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Socio-Política: El encarcelamiento masivo como estrategia imperial
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| De: Marti2 (Mensaje original) |
Enviado: 02/11/2013 01:50 |
Hay 2,3 millones de personas tras las rejas en Estados Unidos. Otros 5
millones se encuentran en libertad condicional, en probatoria o en algún
otro tipo de libertad restringida. Ningún país del mundo ha encerrado
en proporciones tan altas a su propia población. Nunca antes en la
historia de Estados Unidos ha sido tan masivo el encarcelamiento.
La
población penal comenzó a aumentar en los años 70 en términos absolutos
y relativos pero las cifras se dispararon a partir de la década del 80.
La población penal se cuadruplicó en los últimos cuarenta años. El peso
mayor de este crecimiento inusitado cayó sobre los pobres y las
minorías, sobre todo en la población negra. Los afroamericanos son
encarcelados a una tasa seis veces mayor que la de los blancos.
Uno
de cada tres negros que nace estará en prisión en algún momento de su
vida o durante gran parte de su vida. Cerca de un millón y medio de
afroamericanos pobres están encerrados en las prisiones de Estados
Unidos, más de 60,000 de ellos en el enloquecedor confinamiento
solitario. En ningún otro país sucede algo semejante. Es la minoría más
perseguida y encarcelada del mundo. Para afirmarlo, basta examinar las
estadísticas oficiales de la Secretaría de Justicia y del Buró de
Prisiones.
Pero el perfil del sistema penal estadounidense no
sólo es racista sino además, y sobre todo, clasista. La tasa de
encarcelamiento de blancos pobres es también una de las más altas del
mundo, mientras que el segmento de la población afroamericana de clase
media y alta está poco representada en las prisiones. Digámoslo claro:
el sistema de justicia de Estados Unidos, clasista y racista, priva
masivamente de libertad primariamente a los pobres, y si el pobre es,
además, negro, indio o hispano, sus posibilidades de ser arrestado,
convicto y condenado, aumentan exponencialmente.
Existe por otra
parte una relación lineal entre el proceso de encarcelamiento masivo y
el rumbo neoliberal de la economía capitalista. El desarrollo
tecnológico, el fenómeno del “outsourcing” mediante el cual los
capitales migran a lugares del Tercer Mundo donde es más barata la
fuerza de trabajo, la polarización social que hace al 1 % de la
población cada vez más rico y al resto cada vez más pobre, los recortes a
los programas de asistencia social, etc., determinan que amplios
sectores de la población queden marginados del proceso productivo. Para
manejar esta situación, por naturaleza explosiva, la clase dominante
utiliza el encarcelamiento masivo como instrumento de control social de
esa población que ya no interesa a las corporaciones.
No podría
el capital obtener este control sin una fuerte alianza con la clase
media que también, aunque en menor grado, sufre los efectos de la
polarización. Para lograr esta alianza, la clase alta utiliza como
herramienta fundamental el miedo: el miedo al crimen, a la drogadicción,
al terrorismo, a la crisis económica, al desempleo, al caos social, a
ideologías de izquierda satanizadas –el miedo en todas sus formas- para
convencer a la clase media de que su bienestar y su seguridad dependen
de leyes draconianas, arrestos masivos, largas condenas y eliminación de
posibles líderes de las minorías, a fin de mantener a raya a todos los
marginados por el establishment y conjurar amenazas sobredimensionadas
de posibles enemigos extranjeros.
Coincidiendo también con el
proceso de encarcelamiento masivo, se produce una creciente
privatización de las instituciones penitenciarias. El “Prison-Industrial
Complex” se convierte en un negocio multibillonario. La construcción,
mantenimiento, servicios y operación de las prisiones, resultan
altamente rentables y, además, las corporaciones disponen de una enorme
masa laboral que trabaja por centavos, nunca falta ni llega tarde al
trabajo, no se organiza en sindicatos, no realiza huelgas, no recibe
beneficios ni pensiones y, al que proteste, se le coloca un tiempo en
celdas de aislamiento. Se cumple así el sueño dorado de los empresarios
capitalistas. La competencia de la producción con trabajo semiesclavo
intramuros permite, a su vez, reducir los puestos de trabajo y los
salarios en el exterior de las prisiones.
Otro de los fenómenos
importantes que crece paralelamente al proceso de encarcelamiento masivo
es la hipertrofia y militarización de las fuerzas represivas y en
particular de la policía, a la cual se le suministran sofisticados
equipos antimotines. El programa COINTELPRO de acciones encubiertas del
FBI, que produjo la muerte de unos 30 miembros del Black Panther Party
de otras organizaciones y envió a prisión a cientos de sus activistas,
había sentado las bases para el surgimiento del Complejo Industrial de
Prisiones. Surgen y se multiplican los grupos de “Special Weapons and
Tactics” (SWAT), fuertemente armados y entrenados.
