección de Planificación y Políticas de la JCS) elaborara una lista de de «provocaciones fabricadas para justificar una intervención militar» [18]. (Uno de los ejemplos de «provocaciones fabricadas» incluía «utilizar aviones del tipo MiG piloteados por aviadores estadounidenses para […] atacar barcos mercantes o el ejército de Estados Unidos».) [19]

Las mentiras sobre Oswald que emanaban de Dallas fueron lanzadas inmediatamente después del asesinato [de JFK], por lo tanto no bastan para probar que el asesinato haya sido un complot que implicara engaño y provocación. Sí son reveladoras, en cambio, del sentimiento anticastrista que prevalecía en la 488ª unidad de reserva de la Inteligencia Militar en Dallas, y nos confirman que aquel estado de ánimo era llamativamente similar al que existía en el J-5 en el mes de mayo de 1963 –o sea, se trataba del estado de ánimo que produjo una lista de «provocaciones fabricadas» para justificar un ataque contra Cuba. (Según Crichton, «[la 488ª unidad de reserva] contaba con un centenar de hombres, de los cuales unos 40 o 50 provenía del Departamento de Policía de Dallas.») [20]

Estos comportamientos malintencionados en el seno de las burocracias de la CIA, del FBI y del ejército –las tres agencias con las que Kennedy había tenido serios desacuerdos durante su trunca presidencia [21]– difícilmente pueden explicarse invocando la simple casualidad. Más adelante demostraré, en este mismo artículo, la existencia de un vínculo entre el petrolero de Dallas Jack Crichton y la planificación de crisis de 1963, que se convirtió en el Proyecto Juicio Final.

El mismo tipo de comportamiento malintencionado se produce en el seno de la burocracia alrededor del 11 de septiembre

En 2000 y 2001, antes del 11 de septiembre, la CIA volvió a abstenerse de comunicar al FBI la existencia de importantísimas pruebas –informaciones que, de haber sido compartidas, habrían llevado al FBI a vigilar a Khaled al-Mihdhar y a Nawaz al-Hazmi, dos de los presuntos piratas aéreos. Debido a esta importante retención de información un agente del FBI predijo con toda exactitud, en agosto de 2001, que «un día habrá gente que pierda la vida» [22]. Después del 11 de septiembre, otro agente del FBI declaró, refiriéndose a la agencia: «Ellos [la CIA] no querían que el Buró se metiera en sus asuntos –es por eso que no dijeron nada al FBI. […] Y es por eso que se produjo el 11 de septiembre. Es por eso que se produjo ese hecho. […] Ellos tienen las manos manchadas de sangre. Son responsables de la muerte de 3,000 personas.» [23] En este caso, la retención de información crucial antes del 11 de septiembre –[información] que la agencia estaba obligada a transmitir al FBI en virtud de sus propias reglas– era comparable a las disimulaciones de la NSA [24].

En otras palabras, sin esas retenciones de pruebas, ni el asesinato de Kennedy ni el 11 de septiembre hubiesen podido concretarse como lo hicieron. Como yo mismo señalo en mi libro American War Machine, tal parece como si en un momento dado

«Oswald, y más tarde Al-Mihdhar, hubieran sido preseleccionados como sujetos designados para una operación. El objetivo inicial no sería obligatoriamente cometer un crimen contra Estados Unidos. Por el contrario, probablemente se actuó para preparar a Oswald en relación con una operación contra Cuba y a al-Mihdhar para una operación contra Al-Qaeda [como yo mismo sospecho]. Pero a medida que los mitos [los que era posible explotar] comenzaban a acumularse alrededor de esos dos personajes, se hacía posible que individuos mal intencionados lograran subvertir la operación autorizada convirtiéndola en un sangriento plan cuya existencia misma se escondería después. Ya en ese punto, Oswald (y por analogía al-Mihdhar) dejaba de ser un simple sujeto designado para convertirse también en un culpable designado.» [25]

