Los cortes de luz son paulatinamente más espaciados, pero las protestas ciudadanas en las calles siguen, y también la polémica sobre si las fallas del suministro son solo responsabilidad de las empresas distribuidoras, si también salpican al gobierno y sobre qué hacer para que la situación no se repita ante la siguiente ola de calor.

Casi es medianoche en el tradicional y céntrico barrio de Flores, habitado por gente de clase media, y los cacerolazos (protesta haciendo sonar cacerolas) despiertan a los privilegiados que tienen luz y aire acondicionado, en medio de una temperatura que al cerrar 2013 superó los 40 grados centígrados en Buenos Aires y su área metropolitana.

Hombres, mujeres y niños interrumpen el tránsito con fogatas, y golpean furiosos cucharas contra cacerolas, para llamar la atención a las autoridades.

La ola de calor en el norte y centro de Argentina dejó al menos seis muertos y marcas históricas de consumo eléctrico, que causó apagones que oscilaron entre dos horas y más de 10 días en distintos barrios de Buenos Aires y su conurbano, afectando a unos 200.000 usuarios en su peor momento.

Muchos recibieron 2014 a la luz de las velas o se trasladaron a vivir con familiares no afectados por los cortes de energía.

“Se nos pudrió toda la comida en la heladera (frigorífico). Estamos sin agua porque no funciona la bomba. Tenemos que subir cuatro pisos con baldes para bañarnos, y con este calor insoportable no se puede dormir sin ventilador”, reclamó a IPS una vecina de Flores, que solo quiso dar su nombre, Jacqueline.

Las críticas se concentran en Edesur, subsidiaria de la italiana ENEL, una de las distribuidoras de energía del área metropolitana de Buenos Aires, junto con la argentina Edenor. Ambas asumieron el suministro eléctrico en el área, tras la privatización iniciada en 1992.

Por su gran deterioro, las redes de distribución no soportaron el consumo extraordinario, y se quemaron cables y transformadores.

“No han hecho las inversiones que tenían que hacer y extorsionan con sus políticas. Si el negocio no les cierra, como dicen, ¿por qué no se van?”, objetó Federico Bernal, director editorial del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas.

En Argentina, el sector energético está subsidiado y las tarifas congeladas, aunque el gobierno de centroizquierda de Cristina Fernández comenzó a exceptuar de esa política a los barrios más ricos en 2013.

Las empresas dicen que, con altas tasas de inflación, esa política desincentiva las inversiones.

Bernal dijo a IPS que no hay una “una crisis energética”, sino “un problema coyuntural”, concentrado en la distribución de electricidad.

Argentina tiene una capacidad energética real de unos 25.000 megavatios, superior a la demanda del país. Incluso en los días de mayor consumo, la oferta superó a la demanda en unos 3.000 megavatios, puntualizó.

El experto tampoco atribuye la deficiencia del suministro al crecimiento económico.

En el decenio 2003-2013, la expansión de la economía y las mejoras sociales incrementaron la demanda de electricidad en 50 por ciento. El consumo de los hogares, en particular, se duplicó.

El gobierno comenzó a tomar medidas para afrontar ese incremento, explicó Bernal. Las obras en marcha –térmicas, hidroeléctricas y de fuentes renovables, como energía solar y eólica–, deben elevar la capacidad instalada a unos 32.100 megavatios en 2015.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), del Ministerio de Planificación, sí tiene, para Bernal, “una cuota de responsabilidad”, por no “haber conminado (a las empresas) a hacer inversiones y a modernizarse”.

Pero admitió que “era muy difícil prever lo que ocurrió, con una ola de calor inédita en 100 años”.

“Esto es producto de un largo proceso de desinversión, descontrol y desorganización de un rama esencial de la economía”, dijo Gustavo Vera, legislador opositor de la ciudad de Buenos Aires, en diálogo con IPS.

Vera denunció penalmente de “sabotaje y de alteración del orden público” a los directivos de Edesur y Edenor, junto al Enre, al gobierno capitalino y a funcionarios del gobierno central.

Para el legislador, la justicia tendrá que investigar si el caos ha sido una maniobra de las distribuidoras para forzar un aumento de tarifas.

También destacó la falta de transparencia de las empresas en el destino de las inversiones, como antecedente de la crisis.

Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, coincidió en que la falla no tiene que ver ni con la generación ni con el transporte de energía.

“No estamos en una crisis energética. Hubo un problema de distribución que es solucionable. Si se hacen las inversiones necesarias, en 2015 podemos tener un verano más tranquilo”, dijo a IPS.

El experto se remontó a los errores de la privatización durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999), que provocaron la actual “tensión entre la lógica de mercado y la seguridad de suministro energética”.

“Cuando se privatizó el sector de distribución se utilizó como criterio de control la calidad de servicios”, dejando al Estado apenas la tarea de multar y sin tener participación en la planificación, recordó.

Pero esa lógica, fundamentada en ampliar la cantidad de clientes, “no funciona” en este sector, porque “la energía no tiene sustituto”, al no contar con competencia en las regiones asignadas.

“El Estado tiene que buscar maneras de garantizar aquello en que la empresa puede fallar”, por ejemplo “consensuando un plan de inversiones” o “auditando los modelos y proyecciones de inversiones”, sostuvo.

Bronstein consideró que hubo fallas de planificación de las distribuidoras, que no consideraron factores como el crecimiento demográfico y económico, e incluso cambios culturales de consumo.

“Bajaron los precios y se facilitó el crédito. Se democratizó el uso del aire acondicionado. Y la situación crítica se dio en momentos de alta temperatura”, ejemplificó.

El especialista consideró que el bajo costo del servicio eléctrico estimuló el desperdicio, lo que debería contrarrestarse con “campañas de concientización”.

También mencionó otras “asignaturas pendientes”, como el diseño de un sistema de facturación que “establezca una tarifa social por parámetros que no son solo de consumo”.

El gobierno multó a Edenor y Edesur, y dictaminó compensaciones para los afectados.

Asimismo, quitó a las empresas el control del fondo de inversión, al que hace aportes para obras de mejora de la red eléctrica.

Según la resolución oficial, la “actitud negligente” de las concesionarias hizo que los recursos “no sean aplicados a obras que hubieran atenuado, al menos parcialmente, la situación” sufrida por los usuarios.

Además, el gobierno analiza la posibilidad de rescisión de contrato con las dos empresas.

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