Los fondos asignados a la represión se multiplican.
Bien
engrasada la maquinaria represiva y probada su eficacia, el imperio
exporta el encarcelamiento masivo para el control social de las grandes
masas intranquilas de indios, negros, mestizos y blancos pobres de
América Latina y lo hace de manera sutil pero rápida y sin pausa.
Una
de las primeras víctimas fue el pueblo colombiano. Con financiamiento
estadounidense se construyeron en Colombia nuevas prisiones y la
población penal creció rápidamente. Desde el comienzo del Plan Colombia
en 1999 hasta el año 2008 la población reclusa de Colombia aumentó en un
129 % según cifras oficiales.
Recordemos que se estima en 9,500
el número de presos políticos y que la tortura es práctica corriente en
ese país. En el año 2000, el Ministro de Justicia de Colombia y el
Embajador de Estados Unidos en Bogotá firmaron el “Programa para el
mejoramiento del Sistema de Prisiones de Colombia”. De acuerdo con este
programa, se construyeron, o remodelaron y ampliaron, 16 instalaciones
penitenciarias de media y máxima seguridad, con un incremento del 40 %
en la capacidad carcelaria de la nación.
Estados Unidos no se
limita al financiamiento sino que provee asesoramiento, supervisión y
formación de cuadros en lo que llama una “Nueva Cultura Penitenciaria”.
En
los últimos tiempos se ha incrementado la militarización de estas
prisiones, al frente de la cuales se coloca preferentemente a oficiales
graduados de la Escuela de las Américas. La Penitenciaría de Alta
Seguridad de Valledupar, conocida comúnmente como “La Tramacúa”, fue la
primera prisión construida con fondos estadounidenses y en ella están
encerrados en condiciones infrahumanas numerosos presos políticos y
prisioneros de guerra. Los crímenes que se cometen en estas prisiones
fueron denunciados por la Delegación de Paz de las FARC-EP en una
declaración fechada el 10 de febrero de 2013 en La Habana.
A
través de los programas de la Iniciativa Mérida (especie de Plan
Colombia para México, América Central, República Dominicana y Haití),
Estados Unidos provee al gobierno mexicano de ayuda financiera, técnica y
de formación de cuadros con el fin de transformar el sistema
penitenciario. De 2007, año en que comenzaron, hasta 2012, el número de
prisiones federales en México aumentó de 6 a 22, es decir, su número
casi se cuadruplicó en sólo cinco años.
Con apoyo económico y
asesoría de expertos norteamericanos fue inaugurada en mayo de 2009 la
Academia Nacional para la Administración Penitenciaria en Xalapa,
Veracruz, donde han sido formados ya 3,479 oficiales recién reclutados.
Simultáneamente, más de 270 instructores se graduaron en Estados Unidos,
en la “New Mexico Corrections Academy”. El “Colorado Department of
Corrections” entrenó a 73 oficiales en el sistema norteamericano de
clasificación de reclusos, a otros 110 en transporte de prisioneros, y a
18 más en los sistemas de libertad restringida. En esta última
especialidad fueron entrenados 41 oficiales en la “Maryland Police and
Corrections Training Academy”. Por último, en el “U.S. Federal Bureau of
Prisons” recibieron entrenamiento 110 cuadros de dirección de primero y
segundo nivel (1).
En América Central, el programa CARSI
(“Central American Regional Initiative”) funcionó desde 2008 como una
rama de la Iniciativa Mérida, pero como programa independiente desde
2010. De acuerdo a un informe de GAO, agencias estadounidenses asignaron
350 millones de dólares para financiar el CARSI entre 2008 y 2012 (2).
Según
el criminólogo Omar Flores de la Fundación de Estudios para la
Aplicación del Derecho (FESPAD), el panorama carcelario es “más
preocupante” en el triángulo norte (Guatemala, El Salvador, Honduras)
donde con la “remilitarización” de la seguridad se reprimen los delitos
con encarcelamientos masivos (3). Un informe del “Congressional Research
Service” (4) revela que, con fondos del CARSI, Estados Unidos creó en
estos tres países unidades militares transnacionales llamadas TAG
(“Transnational Anti-Gang”). Las empresas norteamericanas constructoras
de centros penales tienen el lema de que “toda cárcel que se construye
se llena”. Los planes acelerados de Estados Unidos de construcción de
prisiones en América Latina se acompañan de la criminalización y
privación de libertad de amplios sectores de la población.
