Un local 'grafiteado' durante las protestas en Santiago. En vídeo, imágenes de las últimas protestas en Chile.FOTO: AFP | VÍDEO: ATLAS
El estallido social en Chile reventó el viernes 18 de octubre, una fecha que quedará marcada en la historia del país sudamericano. Se manifestó primero en forma de protestas estudiantiles por el alza del precio del billete del metro de Santiago, con entradas masivas en las estaciones sin pagar. Luego con violencia: en solo unas horas, de las 136 estaciones del subterráneo, 118 fueron dañadas y, de ellas, 25 incendiadas y 7 completamente quemadas, con pérdidas estimadas en 376 millones de dólares (unos 335 millones de euros). Hubo un tercer tiempo: los saqueos a los supermercados y al comercio, por los que el Ministerio del Interior ha interpuesto 175 querellas solo en la capital. Y un cuarto: las manifestaciones pacíficas —las más multitudinarias—, que una semana después de la explosión social reunieron a 1,2 millones de personas en el corazón de la capital.
Pero después de 20 muertos, 592 civiles heridos, cientos de detenidos y denuncias de violaciones de los derechos humanos, ni el Gobierno ni la oposición dan respuesta a la insatisfacción por el tipo de sociedad que tiene Chile, desigual en todos los frentes. Las protestas y la violencia no dan tregua.
“El problema sigue siendo que la política chilena se ha encerrado en una burbuja”, señala el historiador Iván Jaksic. “Hay un desprestigio de la política y el malestar adquiere formas cada vez más preocupantes (...). Atravesamos una situación en la que conviven el triunfalismo del discurso económico con la decepción de quienes no ven sus beneficios, y en donde las expectativas son crecientes”.
Lo que se ha visto desde el 18 de octubre es un conflicto complejo y multicausal que se explica, en parte, por una sociedad que demanda bienes y servicios públicos al alcance de todos. No es lo que sucede actualmente: la dictadura militar (1973-1990) instaló un modelo absolutamente pro mercado y permitió la provisión privada de bienes y servicios que en muchas otras economías suelen dejarse en manos del sector público, como la educación y las pensiones. El divorcio entre los chilenos y quienes supuestamente los representan —tanto del oficialismo como de la oposición— parece ser otra de las causas del enojo de los ciudadanos, que se sienten al margen de la senda de desarrollo de las últimas tres décadas. Pero también explica en buena parte las dificultades de Chile para encontrar una salida a esta crisis, la mayor desde el retorno de la democracia en 1990.
En estos 15 días, el presidente, Sebastián Piñera, tardó en comprender el trasfondo del enojo de sus compatriotas y al principio centró su discurso exclusivamente en el orden público, dada la intensidad de la violencia simultánea que destrozó la ciudad. Sacó a los militares a la calle en una decisión política compleja: las Fuerzas Armadas no salían de sus cuarteles a tomar el control de las urbes desde la dictadura, al menos por hechos que no fuesen desastres naturales. Luego reaccionó y pidió perdón en nombre de la clase política ante la falta de visión por los problemas que se venían acumulando. Anunció un amplio paquete de medidas sociales, como el inmediato aumento de un 20% de las pensiones en beneficio de 1,5 millones de personas. Cambió su Gabinete y centró los movimientos en su equipo político y económico, aunque no fue una apuesta radical. Al menos hasta ahora, sin embargo, sus acciones siguen pareciendo insuficientes. Lo demuestra su popularidad: los ciudadanos lo han castigado y su respaldo ha caído a un histórico récord del 14%.
Daniel Mansuy, doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad de Los Andes, habla de un malestar acumulado y expandido: “Esta crisis se ha prolongado tanto porque la clase dirigente, en general, y la política, en particular, no han sabido articular ni contener ni dar una dirección a ese malestar”. “Sigue ahí porque la población no se siente interpretada por nada ni por nadie que le pueda dar un cauce institucional. Es grave”.
La oposición se encuentra dividida y, a juicio de la ciudadanía, no lo ha hecho mejor. La misma encuesta que mostró el 14% de popularidad para Piñera, el sondeo Cadem, indicó que todos los partidos de izquierda y centroizquierda están por debajo de esa cifra, con excepción del Frente Amplio, que alcanza un 16% de aprobación, apenas dos puntos por arriba del mandatario. Se trata de una joven coalición que mira a Podemos en España y que no ha logrado tampoco capitalizar el descontento chileno, evidente desde al menos 2006, con las primeras protestas estudiantiles.
