Finalmente se confirmaron las filtraciones: sedición y no rebelión. El Tribunal Supremo descartó, a pesar de años sosteniendo esta tesis la Fiscalía, la rebelión, aunque la sedición deja condenas no poco gravosas. El abanico variará entre los 12 y 13 años para aquellos a los que se les impuso también malversación —13 años para Oriol Junqueras; y 12 para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— y los 9 y 11 años para aquellos a los que no se les aplicó este agravamiento —11 años y 6 meses para Carme Forcadell; 10 años y 6 meses para Josep Rull y Joaquim Forn; y 9 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart—. Casi 'absueltos' han resultado Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, condenados a 1 año y 8 meses de inhabilitación por desobediencia. 

Además, el Tribunal Supremo no accede a la petición de la Fiscalía para obligar a que los condenados no pudieran acceder al tercer grado —dormir en prisión— hasta alcanzar la mitad de la condena, lo que situaría a los condenados en posición de acceder a la 'semilibertad'. En dos meses la mayoría podrían dormir en sus casas.

Una condena contraria a los valores democráticos

La condena es contraria a los valores democráticos. Es antidemocrática porque condena por sedición a quienes desobedecieron pacíficamente, lo que sitúa a España, de nuevo, como un régimen autoritario moderno. No conviene olvidar que la desobediencia pacífica es una herramienta democrática y un país en el que no se pueden usar las herramientas democráticas difícilmente podría ser catalogado como una democracia.

Una condena perversa

La resolución es también perversa porque condena por sedición cuando el juicio estaba claramente dirigido —con lo terrible de este calificativo— desde un principio hacia la rebelión —pensemos en la inusual y gravosa prisión preventiva de los acusados, más de dos años—, aunque las penas siguen siendo muy altas al agravarlas con la malversación, subsumida en la rebelión. ¿Por qué este giro? Porque se trata de una condena 'salomónica' que ofrece enormes beneficios.

Beneficios de la condena 'salomónica'

En primer lugar, ofrece una falsa sensación de ecuanimidad. Una especie de decisión salomónica, pues se queda a 'medio camino' entre lo que solicitaban los más reaccionarios —rebelión— y lo que hubiera sido aceptable para un demócrata —desobediencia—. Nótese que la ecuanimidad entre un reaccionario —la mayoría de la España profunda— y un democrática —los ciudadanos que comparten el criterio de la Justicia alemana— es ya una resolución manifiestamente injusta por razones obvias:

1. El punto medio entre ambos siempre se encontrará fuera de los estándares democráticos;
2. Sitúa en el mismo nivel a los reaccionarios ultraderechistas y a los demócratas.

Sin embargo, resulta suficiente para que los que se sitúan entre ambos, esto es la mayoría de españoles —los más de 15 millones de votantes de PSOE, PP y Cs—, queden más o menos conformes. Incluso entre millones de estos últimos, producto de la campaña orquestada, anidará un sentimiento que variará, según la sensibilidad política, entre la tibieza o la generosidad.

En segundo lugar, una condena por sedición permite que España pueda transmitir una imagen de democracia que con condenas por rebelión habría sido completamente imposible. Nadie con sentido común hubiera sido capaz de asumir una condena por rebelión. De hecho, el PSOE ha lanzado un vídeo con varias personalidades —la vicepresidenta Carmen Calvo y varios ministros como Pedro Duque, Nadia Calviño o Josep Borrell— en varios idiomas —ruso, inglés, alemán o francés—. Los gobernantes y las élites españolas son perfectamente conocedoras de la imagen real de España en gran parte del mundo y tenían previsto este vídeo para intentar minimizar el impacto de la sentencia en el resto del mundo, allá donde sus medios de comunicación no tienen capacidad de influir. 

La condena no solo es disparatada, antijurídica y desproporcionada, sino que también es contradictoria. Contradicción que los grandes medios de comunicación españoles obvian reiteradamente. Cuando en julio de 2018 la Justicia alemana se negó a entregar a Carles Puigdemont por rebelión, los medios de comunicación españoles organizaron una gran campaña mediática para encubrir lo evidente y lo ridículo de la situación: no había rebelión ni sedición. Ni siquiera desobediencia. Malversación, y mucho. 

Aquello se cerró a la española: se retiró la orden internacional de detención para evitar tener que juzgar al resto de presos por el barreno de la Justicia alemana y asunto cerrado. Lo cual es una resolución manifiestamente injusta para los detenidos y una clara vulneración de sus derechos, que tampoco llamó en exceso la atención por cuanto el proceso en ningún momento se ha rebelado como un proceso jurídico justo, sino como un proceso judicial de Estado.

Un proceso judicial de Estado que desnuda a la Justicia española

Este proceso judicial de Estado evidencia la ausencia de independencia e imparcialidad de la Justicia española, elementos, no olvidemos, indispensables en cualquier sistema judicial de un país democrático. España no lo es. 

El proceso comenzó, si recuerdan, en la Audiencia Nacional, esa excentricidad que representa la continuación del Tribunal de Orden Público del franquismo y que ni España pudo correctamente justificar cuando en los años ochenta debió homologar la Justicia española y equipararla a los estándares europeos. Sin embargo, en Europa saben hace décadas que España no es una democracia plena, aunque la cuestión no es ni ha sido nunca esa, no en este mundo neoliberal en el que lo que importan son los negocios, sino la apariencia. Y como finalmente España consiguió dotar de una cierta apariencia democrática al Frankenstein jurídico-franquista, Europa se tragó el sapo.

Cómo y por qué pasó el juicio al 'proces' de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo es otra de esas cuestiones que difícilmente podrán ser explicadas sin comprender que España es un régimen autoritario moderno. La cuestión de falta de competencia, no es ni mucho menos menor, sino que constituye otra grave vulneración de derecho. Y el listado ya hemos comprobado que es interminable.

El Tribunal Supremo condena a 9 líderes del 'procés' en Cataluña a penas de entre 9 y 13 años por sedición

A este registro habría que añadir al juez Manuel Marchena —presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y magistrado principal del proceso—, el cual debería haber sido expedientado, sustituido del proceso y expulsado de la carrera judicial por no permitir el principio de contradicción de los testimonios de policías y guardias civiles con los vídeos realizados durante el referéndum organizado el 1-O.

Esta situación ha sido tan obvia que la Federación de Derechos Humanos (FIDH) y la Red Eueromediterránea de Derechos Humanos (EuroMed Rights) han emitido un informe en el que denuncian la ausencia del necesario principio de contradicción. El informe, además, destaca que la actitud de la ciudadanía fue pacífica, en todo caso se podría constatar tensión, pero en ningún caso violencia generalizada. Por si no fuera suficiente, se denuncia que la "organización de tipo militar" impuesta por el juez Marchena atentó contra el derecho de defensa.

Para muchos españoles, contaminados por los medios de comunicación, no lo será, pero la sentencia revela con claridad la realidad actual: España es un régimen autoritario moderno cuyo mayor esfuerzo radica en aparentar ser una democracia. Si fuera Escocia o Canadá, habría pactado un referéndum; y si fuera Alemania no concebiría ningún delito más allá de la malversación. 

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