En un documento de 41 páginas, radicado el lunes 11 de marzo ante la Sala de Revisión del Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los dos abogados del exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, consignaron los alegatos del caso judicial más sonado tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc.
La principal exigencia de la defensa a los magistrados de la JEP es que se excluyan “los elementos aportados como presuntas pruebas o evidencias por el fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Jason A. RIchman; el agente especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (en inglés: Drug Enforcement Administration DEA), Brian Witek y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en razón a que no cumplen con los criterios de valoración de la prueba”. Es decir, los audios enviados por el fiscal no son los solicitados y ordenados por la Sala de Revisión, que son los que sustentaron el indictment o acusación para la solicitud de extradición.
Es decir, para la defensa de Santrich, los audios que aportó el fiscal Martínez corresponden a un proceso de corrupción contra Marlon Marín, distinto al de solicitud de extradición de Santrich. También que el agente de la DEA mintió en su declaración jurada, lo cual se prueba porque a la JEP no llegaron los videos y audios que el agente Witek dijo tener ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, organismo judicial que pidió en extradición al exjefe guerrillero. Incluso, los abogados fueron más allá y dijeron que si se analizan los audios que aportó la Fiscalía, lo que sucedió fue una situación de entrampamiento a Hernandez Solarte, “un entrampamiento ficticio, o falso entrampamiento, pues nada tiene que ver Santrich con los temas y conversaciones sostenidas entre las otras personas”.
El documento hace un recorrido detallado por toda la cronología del proceso. Desde la captura de Santrich el 9 de abril de 2018 en el norte de Bogotá por parte de agentes del CTI de la Fiscalía; la presentación de tres audios por parte de la Fiscalía a los medios de comunicación al día siguiente de la captura; la solicitud de extradición formal en agosto de ese año por el Tribunal estadounidense, la entrega de todos los audios (doce) a la JEP por el fiscal Martínez en octubre; la perdida de la carta a través de la cual la JEP solicitaba las pruebas a Estados Unidos; y la negativa de esta justicia para enviar las evidencias materiales. Por esto último, argumenta la defensa, una vez vencidos los términos, corresponde a la JEP, “al no poder evaluar los hechos ni determinar la fecha de su presunta ocurrencia, otorgar la garantía de no extradición”.
Este lunes 11 de marzo se cerró la etapa de alegatos establecida por la JEP para este caso. Los magistrados se aprestan a tomar una decisión sobre si aplican o no la garantía de no extradición en el caso de Santrich. El viernes pasado la Procuraduría General de la Nación, como parte involucrada, solicitó que la JEP enviara a la Corte Suprema de Justicia el proceso de extradición, mientras que ayer, la defensa y el propio Santrich controvirtieron esa posición.
Los audios del fiscal
Si bien la Sección de Revisión en octubre de 2018 decidió incorporar como prueba los audios de interceptación de comunicaciones recaudados en las investigaciones adelantadas en contra de Marlon Marín, la defensa de Santrich alega que se deben desestimar por corresponder a otro proceso distinto al de extradición. En contraste, argumenta la defensa, a la JEP no llegaron los audios y videos que habría evaluado el Gran Jurado de Estados Unidos.
Frente al hecho, resaltan los abogados, el fiscal Martínez envió un oficio a la JEP el 25 de septiembre pasado, en el que aseguró: “los audios y videos son pruebas que obran en el proceso americano y que, según la información que se me confió, fueron exhibidos ante el Gran Jurado, como expresamente lo manifesté en su oportunidad (abril de 2018)”.
A través de un cuadro comparativo en el que exponen los doce audios que aportó el fiscal Martínez, la defensa de Santrich divide los audios en dos grupos: “Grupo uno. No tienen ninguna relación, ni intervine ni se hace referencia a Seuxis Paucías Hernandez Solarte; y, Grupo dos: sí hace referencia, relaciona o participa Hernandez Solarte”.
“Respecto del grupo uno: no tienen ninguna relación, ni intervine ni se hace referencia a nuestro defendido, que son los audios 1, 2, 7, 8, 9, podemos concluir que hablan de transacciones de televisores, pagos y entregas de mercancías y otros asuntos sobre los que ni Jesús Santrich ni su defensa tiene conocimiento. Los supuestos actores que intervienen son Marlon Marín, Fabio Younes, Armando Gómez y contactos mexicanos. Sobre este grupo de audios no haremos mayor referencia pues se trata de hechos y personas que nada tienen que ver con Hernández Solarte”, resaltó la defensa.
Respecto al grupo dos, en siete de los doce audios de algún modo se hace referencia a Santrich, aunque la defensa pone de presente varias consideraciones. “Podemos observar que todas las llamadas se relacionan con la participación de Marlón Marín en las que éste de un modo u otro está gestionando reuniones para hablar de lo que explícitamente dice Marín, “proyectos productivos”. Ni en tema, ni en lenguaje, ni en actores, las llamadas del grupo uno se relaciona con las llamadas del grupo dos”, señala el documento.
La defensa cierra este apartado preguntando ¿por qué si el fiscal Martínez sabía de la existencia de negocios ilícitos desde enero de 2017, como lo señaló en varias entrevistas después de la captura de Santrich, “no se abrió una investigación por narcotráfico, a penas supo de esas posibles conductas delictivas”?