En los primeros días de la crisis, el Partido Socialista, socio fundamental de la Concertación que gobernó Chile entre 1990 y 2010, se negó a asistir a las reuniones convocadas por el presidente para intentar darle una salida a la emergencia, argumentando que no lo haría mientras hubiese militares en las calles. El Frente Amplio y el Partido Comunista —que formó parte del segundo Gobierno de Michelle Bachelet junto al centroizquierda— buscan impulsar una acusación constitucional en el Congreso para destituir a Piñera. “Es un show parlamentario. La clase política sigue enfrascada en discusiones pequeñas, que es justo lo que le molesta a la gente”, opina Mansuy. “A la oposición, además, en un primer momento, le costó mucho condenar la violencia y fue muy ambigua, lo que es parte del problema político que tenemos”.
El movimiento chileno hasta ahora no tiene articulación: ni liderazgos, ni portavoces, ni un pliego de demandas concretas. En las peticiones convergen distintos intereses y necesidades. Mientras la clase política busca el diagnóstico y la respuesta necesaria, una parte de los ciudadanos se reúne espontáneamente en asambleas a discutir líneas de acción. Desde hace 15 días, la política chilena está en el aire.
AÑOS DE DESCONTENTO
Desde el estallido de la crisis, el presidente chileno, Sebastián Piñera, tuvo que dejar a un lado el programa con el que llegó a La Moneda en 2018. Se ha abierto a cambiar su reforma tributaria, incluso en los aspectos que consideraba fundamentales. Para no encender nuevas hogueras, sus ministros negocian con empresas privadas para contener el aumento de la tarifa eléctrica, el precio de los peajes urbanos o la gasolina.
Para algunos analistas, como Ascanio Cavallo, “simbólicamente, el Gobierno está acabado”, sobre todo después de que el miércoles anunciara la cancelación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se iba a celebrar en Santiago en noviembre, y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en diciembre. “Eran los mayores logros del Gobierno en materia internacional. El segundo desafío, lograr que la economía repunte, también lo daría por muerto”, afirma Cavallo.
El divorcio entre los chilenos y quienes son sus representantes políticos ha sido alertado desde hace años. El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) publicó en 2016 su encuesta Auditoría a la Democracia, donde advierte de “un problema de carácter estructural” y señala que “el descontento de la ciudadanía con el funcionamiento del sistema político y sus instituciones ha sido paulatino más que repentino”. Comparando los datos de 2008 y 2016, quienes no se identifican ni con la izquierda, ni el centro, ni la derecha pasaron de ser un 34% a un 68%. Quienes no se sienten representados con ningún partido político, de un 53% a un 83%.
Quién es el verdadero culpable de lo que ocurre en Chile?
Que «venezolanos y cubanos» han participado en las manifestaciones en Chile, son mentiras grandes de un medio de prensa que pudo haber dedicado ese espacio para analizar el por qué más de un millón de chilenos exigen el fin del modelo neoliberal imperante en el país
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No es la primera vez y estoy seguro que no será la última, que a Cuba la acusan lo mismo de transformar a médicos en militares y tenerlos en Venezuela, que, como ahora, que «venezolanos y cubanos» han participado en las manifestaciones en Chile. Son mentiras grandes de un medio de prensa que pudo haber dedicado ese espacio para analizar el por qué más de un millón de chilenos exigen el fin del modelo neoliberal imperante en el país. También pudo dedicar espacio en reflejar cómo los carabineros patean a jóvenes, mujeres y a niños, o los hieren con perdigones y balas de goma o mediante los gases lacrimógenos. Esta vez fue el periódico La Tercera, de la capital chilena, el que publicó a página completa dos artículos que vinculan las protestas sociales en Chile, con supuestos «venezolanos y cubanos».
Aparecido en la edición del lunes 28 de octubre, se refería a fuentes de inteligencia chilena que habían detectado la citada participación de venezolanos y cubanos en las manifestaciones.
Comprobada la mentira y la superficialidad del diario La Tercera, el medio escribió que «desde la semana pasada, en el gobierno y en organismos policiales circulaba la información sobre la participación de extranjeros en desmanes, lo que fue transmitido en off the record en distintas reuniones por autoridades policiales y de gobierno».
El fiscal preferente de la zona oriente de la Región Metropolitana, Omar Mérida, desmintió la información entregada por La Tercera indicando, en una entrevista con Tele13 Radio, que «no tiene antecedentes respecto de identidades específicas ni nacionalidades específicas». El citado diario se disculpó con los lectores por la información publicada, por supuesto cuando ya la matriz de la mentira estaba sembrada. En ese sentido, descartó que ciudadanos de países gobernados por la izquierda sean los sospechosos de siniestrar las estaciones de Metro en Chile en las más recientes manifestaciones.