Kevin Fenton llega a la misma conclusión sobre el 11 de septiembre en su libro, muy completo, titulado Disconnecting the Dots [«Sembrando la confusión»]. O sea que «a partir del verano de 2001, el objetivo de la retención de información era permitir el desarrollo de los ataques» [26].
Kevin Fenton identificó también al principal responsable de ese comportamiento administrativo malintencionado: el oficial de la CIA Richard Blee, director de la Unidad ben Laden de la CIA. Cuando Clinton todavía era presidente, Blee había sido miembro de una facción de la CIA que militaba activamente por una implicación más belicista de la CIA en Afganistán, de conjunto con la Alianza del Norte afgana [27]. Esos proyectos se concretaron inmediatamente después del 11 de septiembre, y el propio Blee fue ascendido al rango de jefe de estación [de la CIA] en Kabul [28].

Como la retención de pruebas por parte de la CIA y la NSA en el segundo incidente del golfo de Tonkín contribuyó a desatar la guerra contra Vietnam del Norte

Ahorraré a los lectores del presente artículo los detalles de esta retención de información, ya ampliamente explicada en mi libro American War Machine (que saldrá a la venta en francés en agosto de 2012). El incidente del golfo de Tonkín es, sin embargo, comparable al asesinato de Kennedy y al 11 de septiembre ya que la manipulación de pruebas contribuyó a poner a Estados Unidos en el camino de la guerra (muy rápidamente en ese caso).

Hoy en día, historiadores como Fredrik Logevall están de acuerdo con la evaluación del subsecretario de Estado George Ball, según la cual la misión de los navíos de guerra estadounidenses en el golfo de Tonkín –que acabó dando lugar a los incidentes– «tenía un carácter esencialmente provocador» [29]. La planificación de aquella misión provocadora venía del J-5 de la Junta de Jefes de Estado Mayor [JCS], el mismo equipo que había estimado en 1963, en el caso de Cuba, que «la fabricación de una serie de provocaciones tendientes a justificar una intervención militar [era] realizable» [30].

La disimulación de la verdad por parte de la NSA y de la CIA, el 4 de agosto de 1964, se produjo en un contexto marcado por una voluntad confesa (pero controvertida), en los más altos niveles del Estado, de atacar Vietnam del Norte. En este aspecto, el incidente del golfo de Tonkín es notoriamente similar a la disimulación de la verdad –por parte de la CIA y de la NSA– que condujo directamente al 11 de septiembre, en momentos en que también existía una voluntad gubernamental de desatar la guerra (a pesar de que también en ese caso se trataba de una voluntad controvertida).

Ese cambio contribuyó también al caos y los actos de violencia ocurridos en 1968 durante la Convención Demócrata de Chicago. Agentes de vigilancia de la Inteligencia Militar asignados al Servicio Secreto operaban entonces dentro y fuera de la sala de reuniones. Varios de aquellos agentes equiparon a los «gamberros de la Legion of Justice, como la Chicago Red Squad [que] cometió actos de brutalidad contra los grupos antibelicistas locales» [4].

Fue así como los nuevos poderes secretos conferidos después del asesinato de Robert Kennedy propiciaron el catastrófico desorden de la Convención de Chicago, que prácticamente destruyó el viejo Partido Demócrata representante de los sindicatos. Los tres presidentes demócratas elegidos después de aquello fueron mucho más conservadores.

Si se aborda la cuestión del Watergate o del Irangate, ambos hechos constituyeron en cierta medida no una extensión sino un retroceso de los poderes represivos que ejercían Richard Nixon y la Casa Blanca de Reagan.
Aunque de forma superficial, es cierto que estos hechos dieron lugar a reformas legislativas que parecen contradecir mi tesis de la extensión de la represión.