Las supuestas pruebas de Estados Unidos
El 7 de junio de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia recibió solicitud formal de extradición contra Santrich y las declaraciones juradas del fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Jason A. Richman, y del agente especial de la DEA, Brian Witek. De estos documentos, dice la defensa, se deriva la enunciación de las presuntas evidencias, no obstante, señala el documento, el fiscal Richman, “no anexa a su declaración juramentada los tipos de prueba que anuncia en el folio 9, tales como comunicaciones legalmente interceptadas, evidencia física, grabaciones de audio y video y testimonios”.
“Las pruebas son: las leyes promulgadas y vigentes estadunidenses donde se encuentran las conductas imputadas en la acusación formal (Prueba A); copia certificada de la acusación formal (Prueba B); copia certificada de las órdenes de aprehensión (Pruebas C-1, C-2 y C-3); comunicaciones legalmente interceptadas, evidencia física, grabaciones de audio y video y testimonios de testigos; y la declaración jurada original del agente especial de la DEA Brian Witek (Prueba D). (Folios 5, 6, 9)”. No obstante, estas últimas nunca llegaron a la JEP, insiste la defensa.
En cuanto a la “Prueba D”, correspondiente a la declaración jurada del agente especial de la DEA Brian Witek, indica el documento que, “la misma carece de idoneidad, pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad, puesto que obedece a una serie de especulaciones derivadas del método de entrampamiento instruido por las autoridades de orden público estadounidense que, mediante el uso de testigos confidenciales, provocaron según el agente “numerosas conversaciones”, las cuales carecen de soporte probatorio pero son superficialmente mencionadas con la intención de mostrar una verdad artificial, distante de elementos de hecho que cuenten una historia ajustada a verdad material”.
La defensa de Santrich también alegó que no es cierto que su apoderado haya tenido relaciones con el cartel de Sinaloa, por cuanto "en el indictment o solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos, las mismas autoridades de ese país dejan claro que los mexicanos o el cartel de Sinaloa jamas existieron en la realidad, puesto que toda la operación fue creada por la DEA, con la participación de otras personas como cómplices de la trampa, mediante el uso de falsos testigos", resalta el documento.
Los alegatos de Santrich
En otro documento de 24 páginas, dirigido al magistrado de la Sala de Revisión de la JEP, Jesús Ángel Bobadilla, el exjefe guerrillero Jesús Santrich presentó su defensa personal haciendo un extenso recuento de su infancia, su pasado en las Farc, sus convicciones políticas, su participación en el proceso de paz como negociador en La Habana, hasta la decisión de la exguerrilla de desconfiar en el Estado frente al tema de la extradición. “En La Habana fuimos conscientes de que la herramienta de la extradición sería usada contra la antigua comandancia guerrillera para someterla y traicionarla una vez obtenido el desarme”, escribió Santrich.
Igualmente, hace un recuento de por qué el acuerdo de paz creó la JEP y, especialmente, por qué las Farc solicitó la garantía de no extradición, con el fin de que “no se repita la suerte que corrió el exguerrillero Simón Trinidad, militante de las Farc, que a partir de falsas acusaciones de narcotráfico fue extraditado a Estados Unidos…Ante los tribunales de ese país demostró su inocencia, pero aun así su juicio fue repetido tres veces hasta que finalmente fue condenado por cargos que no fueron la causa de su extradición…”, relató el exjefe guerrillero desde la cárcel de máxima seguridad, La Picota de Bogotá.
Igualmente, cuenta las labores que desempeñaba después de la dejación de armas de las Farc, pues él era el representante de la exguerrilla en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos (Csivi). Igualmente, cómo en las actividades de gestionar proyectos productivos para las antiguas zonas veredales, hoy espacios de reincorporación, se encontró a Marlon Marín quien, según él, le presentó a unos empresarios mexicanos para desarrollar dichos proyectos. Alega que dicha información se puede constatar en los aparatos electrónicos que le decomisó la Fiscalía el día de la captura.
Por eso, asegura que, sobre la reunión de finales de junio, que se desarrolló en una casa del barrio Nicolás de Federman en Bogotá, “recibí la visita de un grupo de empresarios interesados en hablar de temas relacionados con proyectos productivos. No tengo particular recuerdo de ese diálogo, informaciones recientes de prensa registran que dentro de este grupo se encontrarían los señores Armando Gómez España y Fabio Younes, imputados y capturados en la misma acusación en mi contra. También se encontraba Marlon Marín y al menos dos empresarios más. Nada trasciende de esta reunión…”.
También dice que el 2 de noviembre Marín le presenta a los “empresarios” en la casa de Nicolás de Federman. “Es una reunión corta y cordial, donde Marlon Marín me presenta a los posibles financiadores de las granjas econativas, que manifiestan ser comerciantes internacionales de alimentos, con inversiones en Centro y Suramérica. Uno de los empresarios se presenta como hijo de un señor llamado Rafael Caro”.
Luego, dice Santrich, “el 9 de febrero de 2018 sobre las 5:30 am llegó Marlon Marín a mi residencia acompañado de los dos extranjeros que me había presentado en la reunión del 2 de noviembre pasado. En esa reunión hablaron ellos de las inversiones que harían en las granjas econativas, proyecto en el que venía trabajando Marín”.
Finalmente, Santrich cree que la DEA creó un contexto de escena delictiva, “de la cual francamente ignoro qué elementos externos a mí podrán ser ciertos o no, en donde involucran a agentes de la DEA y colaboradores voluntarios o involuntarios, y a donde se me llevó con el fin de implicarme en dichas actividades”. Por lo que les solicitó a los magistrados de la Sala de Revisión, que apliquen la garantía de no extradición. Asimismo, ratificó su compromiso con las víctimas y todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.
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