En
Guatemala, con ayuda del CARSI, las autoridades planean construir cuatro
cárceles de máxima seguridad. En Honduras, donde en 2009 un golpe de
Estado derrocó al presidente Zelaya, el Subsecretario William Brownfield
anunció durante una visita en mayo de 2012, la colaboración
norteamericana para “mejorar” las prisiones hondureñas mediante una
ayuda adicional por 50 millones de dólares. Se prevé construir una
cárcel de máxima seguridad para 4,000 internos. Brownfield fue embajador
en Venezuela donde fue notoria su actitud injerencista. En dos
ocasiones, en abril de 2006 y en enero de 2007, el presidente Hugo
Chávez lo amenazó con expulsarlo del país si continuaba con sus
provocaciones. El desarrollo de las instalaciones penitenciarias en
Honduras, con financiamiento y asesoría estadounidenses se acompaña,
como era de esperar, de la criminalización de los indígenas que resisten
a la privatización de las tierras comunales y de los activistas en
contra de la destrucción de los medios de vida del campesino para
satisfacer los interes extranjeros de producción de biocombustibles
En
Panamá, el Centro Correccional de Pacora es parte de un programa dentro
del CARSI con financiamiento estadounidense de 3.5 millones de dólares
(5). Panamá amplía también sus capacidades penitenciarias con nuevas
prisiones en Ciudad Panamá (megacárcel La Nueva Joya) y en Chiriquí, con
capacidades para 5,536 y más de 1,000 reclusos, respectivamente. En
junio de 2013, el gobierno panameño anunció la construcción de una nueva
cárcel de mujeres que albergará a 1,155 internas, a un costo de 17.5
millones de dólares.
En Costa Rica, con el apoyo del INL
(“International Narcotics and Law Enforcement Affairs”) y con fondos del
CARSI, se realizaron importantes tansformaciones en la Penitenciaría de
La Reforma. Oficiales costaricenses reciben entrenamiento por el INL en
las prisiones de Nebraska y Maryland (6).
En República
Dominicana, el Dr. Radhamés Jiménez Peña, Procurador General de la
República hasta el 16 de agosto de 2012, anunció la construcción de seis
nuevas prisiones en concordancia con la “Nueva Cultura Penitenciaria”
promovida por Washington. En febrero de 2012 ABC News anunció que el
gobierno de Estados Unidos tiene en sus planes la construcción de dos
cárceles en zonas rurales de Haití a un costo entre 5 y 10 millones de
dólares, y citó como fuente a un funcionario del INL.
En casi
todos los países de América Latina la población penal supera a la
capacidad del sistema penitenciario y los reclusos sufren de terribles
condiciones de hacinamiento. Desde este punto de vista, se justifica la
construcción de nuevas cárceles. Lo que sucede es que, en la práctica,
la situación no se alivia sino se agrava porque la intervención de
Estados Unidos a través del Plan Colombia, de la Iniciativa Mérida o del
CARSI, no resuelve los graves problemas sociales de la región sino que
los profundiza y la creciente criminalización de la población marginada
multiplica las tasas de encarcelamiento.
En México, por ejemplo,
el país que más cárceles ha construido en los últimos años con ayuda
norteamericana, la ocupación de sus instalaciones penitenciarias se
mantuvo prácticamente igual, superior al 120 %, entre 2007 y 2011. En
Guatemala, en ese mismo intervalo, de 128 subió a 190 %; en Honduras, de
141 a 146 %; en Panamá, de 161 a 180 %; en Colombia, de 117 a 128 %, en
Costa Rica, de 99 a 127 % (7). En 2008, cuando se implementó el CARSI
en El Salvador, la población penal era de 17,000 reclusos; en 2010 había
aumentado a 24,000 (8), un incremento del 41 % en sólo tres años.
La
“Nueva Cultura Penitenciaria” es una política que, a imagen y semejanza
de lo que actualmente sucede en Estados Unidos, intenta controlar los
problemas que surgen de la marginación reprimiendo, criminalizando y
encarcelando a los marginados. Su principal pretexto es la “guerra
contra las drogas” que después de más de cuatro décadas de fracasos ha
demostrado el relevante papel que desempeña en la contrainsurgencia, en
la expansión de las transnacionales y en las ambiciones geopolíticas de
Estados Unidos; es decir, ha servido y sirve como uno de los
instrumentos más importantes de dominio imperial (9). Al igual que el
Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y el CARSI están condenados al
fracaso pero constituyen magníficas pantallas a la injerencia y
presencia militar de Estados Unidos en los países del sur.
Resumen Latinoamericano
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