Pero hay que puntualizar bien la diferencia entre, de un lado, la fase inicial del Watergate (la efracción) y los dos años de crisis registrados como consecuencia de ese acto malintencionado. La crisis del Watergate mostró a un presidente obligado a dimitir por la conjunción de numerosas fuerzas, en las que se incluían simultáneamente liberales y conservadores. Pero los personajes fundamentales de la primera fase del Watergate –Howard Hunt, James W. McCord, G. Gordon Liddy y sus aliados cubanos– se situaban todos muy a la derecha de Nixon y de Kissinger. Y el resultado de sus maquinaciones no se concretó hasta el momento de lo que se dio en llamar la Masacre de Halloween, en 1975, cuando Henry Kissinger fue expulsado de su puesto de consejero para la Seguridad Nacional y se le comunicó al vicepresidente Nelson Rockefeller que quedaría al margen de la candidatura republicana en 1976. Esa importante reorganización fue planeada por otros dos personajes anclados muy a la derecha: Donald Rumsfeld et Dick Cheney, por entonces miembros de la Casa Blanca de Gerald Ford. [5]

Aquel día de 1975 se concretó la derrota final de la facción llamada «Rockefeller» –o facción liberal– del Partido Republicano. Fue reemplazada por la facción conservadora llamada «Goldwater-Casey», que rápidamente lograría apoderarse de la candidatura presidencial y luego de la función suprema a través de Ronald Reagan [6]. Esta revolución palaciega poco conocida, al igual que otras intrigas que se produjeron a mediados de los años 1970, contribuyó al cambio en Estados Unidos: este país pasó así de ser una economía capitalista de bienestar, que reducía paulatinamente las disparidades en materia de ingresos y de riqueza, a ser una «plutonomía» financiarizada en la que se invertían las tendencias anteriores [7].

A través del Irangate (tambíen conocido como el escándalo Irán-Contras), nuevamente constatamos la acumulación cada vez más creciente de poderes represivos encubiertos bajo reformas liberales. En esta época, no sólo la prensa sino también los profesores e investigadores universitarios –entre ellos yo mismo– celebraron el fin del respaldo [estadounidense] a los contras en Nicaragua, así como el éxito del proceso de paz de Contadora. En cambio, lo que generalmente no se supo fue que, aunque el teniente coronel Oliver North había sido excluido del Proyecto Juicio Final, los planes de ese programa que preparaban la vigilancia, las detenciones arbitrarias así como la militarización de Estados Unidos siguieron extendiéndose después de su partida [8].

Tampoco se vio el hecho que el Congreso de los Estados Unidos, a pesar de reducir su ayuda a un pequeño ejército narcofinanciado vinculado a la CIA, estaba desarrollando en Afganistán un creciente apoyo a una coalición mucho más grande de fuerzas paramilitares aliadas a la propia CIA y financiadas a través de la droga [9]. Si bien el Irangate permitió que se supiera sobre los 32 millones de dólares que Arabia Saudita había entregado a los Contras (a pedido del director de la CIA William Casey), nada se supo sobre los 500 millones de dólares (probablemente más) que los mismos sauditas, también a pedido de Casey, habían entregado en aquella misma época a los muyahidines afganos [10]. En ese sentido, el dramatismo utilizado al presentar el Irangate en el Congreso puede ser considerado como un engañoso montaje que desvió la atención del público de la implicación, mucho más importante, de Estados Unidos en Afganistán –una política secreta que ha evolucionado desde entonces para convertirse en la guerra más larga de toda la historia de los Estados Unidos.

Si ampliamos nuestra visión del caso Irán-Contras, veremos que en realidad se trata del caso Irán-Contras-Afganistán. Tendríamos que admitir entonces que, a través de ese evento profundo complejo y mal conocido, la CIA recuperó en Afganistán la capacidad paramilitar que el almirante Stansfield Turner había tratado de quitarle cuando ocupó el cargo de director de la agencia, bajo la administración Carter. Fue, en resumen, una victoria para una facción que se componía de individuos como Richard Blee, el protector de al-Mihdhar y defensor en el año 2000 de una intensificación de las actividades paramilitares de la CIA en Afganistán [11].

