A seis años de la declaración de la ley provincial antirrepresas, el río Uruguay se ve amenazado por la costrucción de una nueva represa y de una planta procesadora de celulosa. Las organizaciones ambientalistas continuan acciones para proteger los derechos a la salud y a la diversidad.
El 25 de septiembre es el sexto aniversario de la promulgación de la ley 9092 que prohíbe la construcción de nuevas represas hidroeléctricas en los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay en el territorio entrerriano. Las entidades ambientalistas con un fuerte y comprometido apoyo social fueron las promotoras de la creación de esta ley en 1997, como resultado de la lucha en contra de la construcción de la represa Paraná Medio y a favor de los ríos vivos y libres de represas. La protección del río Gualeguay se incluyó mediante una reforma en noviembre de 2002, también impulsada por el Foro Ecologista de Paraná y SOS Villaguay y otras organizaciones ambientalistas. Asimismo, la reforma establece la prohibición de modificar la altura de la represa de Salto Grande.
La ley antirrepresas -tal como se la denomina corrientemente- es única en el mundo, por lo que está siendo estudiada como modelo para proteger otros ecosistemas y pueblos del planeta.
El río Paraná Medio fue declarado Área Natural Protegida
Casi seis años después del triunfo en contra de la represa de Paraná Medio, en marzo de 2003, también fue sancionada la ley cuyo primer proyecto presentó e impulsó en 1997 el Foro Ecologista de Paraná. Se trata de la Ley Provincial de Entre Ríos que declara Área Natural Protegida al río Paraná en su sector Medio dentro de su Territorio. Además, ésta dispone que las autoridades provinciales inicien las gestiones para que sea declarado “Sitio Ramsar o Reserva de Biosfera”, es decir alternativas para el máximo reconocimiento internacional para la protección de humedales.
Comisión para un desarrollo sostenible
La ley 9092, en su artículo 6º, establece la creación de una “Comisión Provincial de Evaluación y Propuesta para el Desarrollo Regional Integrado y Sostenible”. Sin embargo, hasta el momento, ésta no fue conformada. La misma estaría integrada por representantes de diferentes direcciones y secretarías provinciales, de los municipios, de las Legislaturas provincial y nacional, de organismos nacionales, casas de estudio de los distintos niveles de enseñanza, organizaciones no gubernamentales, de la producción y colegios profesionales.
Proyectan más represas en Entre Ríos y Misiones
También seis años después de la promulgación de la ley de la libertad de los ríos y en el Año Internacional del Agua Dulce declarado por Naciones Unidas, los gobiernos argentino, uruguayo y brasileño proyectan nuevas represas hidroeléctricas sobre el río Uruguay.
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) finalizó la Primera Etapa de estudios de factibilidad para la construcción de una represa a la altura de Entre Ríos con dos potenciales ubicaciones: en la zona de Pepeají (pocos kilómetros aguas arriba de Colón) o en la zona de Salto Chico (al norte de parque nacional El Palmar).
El río Uruguay y los pueblos que habitan la cuenca ya soportan numerosas represas a la altura de Brasil y está proyectada la construcción de más de ellas en los próximos años. Los Gobiernos argentino y brasileño también avanzan en la consideración de concretar la represa Garaby (en el límite entre Misiones y Brasil) y la represa Chapecó en Brasil (entre Santa Catarina y Río Grande Do Sul).
Conformaron la “Red en defensa del río Uruguay y sus pueblos”
Atentas a este escenario, organizaciones sociales de Misiones, Entre Ríos, Uruguay y del sur de Brasil se reunieron en Misiones el 30 y 31 de agosto de 2003 para conformar la “Red en defensa del río Uruguay y sus pueblos”. El Foro Ecologista de Paraná co-organizó el encuentro y participó en representación de la “Red de Organizaciones Socioambientales de Entre Ríos y de Organizaciones Ecologistas de la República Oriental del Uruguay”, integrada por 18 organizaciones entrerrianas y uruguayas.
La red recientemente conformada también cuenta con la adhesión de la Multisectorial de Misiones, quien se opone a la construcción de la represa Corpus sobre el río Paraná. Otra amenaza para el río Uruguay: la planta procesadora de celulosa. La Red de Organizaciones Socioambientales de Entre Ríos y de organizaciones Ecologistas de Uruguay hace meses que realiza acciones para detener la instalación de una mega planta de procesamiento de celulosa a ocho kilómetros de la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Se trata de inversiones de la empresa española Ence que recientemente perdió un juicio escandaloso que demoró 12 años en ese país por contaminación de la Ría de Pontevedra. Sin embargo, se instalaría impunemente sobre el río Uruguay que compartimos con la hermana nación.
Incluso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya aprobó un préstamo de 21 millones de dólares destinado a la construcción del "puerto privado" que beneficia directamente a la proyectada planta de celulosa.
La industria del papel es una de las más contaminantes del planeta. Los países industrializados la han transladado a los países menos industrializados porque, en su proceso, necesitan territorio y especialmente mucha agua, tanto para consumirla como para verter sus residuos tóxicos. Dicho proceso implica deforestar grandes extensiones de monte y bosque nativo para plantar monocultivos de pinos y eucaliptos. Estas especies absorben tanta agua que agotan las napas que utilizan la vegetación autóctona y los agricultores. Luego, el propio proceso de fabricación del papel, libera compuestos clorados a los mismos ríos y arroyos que nos proveen del agua que tomamos y se acumulan en los peces que comemos, produciendo cáncer entre otras enfermedades.
Compromiso social
La acción de las organizaciones ecologistas no son proteccionistas sino pretenden un cambio en los modelos de producción hacia el respeto a los derechos sociales como a la salud, la educación, al trabajo digno y a los procesos naturales de los ecosistemas. Estas aspiraciones serán posibles sólo con el compromiso de la diversidad de actores económicos y políticos y del conjunto de la población, debidamente informada y capaz de hacer valer sus derechos.
Por Mariela González Cati -Coordenadora de Comunicación, Foro Ecologista de Paraná.
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