En Brasil, los conflictos en torno a la construcción de presas son recurrentes ya que casi un 90% de la electricidad producida en el país procede de fuentes hidroeléctricas, nos manifestaron dos portavoces del MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), un movimiento que lucha por los derechos de las personas afectadas por la construcción de presas. En la mayoría de los casos, los gobiernos de turno no han otorgado indemnizaciones justas a los miles de afectados directos, además de ignorar a los miles de afectados “indirectos”, es decir, aquellos que no ven inundadas sus tierras pero que son sustancialmente perjudicados en su vida diaria (colapso de sus fuentes de trabajo, degradación de su ecosistema…).

En el caso de Belo Monte, los impactos son múltiples y algunos ya se están sintiendo, como es el caso de la desestructuración social y el colapso de servicios básicos (salud, etc.) debido a la llegada masiva de miles de personas en busca de empleo, como ha ocurrido en la ciudad de Altamira, con un aumento de mas de un 40% de la población en apenas 2 años. A su vez, los más de 8.000 trabajadores que a día de hoy están empleados en la construcción, llegaron solos, sin sus familias y esto ha provocado, en un contexto social de notable pobreza, un aumento exponencial de la prostitución.

Las pésimas condiciones laborales son otro de los puntos negativos, como nos manifestó un trabajador recién despedido. Transporte deficiente, comida en mal estado, horarios prolongados, constantes accidentes laborales han provocado huelgas espontáneas que no son acompañadas por el sindicato oficial, subordinado a la patronal. Los nuevos líderes de los sindicatos alternativos, son expulsados sistemáticamente. Esta es una situación que se repite en centenares de obras del país, según Atenágoras Lopes, representante del sector de la construcción civil del sindicato Conlutas.

La destrucción ambiental, según Oswaldo Sevá de la Universidad de Campinas, afectará a 1.500 km2 (un 33% de selva nativa), además de los impactos sociales asociados al desplazamiento de más de 20.000 personas de sus hogares. A esto hay que añadir los impactos “indirectos” por el desvío de más de 100 km del río Xingú, que afectará radicalmente la vida de poblaciones pesqueras y agrícolas y la de los pueblos indígenas que habitan en las riberas.

Cooptación

Hasta el año 2010, la resistencia de los pueblos indígenas, del MAB y de la coordinadora de movimientos sociales ‘Xingu Vivo’, consiguió frenar el proyecto. La corporación en articulación con el gobierno, cambió entonces de estrategia, optando por la cooptación masiva de diversos sectores.