La presencia reiterada de ciertos individuos en los eventos profundos sucesivos

Nunca olvidaré la primera plana del New York Times del 18 de junio de 1972, el día siguiente a la efracción del hotel Watergate. Allí estaban las fotos de los individuos que se habían introducido en el inmueble, incluyendo la de Frank Sturgis (alias «Fiorini»). Yo había escrito anteriormente sobre este individuo, cerca de 2 años antes, en el manuscrito de mi libro (que nunca se publicó) sobre el asesinato de JFK, La Conspiración de Dallas (The Dallas Conspiracy).

Sturgis no era un tipo cualquiera. Ex contratista de la CIA, contaba además con amplios contactos en el medio de los ex propietarios de casinos de La Habana, todos vinculados al hampa [12]. Mis primeros escritos sobre el caso Kennedy se concentraron en los vínculos entre Frank Sturgis y un campo de entrenamiento de anticastristas cubanos cercano a Nueva Orleáns, en cual Oswald había mostrado interés. También abordaban la implicación de Sturgis en falsos cuentos primarios que describían a Oswald como participante en una conspiración comunista cubana [13].

En 1983, cierto número de cubanos miembros del ejército particular de Manuel Artime, respaldado por la CIA en Centroamérica, ayudaron a Sturgis en la propagación de aquellos cuentos primarios. En 1965, la base de Artime en Costa Rica fue cerrada, supuestamente debido a su implicación en el tráfico de droga [14]. Durante los años 1980, algunos de aquellos exilados cubanos estuvieron implicados en actividades de apoyo a los contras [Los “contras” eran los miembros de las bandas contrarrevolucionarias que Estados Unidos financiaba con el tráfico de drogas para utilizarlos en su guerra sucia contra el gobierno sandinista nicaragüense. NdT.] a través del tráfico de droga [15].

El mentor político del MRR (Movimiento de Recuperación Revolucionaria) de Manuel Artime era Howard Hunt, uno de los organizadores de la operación del Watergate. En 1972, será Artime quien pagará la fianza de los cubanos que se habían introducido en el Watergate. Ramón Milián Rodríguez, un individuo que se dedicaba al lavado del dinero de la droga, declaró haber entregado a varios de los cubanos del Watergate 200,000 dólares provenientes de Artime. Rodríguez dirigió posteriormente dos empresas costarricenses de mariscos –Frigoríficos y Ocean Hunter– que blanqueaban el dinero de la droga para prestar apoyo financiero a los contras [16].

También se dijo que Howard Hunt y James McCord habían estado implicados en los planes de Artime para invadir Cuba, en 1963 [17]. No creo que sea por casualidad que Artime, el protegido de Hunt, se metió en el tráfico de droga. Como ya expliqué por otro lado, Hunt manejaba una conexión de narcóticos en Estados Unidos desde que fue, en 1950, jefe de misión de la OPC (Oficina de Coordinación Política, siglas en inglés) en México [18].

Pero James McCord, quien será posteriormente el cómplice de Howard Hunt y de G. Gordon Liddy en la preparación y ejecución de la efracción del Watergate, no sólo se había distinguido por sus actividades anticastristas en 1963. También era miembro de la red de planificación de crisis de Estados Unidos, que más tarde ocupará un lugar central tras el Irangate y el 11 de septiembre. McCord era miembro de una pequeña unidad de reserva de la fuerza aérea estadounidense en Washington, unidad dependiente de la Oficina de Preparación para Crisis (OEP, siglas de Office of Emergency Preparedness). Aquella unidad estaba encargada «de confeccionar la lista de extremistas y de organizar planes de urgencia para censurar los medios de prensa y el correo postal en Estados Unidos en periodo de conflicto armado» [19]. Su unidad formaba parte del Programa de Seguridad de la Información en Tiempo de Guerra (WISP, siglas de Wartime Information Security Program) que tenía la responsabilidad de activar «los planes de urgencia para imponer la censura de la prensa, de los correos y de todas las telecomunicaciones (incluyendo las comunicaciones gubernamentales), así como para encerrar de forma preventiva a los civiles que representen «riesgos securitarios» poniéndolos en «campos militares» [20]. En otras palabras, se trata de los mismos planes identificados en los años 1980 bajo la denominación de Proyecto Juicio Final –los planes de Continuidad del Gobierno (COG, siglas de Continuity of Government) en los que trabajaron Dick Cheney y Donald Rumsfeld han venido trabajando de conjunto durante los 20 años anteriores al 11 de septiembre de 2001.

