Este lunes, se confirmó el fallecimiento en Colombia de Dilan Cruz, joven de 18 años quien resultó impactado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por un miembro de la Policía antidisturbios, en lo que significó un nuevo caso de represión del cuerpo en la historia del país.
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Cruz, de 18 años, fue alcanzado en la cabeza por una granada aturdidora lanzada por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante el paro del jueves en Bogotá. Al no poder superar las graves heridas sufridas, el joven perdió la vida.
No es la primera ocasión que se acusa al Esmad de ser responsable de la muerte de jóvenes colombianos, producto de lo que catalogan en Colombia como un uso excesivo de la fuerza por parte del cuerpo de seguridad.
Fundación
El Esmad es un organismo antidisturbios creado en 1999 durante el Gobierno de Andrés Pastrana, en uno de los periodos más agudos del conflicto armado en Colombia. Depende de la Policía y está adscrito al ministerio de Defensa.
Pese a que fue fundado bajo un decreto transitorio, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el padrino político de Duque, lo formalizó y creó el curso que capacita a los agentes del Esmad.
Entre 1999 y 2018, las acciones del Esmad produjeron la muerte de 18 personas solo en Bogotá, según la ONG Paz y Reconciliación, aunque los reportes oficiales muestran que la mayoría de las intervenciones del organismo han sido en el departamento del Cauca, zona de gran presencia indígena.
Historial de represión
Desde su creación como Comando Antidisturbios, el uso de la fuerza se le ha salido de las manos al Esmad, pues se ha cobrado la vida de varias víctimas, incluidos los 18 muertos en Bogotá antes mencionados, asesinados en el día del trabajo del 2005.
Por el homicidio del menor Nicolás Neira, quien falleció a causa de golpes contundentes producidos por miembros del organismo, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá impuso una millonaria condena al Estado Colombiano.
A él se suman los nombres de los estudiantes Oscar Salas, Jhonny Silva, Carlos Giovanni Blanco, Edison Franco Jaime, Yoel Jácome Ortiz, Hermides Jaime Téllez, Diomar Alfonso Quintero, Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, César Hurtado Tróchez y Jaime Alfonso Acosta. Todos asesinados en medio de los golpes, las bombas lacrimógenas y las balas usadas para disuadir las protestas estudiantiles.
En las zonas rurales del país también se han cometido atropellos contra las comunidades, como el ejemplo de los constantes ataques que se vieron en el Paro Agrario de 2013, en el que se produjeron denuncias sobre 660 casos de violaciones a los DD.HH. tanto individuales como colectivos, así como 262 detenciones arbitrarias, 485 heridos, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas.
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