Un informe publicado el año pasado por el equipo del Observatorio Europeo (OE), reveló enormes conflictos de intereses entre los comités científicos y el departamento de la Comisión Europea encargado de los asuntos de los consumidores.
Dichos comités científicos evalúan el riesgo para los seres humanos y el medio ambiente de las sustancias químicas que se encuentran en una gran variedad de objetos de uso cotidiano, desde champús hasta biberones. Sus opiniones sirven de guía a los reguladores de la Comisión Europea, quienes deciden qué productos químicos son seguros y en qué niveles, así como cuáles deben prohibirse.
No obstante, la investigación encontró que dos tercios de los científicos tenían uno o más conflictos de intereses debido a sus vínculos con las industrias afectadas por las evaluaciones. El estudio se centró en los procedimientos de evaluación respecto a cuatro sustancias, incluyendo los parabenos que interrumpen el metabolismo endocrino y el nano-dióxido de titanio que afecta el ADN. Todas las sustancias se encuentran disponibles en el mercado.
Después de haber analizado las declaraciones anuales de los 57 miembros que participaron en los comités científicos que evaluaron cuatro sustancias examinadas (parabenos, nano-dióxido titanio, nano-plata, mercurio y las amalgamas dentales), se encontró que el 67 por ciento mantienen vínculos con las industrias que tienen intereses directos o indirectos en los químicos evaluados. La investigación descubrió igualmente los nexos del gigante farmacéutico GlaxoSmithKline y del gigante químico DuPont con conocidos productos de consumo de la poderosa Unilever.
El OE encontró que el conflicto más común era el desempeño como consultor o asesor de la industria. Esto significa un pago directo al experto o a la institución a la cual pertenece, por servicios a las empresas cuyos productos son evaluados por el comité científico.
Las implicaciones de estos conflictos de intereses (y de lobistas empresariales) fueron puestos al descubierto por Arthur Nelson; quien escribiendo para el diario británico The Guardian (Feb 2/2015), señaló que hasta 31 pesticidas valorados en miles de millones de libras se habieran prohibido en la Unión Europea -debido a los riesgos potenciales para la salud- de haberse tomado en cuenta un trabajo de investigación acerca de los productos químicos que “engañan” a las hormonas.
Dicho trabajo científico publicado por The Guardian recomienda algunas maneras de identificar y categorizar los disruptores endocrinos (DE) vinculados a anomalías fetales, mutaciones genitales, infertilidad y efectos adversos para la salud que van desde cáncer hasta reducción del coeficiente intelectual.
Nelson afirma que el trabajo fue ignorado por los principales funcionarios de la UE, presionados por las grandes empresas químicas que utilizan los DE en artículos de tocador, plásticos y cosméticos, a pesar de que los costos para la salud representan cientos de millones de euros.
Los criterios para la evaluación de los DE recomendados en la investigación eran suficientes para prohibir en la eurozona todas esas sustancias peligrosas. Según The Guardian, los funcionarios de la Comisión exponen que bloquearon los criterios debido a la fuerte presión de los principales actores de la industria química, como Bayer y BASF. En su lugar se aplicaron opciones menos estrictas, junto con un plan de evaluación de impacto que se espera no esté finalizado sino hasta el 2016.
Angeliki Lyssimachou, una toxicóloga ambiental de la Red Europea para la Vigilancia de Pesticidas (REVP) -citada por Nelson- expresó que “si el proyecto de criterios propuestos a la comisión se hubiera aplicado correctamente, los 31 pesticidas habrían sido prohibidos de inmediato, en cumplimiento del mandato para la regulación de plaguicidas que protege a los seres humanos y al medio ambiente de la disrupción endocrina crónica por exposición a los plaguicidas”.
Según The Guardian, Lisette van Vliet, asesora principal de políticas de la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente, culpó al Reino Unido y la industria y el ejecutivo alemán de retrasar la protección pública de las enfermedades crónicas y los daños al medio ambiente. “El asunto es si realmente estamos en una UE honesta que haga uso apropiado del conocimiento científico para la identificación de los DE, o si los intereses de ciertas industrias y algunos ministerios u organismos pueden torcer los resultados, en detrimento de la salud pública y el medio ambiente”.
Los europeos necesitan funcionarios que defiendan el interés público y sean independientes de la influencia comercial. No quieren que se sirvan y/o se beneficien de intereses comerciales a costa de la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Actualmente los reguladores se hacen los locos ante los efectos nocivos de los productos que representan un riesgo sistémico grave para el público y terminan dando el visto bueno a productos sin basamento científico. Mientras tanto, las empresas y las opiniones de sus equipos científicos sí son tomados al pie de la letra; manteniendo deliberadamente al público en la oscuridad. Por desgracia, lo que los ciudadanos europeos tienen es una Comisión Europea que sirve a una agenda corporativa.
Por Colin Todhunter / Global Research
Traducido por @dacha1953 para Periodismo Alternativo
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