El Proyecto Juicio Final y la COG, denominador común de los eventos profundos estructurales

La participación de James McCord en un sistema de planificación de urgencias encargado de [censurar] las telecomunicaciones sugiere [la existencia de] un denominador común tras prácticamente todos los eventos profundos que estudiamos. Oliver North –en la organización del Irán-Contras, Oliver Nort era el hombre de confianza del tándem Reagan-Bush dentro de la Oficina de Preparación para Crisis (OEP)– estuvo implicado también en ese tipo de planificación, y tenía acceso a la red nacional supersecreta de comunicación del Proyecto Juicio Final.
La red de North, conocida con el nombre de Flashboard, «excluía a los demás funcionarios que tenían puntos de vista opuestos […] [y] disponía de su propia red informática mundial dedicada al antiterrorismo, […] a través de la cual sus miembros podían comunicarse exclusivamente entre sí y con sus colaboradores en el extranjero» [21].

Oliver North y sus superiores utilizaron Flashboard en operaciones especialmente sensibles, que debían permanecer secretas para los demás miembros –sospechosos u hostiles– de la administración de Washington.
Dichas operaciones incluían entregas ilegales de armas a Irán y otras actividades, algunas de las cuales siguen siendo hoy desconocidas, que incluso pueden haber tenido como blanco la Suecia de Olof Palme [22].
Flashboard, la red de urgencia de los años 1980 en Estados Unidos, era en 1984 y 1986 el nombre que identificaba la red operativa de la COG [Continuidad del Gobierno]. Dicha red fue planificada en secreto durante 20 años por un equipo que incluía a Dick Cheney y Donald Rumsfeld, y su costo total fue de varios miles de millones de dólares. El 11 de septiembre de 2001, los dos hombres que desde hacía tanto tiempo la habían planificado volvieron a activarla [23].

Ya en 1963 se perciben indicios del Proyecto Juicio Final, cuando Jack Crichton, jefe de la 488ª unidad de reserva de la Inteligencia Militar, participó en él, en su condición de jefe de inteligencia para la Protección Civil de Dallas, desde el Centro Subterráneo de Operaciones de Urgencia. Russ Baker cuenta que «dado que debía permitir garantizar la “continuidad del gobierno” en caso de ataque, [el centro] había sido enteramente equipado con material de comunicación» [24]. Un discurso pronunciado en la inauguración del centro, en 1961, proporciona más detalles:

«Este Centro de Operaciones de Urgencia forma parte del Plan Nacional tendiente a conectar las agencias gubernamentales federales, provinciales y locales a través de una red de comunicación a partir de la cual será posible dirigir las operaciones de salvamento en caso de urgencia local o nacional. Es parte esencial del Plan operacional de supervivencia, tanto a nivel federal como provincial y local.» [25]

En otras palabras, Jack Crichton, al igual que James McCord, Oliver North, Donald Rumsfeld y Dick Cheney después de él, formaba parte de lo que en los años 1980 se llamó Proyecto Juicio Final. Pero el objetivo de ese programa se amplió considerablemente en 1988: ya no se trataba sólo de prepararse para un ataque nuclear, sino de planificar la suspensión efectiva de la Constitución de los Estados Unidos ante cualquier tipo de urgencia nacional [26]. Este cambio, introducido en 1988, permitió la aplicación de la COG el 11 de septiembre de 2001. Hasta aquel momento, el Proyecto Juicio Final se había desarrollado hasta convertirse en lo que el Washington Post llamó «un gobierno de la sombra que ha evolucionado basándose en “planes de continuidad de las operaciones” preparados desde hace mucho tiempo atrás» [27].

