Este jueves colectivos universitarios colombianos realizan una movilización nacional en rechazo a la corrupción, la represión de los antimotines contra las protestas estudiantiles y en reclamo del "cumplimiento integral" de los acuerdos firmados con el Gobierno a finales del año pasado.
Esta marcha ha sido organizada principalmente por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) y la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees).
Materias pendientes
En las sucesivas reuniones para evaluar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Ejecutivo, Acrees manifestó su preocupación por los recursos que fueron aprobados pero no ejecutados cuando correspondía.
Según Jennifer Pedraz, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, no se ha dado cumplimiento con la asignación de 354.000 dólares —establecidos para toda la gestión de Duque—, equivalentes a 20 % de los "saldos presupuestales" o remanentes anuales del presupuesto de la nación al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), que mantiene convenios de financiamiento con instituciones de estudios superiores.
Por su parte, el secretario general de Acrees y miembro de la mesa de negociación con el Gobierno, José Cárdenas, señaló en un video que el Ministerio de Educación ha faltado a su compromiso de "atender y hacer seguimiento de todos los casos de violación de derechos humanos en el marco de la protesta social".
De igual manera, hizo referencia al irrespeto a la autonomía universitaria tras las declaraciones del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien manifestó que "en la ciudad no hay sitios vedados para las autoridades".
Durante tres días de manifestaciones estudiantiles hace dos semanas se generaron choques por la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que ingresó a la Universidad Distrital y que reprimió una concentración pacífica de alumnos de la privada Universidad Javeriana, lo que generó afectaciones por gases lacrimógenos en el Hospital San Ignacio, que forma parte del recinto.
También hace casi dos semanas un grupo de encapuchados, en medio de una movilización pacífica convocada por las universidades, arremetió contra la sede en Bogotá del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).
Algunos voceros universitarios atribuyeron los hechos de violencia a "infiltrados" de la Policía mientras que la vicepresidenta colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo que en su mayoría eran venezolanos.
La corrupción
El rector de la Universidad Distrital de Bogotá, Ricardo García Duarte, se apartó de su cargo por un mes en medio de las protestas en su contra debido a los señalamientos del exdirector del Instituto de Extensión (Idexud) de la mencionada institución, Wilman Muñoz Prieto, de formar parte de una red de corrupción, por la que este último tiene abierta una investigación.
A principios de agosto, la Procuraduría General de Colombia citó a Muñoz Prieto por su presunta relación con irregularidades en la administración de más de 10.495 millones de pesos (casi tres millones de dólares), que habrían sido utilizados en gastos personales.
García Duarte ha negado su relación con los manejos irregulares y ha dicho que existe una confusión entre los estudiantes, que desconocen que fue él quien denunció a Muñoz Prieto.
Voces en contra
Algunos sectores han acusado a los estudiantes de llevar a cabo acciones de vandalismo en contra de los bienes públicos como parte de sus manifestaciones.
Por otra parte, Daniel Mera Villamizar, quien fue secretario de educación del grupo de empalme en el inicio de la gestión de Duque, calificó esta nueva convocatoria estudiantil como un "pretexto" para conectarse con la "oposición antisistema" debido a que aún no ha vencido el plazo para la asignación de recursos.
En su punto de vista, los manifestantes permiten la acción de grupos violentos por lo que se desvirtúa la protesta pacífica.
Acuerdo insuficiente
A mediados de diciembre pasado, el Gobierno de Colombia aprobó más de 4,5 billones de pesos (más de 1.400 millones de dólares) para las 32 universidades públicas, que mantuvieron protestas por dos meses ante el déficit presupuestario en el sector.
En esa oportunidad, el presidente colombiano, Iván Duque, informó que los recursos correspondían al período 2019-2022 y que estarían destinados "a fortalecer la inversión, y los instrumentos de oportunidades para los estudiantes".
De los establecido, queda pendiente la reforma al sistema nacional de regalías con la finalidad de darle prioridad a los recursos destinados a la educación superior.
Los estudiantes celebraron el acuerdo, aunque algunos consideraron que fue insuficiente "por la deuda histórica" de 25 años de desfinanciación de la educación superior universitaria, según escribió en esa oportunidad Alejandro Palacio, uno de los líderes al frente de las marchas y participante en las reuniones con el Gobierno.
El difícil camino a la universidad
En cuanto a la situación de la educación universitaria, en un artículo publicado en El Espectador, el sociólogo Óscar Alejandro Quintero explica que en los últimos años, si bien se ha incrementado la matrícula de la educación superior, la mayoría de estudiantes pertenece a carreras intermedias y técnicas en modalidades de clases nocturnas o a distancia.
Otra problemática que expone se relaciona con la dificultad del acceso a las universidades para los sectores más desfavorecidos que, en su mayoría, solo pueden cursar estudios en instituciones de baja calidad, a diferencia de los más privilegiados.
De igual manera, se refiere a un "debilitamiento" de las universidades públicas y al incremento de instituciones de educación superior privadas.
Nathali Gómez
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