Y mientras una prensa que hace gala de su «veracidad» y «ética» sigue sembrando mentiras, en el propio Chile el Gobierno hace poco o nada por devolver a la nación la tranquilidad ciudadana. Días antes, el diario Nuevo Herald publicó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, había denunciado un «patrón» de desestabilización proveniente de Venezuela y de Cuba, orientado primero a Colombia y Ecuador, y después a Chile, atribuyéndole a esos países una responsabilidad en las masivas movilizaciones antigubernamentales en la región.
¿Qué dice el diario La Tercera al respecto? No busquen los culpables fuera, que los tienen allí mismo, en el sistema imperante y las leyes de la época de la dictadura de Pinochet que no han sido abolidas.
Diputados chilenos votarán acusación constitucional contra presidente Sebastián Piñera
Esta acusación contra Piñera solo tiene como antecedentes en la historia de Chile los casos de los presidentes Manuel Montt en 1868, la cual fue rechazada; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue aprobada pero meses después que dejara la presidencia, y Arturo Alessandri en 1939, que ni siquiera fue admitida
Acusación contra Sebastián PiñeraAutor: Tomado de InternetPublicado: 05/12/2019 | 10:53 am
SANTIAGO DE CHILE, diciembre 5.— El pleno de la Cámara chilena de diputados votará el jueves próximo la acusación constitucional contra del presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad política en la represión desmedida contra el movimiento social.
La víspera, la defensa del mandatario presentó ya en la noche el texto con los descargos al secretario de la comisión que revisa la acusación constitucional.
En el documento se desestiman los argumentos expuestos en contra de Piñera, calificados de inadmisibles porque, según se alega, los hechos que se imputan aún no son investigados y no han sido juzgados.
La defensa señala también que la acusación constitucional solo puede proceder por actos imputables y no por aquellos que son cometidos por terceras personas.
Algunos analistas consideran que es poco probable que prospere la acusación, pues para aprobarla es necesaria la mayoría absoluta de los diputados en la plenaria y que pase al Senado, donde para destituir al presidente se requiere del voto favorable de dos tercios de los senadores.
Desde la comisión que analiza la acusación, el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo, advirtió que con este proceso se pretende dejar establecido que ningún Presidente está por sobre la Constitución y la ley.
El 19 de noviembre último, diputados de varios partidos de oposición presentaron la acusación constitucional con el argumento de que en el país se violaron los Derechos Humanos de forma generalizada y reiterada en el contexto de las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre.
Asimismo la comisión parlamentaria ha escuchado numerosos testimonios de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos que refuerzan ese planteamiento.
Esta acusación contra Piñera solo tiene como antecedentes en la historia de Chile los casos de los presidentes Manuel Montt en 1868, la cual fue rechazada; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue aprobada pero meses después que dejara la presidencia, y Arturo Alessandri en 1939, que ni siquiera fue admitida.
Ley que criminaliza las movilizaciones populares
SANTIAGO DE CHILE.— El Senado de Chile aprobó de madrugada el proyecto que aumenta las penas para los delitos de saqueos en el contexto de «calamidad pública o alteración del orden público» y tipifica como delito las barricadas, en el marco del estallido social desatado a mediados de octubre.
La iniciativa, que ya había sido aprobada por Diputados, define lo que se considerarán «desórdenes públicos» y así sanciona cinco conductas: paralizar o interrumpir gravemente servicios públicos de primera necesidad, como el transporte, agua potable, destruir bienes inmuebles, sobre todo los de «reconocida importancia científica, religiosa o social», entre otros.
También se consideran penas para quienes incendien objetos o usen elementos que impidan coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos como, por ejemplo, las barricadas, y sanciona el bloqueo al actuar de Bomberos u otros servicios de utilidad pública.
Por su parte, las organizaciones territoriales autoconvocadas de las distintas comunas de Santiago, agrupadas en la Asamblea Popular Autoconvocada de la Región Metropolitana, condenaron enérgicamente la aprobación de la Ley, cuyo objetivo es criminalizar aún más la legítima protesta social.
La Asamblea denuncia la complicidad de los partidos políticos que decían ser de oposición, pero que, apoyando la normativa, sufragaron a favor o se abstuvieron, guardando un vergonzoso silencio, frente a esta nueva «Ley Maldita».
La Asamblea Popular llama a los pueblos chileno e indígenas a no dejarse intimidar por las medidas represivas impuestas por un régimen criminal que le ha declarado la guerra, violando sistemáticamente los derechos de las personas en su afán de aferrarse al poder.
También convoca a todas y todos los chilenos y originarios a derogar en la calle la nueva Ley Maldita con más movilización, más lucha y más organización, señaló Resumen Latinoamericano.
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