Está claro que la Oficina de Preparación para Crisis (la OEP, conocida entre 1961 y 1988 bajo el nombre de Oficina para la Planificaron de Urgencias) nos proporciona un denominador común a la hora de identificar a los personajes claves que se hallan tras prácticamente todos los hechos estructurales analizados en este artículo. Queda mucho camino por recorrer antes de que se logre comprobar si la propia OEP (además de los individuos aquí mencionados) fue el origen de alguno de esos hechos. Creo, sin embargo, que las redes alternativas de comunicaciones internas de la OEP (que más tarde serán incorporadas al Proyecto 908) han desempeñado un papel significativo al menos en 3 eventos profundos: el asesinato de John F. Kennedy, el Irangate y el 11 de septiembre.

Lo anterior se demuestra fácilmente en el caso del 11 de septiembre, donde ya se sabe que Dick Cheney aplicó los planes de Continuidad del Gobierno del Proyecto Juicio Final el 11 de septiembre de 2001, incluso antes de que se estrellara el último de los 4 aviones secuestrados [28]. La Comisión Investigadora sobre el 11 de septiembre fue incapaz de encontrar los registros que hubiesen permitido reconstruir las principales decisiones que tomó Cheney aquel día, lo cual parece indicar que dichas decisiones sólo pudieron elaborarse a través del «teléfono seguro» situado en el túnel que conduce al bunker presidencial –tan secreto que la Comisión Investigadora sobre el 11 de septiembre nunca pudo obtener las grabaciones telefónicas [29]. Probablemente se trataba de un teléfono del programa de la COG.

En realidad no se sabe si el «teléfono seguro» del túnel de la Casa Blanca pertenecía al Servicio Secreto o si, como cabe esperar, era parte de la red segura de la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca (WHCA, siglas de White House Communications Agency). De ser correcta la segunda hipótesis nos encontraríamos entonces ante una importante similitud entre el 11 de septiembre y el asesinato del presidente Kennedy. En efecto, la WHCA afirma en su sitio web que dicha agencia fue «un elemento clave en la documentación sobre el asesinato del presidente Kennedy» [30].
Sin embargo, no resulta fácil comprender quién compiló esa documentación ya que la Comisión Warren no logró que se le diera acceso a los registros y transcripciones de la WHCA [31].

El Servicio Secreto había instalado un transmisor de radio portátil de la WHCA en el vehículo que encabezaba el cortejo presidencial [32]. Este utilizaba también la radio de la policía para mantenerse en contacto con el auto-piloto, en el que se hallaba George Lumpkin, director adjunto del Departamento de Policía de Dallas (DPD) y miembro de la 488ª unidad de reserva de la Inteligencia Militar [33].

Las grabaciones de las comunicaciones WHCA del convoy nunca fueron entregadas a la Comisión Warren, ni tampoco a la comisión sobre los asesinatos creada por la Cámara de Representantes ni al Comité de Estudio de los Archivos sobre Asesinatos [ARRB, siglas de Assassination Records Review Board] [34]. Por lo tanto, no podemos determinar si dichas grabaciones pudieran explicar algunas de las anomalías comprobadas en los dos canales del Departamento de Policía de Dallas. Por ejemplo, dichas grabaciones habrían permitido aclarar la llamada de origen desconocido que grabó la policía de Dallas. Dicha llamada proporcionó la descripción de un sospechoso exactamente de la misma estatura y el mismo peso –erróneos por demás– que aparecían en los expedientes del FBI y la CIA sobre Oswald [35].

En este año 2011, vivimos aún bajo el estado de urgencia proclamado por el presidente Bush desde el 11 de septiembre de 2001. En todo caso, ciertas disposiciones de la COG siguen en vigor, y fueron incluso reforzadas por Bush a través de la Directiva Presidencial 51 (PD-51) de mayo de 2007. El Washington Post comentaba en aquel entonces la PD-51 en los siguientes términos:

«Después de los atentados de 2001, Bush nombró un centenar de altos funcionarios civiles, entre ellos a Cheney, para que se turnaran en secreto durante varias semanas, o varios meses, en instalaciones de la COG situadas fuera de Washington, para garantizar la supervivencia de la nación. Constituyen así un gobierno de la sombra que ha evolucionado en base a ‘planes para la continuidad de las operaciones’ preparados desde hace mucho tiempo.» [36]

Es posible que este «gobierno de la sombra» haya definido los objetivos finales de los proyectos de la COG ya previstos desde hace tiempo, como por ejemplo la vigilancia sin mandato [judicial], sobre todo gracias a la Patriot Act. Las controvertidas disposiciones de esta legislación ya habían sido puestas en aplicación por parte de Cheney y de otros funcionarios, incluso mucho antes de que el proyecto de ley llegara al Congreso, el 12 de octubre de 2001 [37].
Otros proyectos de la COG que fueron puestos en práctica incluían la militarización y la vigilancia interna bajo la dirección del NORTHCOM, así como el proyecto del Departamento de Seguridad Interna llamado Endgame –un plan decenal de ampliación de los campos de detención que sólo en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2007 alcanzó un costo de 400 millones de dólares [38].

Tengo, por consiguiente, una recomendación para el movimiento Occupy, que muy justamente se rebela en contra de los excesos plutocráticos que Wall Street ha cometido durante las últimas tres décadas. Mi recomendación es llamar a que se ponga fin al estado de urgencia que se mantiene en vigor desde el año 2001. En virtud de ese estado de urgencia, desde el año 2008 una brigada de combate del ejército estadounidense se mantiene permanentemente en posición, en Estados Unidos, en parte para que esté lista «a contribuir al control de las multitudes y de disturbios sociales» [39].

Los amantes de la democracia deben hacer todo lo posible por evitar que la crisis política que actualmente se desarrolla en Estados Unidos se resuelva por la vía militar.

Yo diría, en conclusión, que desde hace medio siglo la política estadounidense ha sido influenciada y se ha visto alterada por la no-solución del asesinato de Kennedy. Según un memorándum del 25 de noviembre de 1963, redactado por el fiscal general adjunto Nicholas Katzenbach, en aquel entonces era importante convencer a la opinión pública de que «el asesino era Oswald» y de que «no había cómplices» [40]. Por supuesto, esta prioridad se hizo más importante aún después de la adopción simultánea de esas dudosas proposiciones por parte de la Comisión Warren, de las instituciones estadounidenses y de la prensa dominante.

Esta disimulación de la verdad se ha convertido desde entonces en una embarazosa prioridad para todas las administraciones posteriores, incluyendo a la actual. En ese sentido podemos citar, por ejemplo, el caso de Todd Leventhal, funcionario del Departamento de Estado –bajo la administración Obama– cuya función oficial consistía –hasta hace poco– en defender la tesis del loco solitario en respuesta a las tesis de los llamados «conspiracionistas» [41].

Si Oswald no fue un asesino solitario, no sería sorprendente que existiese un vínculo entre quienes falsificaron los informes sobre él y quienes han deformado la política de Estados Unidos en los posteriores eventos profundos, empezando por el Watergate.

Desde los eventos profundos de 1963, la legitimidad del sistema político de los Estados Unidos se ha visto atrapada en una mentira que los eventos profundos posteriores han ayudado a proteger [42].