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Sobre la mesa de David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, hay ya el informe que encargó a los servicios jurídicos de la Eurocámara tras la sentencia delcaso Junqueras. Y el documento es tajante: tras el fallo de la Corte de Luxemburgo, el expresident Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín deben ser considerados ya eurodiputados. Según explicaron fuentes parlamentarias, los abogados de la Cámara consideran que el fallo del Tribunal de Justicia de la UE también es claro en cuanto ambos no deben someterse a ningún formalismo antes de ocupar su escaño.
Puigdemont y Comín han sido los dos principales beneficiados del caso Junqueras. La sentencia del jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aceleró todo el engranaje para que ambos puedan incorporarse al Parlamento Europeo. Apenas tres horas después de que el presidente del TJUE leyera la sentencia, Sassoli comparecía ante el pleno de Estrasburgo para anunciar que había dado instrucciones a los servicios jurídicos para que evaluaran cómo aplicar la sentencia. Y por la tarde, Sassoli levantaba la prohibición que pesaba sobre ellos para acceder a las instalaciones a raíz de la euroorden cursada por el juez del Supremo Pablo Llarena.
Según fuentes parlamentarias, el informe de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo considera que la sentencia del TJUE solo tiene una única lectura posible: Puigdemont y Comín deben ser considerados ya europarlamentarios. Y, además, creen innecesario perfeccioanr el mandato mediante una promesa o un juramento a la Constitución. Ese extremo no solo tendrá conscuencias en España, sino en otros países de la UE donde los parlamentarios deben antes pasar por procedimientos similares.
En el seno de la institución, además, había dos posiciones respecto al reconocimiento de Puigdemont. Un sector quería acelerarlo y hacerlo de inmediato, mientras que otro quería darse más tiempo. El periodo navideño ha permitido conciliar esas dos posturas, de modo que este viernes Puigdemont y Comín pudieron poner en marcha todos los trámites necesarios para el procedimiento, que se culminará previsiblemente el próximo 6 de enero con la validación de las declaraciones de incompatibilidades y de intereses financieros. En esa fecha, ambos deberán haber dejado sus escaños en el Parlament de Catalunya.
De momento, apenas 24 horas después de la sentencia de Luxemburgo sobre el caso Junqueras, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín acudieron este viernes al Parlamento Europeo para recoger su acreditación provisional como eurodiputados electos. El pase, que tiene una vigencia de un día, les permitió empezar con los trámites necesarios para lograr sus credenciales permanentes después de las fiestas de Navidad, según fuentes parlamentarias. Recién llegado, el expresident, que huyó a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia, apeló al cumplimiento de la ley. "La justicia europea dice que somos eurodiputados desde julio pasado. Y hay que cumplir las leyes", sostuvo.
Los dos líderes independentistas llegaron a la sede de la Eurocámara en Bruselas apenas dos horas antes de que los servicios administrativos cerraran hasta después de fiestas. A pesar de que quieren sentarse en la bancada de Los Verdes, en la puerta les esperaba la eurodiputada del partido nacionalista flamenco N-VA Assita Kanko, que comparte grupo parlamentario con Vox. En solo diez minutos, salieron de la oficina con un pase temporal para poder empezar a efectuar los trámites necesarios para formar parte del hemiciclo. "Queríamos que [el Parlamento] no se fuera de vacaciones sin haber resuelto esta cuestión", sostuvo.
Los políticos posaron ante las cámaras mostrando su credencial, que lucía la fecha de expiración del 20 de diciembre de 2020. Fuentes parlamentarias no tardaron en advertir de que se trataba de un error: el pase era solo válido para un día, por lo que tuvieron que cambiárselo. Los dos principales trámites que deben realizar son las declaraciones de incompatibilidades y la de intereses financieros. La primera consecuencia, pues, de su acceso al escaño en Bruselas es que deberán renunciar a su silla en el Parlamento catalán por incompatibilidad. Comín explicó que el proceso para ceder su asiento en la Cámara catalana probablemente culminará el 6 de enero.
El expresidente catalán confió en que todos los trámites habrán culminado para acudir al pleno que se celebrará en Estrasburgo el 13 de enero. "Absolutamente", sostuvo. De hecho, el procedimiento que realizaron este viernes es el que no pudieron llevar a cabo en junio, cuando la Eurocámara rechazó darles un pase provisional. "Han tardado seis meses pero ya estamos aquí", añadió Puigdemont, quien de nuevo cargó contra el anterior presidente de la Cámara. "[Entonces] no pudo ser por una decisión arbitraria y abusiva del equipo de [Antonio] Tajani y sus servicios jurídicos", abundó el expresident, quien atribuyó la posición del expresidente italiano a la "poderosa máquina del Estado español" y varios "partidos políticos". Y como ya hizo el jueves en su primera comparecencia tras la sentencia del TJUE, insistió en que estudia emprender acciones legales contra Tajani.
A la vez, ambos deberán hallar su encaje dentro del hemiciclo. De entrada, Puigdemont ha sostenido que pedirán formar parte de Los Verdes-Alianza Libre Europea, que actualmente acoge a los diputados de En Comú Podem, Ernest Urtasun, y ERC, Diana Riba. Fuentes de ese grupo sostuvieron que esa demanda deberá estudiarse a la vuelta de vacaciones. Este viernes, en todo caso, no era el día. El Parlamento Europeo funcionaba sin apenas gas. Y Puigdemont y Comín apenas pudieron realizar una visita a las instalaciones guiados por su anfitriona de la N-VA.
La eurodiputada de ERC, Diana Riba, remitió un escrito a Sassoli para pedirle que reclame a las autoridades españolas que adopten las medidas necesarias para liberar a Junqueras y permitirle que tome posesión de su escaño.
El abogado le recomienda que no vuelva a España
La sentencia europea sobre Junqueras abrió al expresident las puertas de la inmunidad parlamentaria, lo que en teoría le permitiría moverse por toda Europa, España incluida. Aun así, Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas, recomendó este viernes “prudencia” al expresidente catalán y que no vuelva a España pese a la sentencia del TJUE que estableció que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, gozaba de inmunidad parlamentaria como eurodiputado desde el 13 de julio, cuando fueron proclamados los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo y mientras esperaba en prisión la sentencia del juicio del procés. “Visto lo visto con el señor Junqueras creo que es poco de fiar el respeto a la inmunidad que pueda tener el Tribunal Supremo”, ha dicho Boye en una entrevista en Radio Euskadi.
La justicia europea anuló este viernes el auto del Tribunal General —la rama del Tribunal comunitario que resuelve sobre decisiones de las instituciones europeas— que impidió que Carles Puigdemont y Toni Comín pudieran ocupar su asiento como eurodiputados el 2 de julio, cuando se constituyó la Cámara. En concreto, esa decisión judicial negaba las medidas cautelares que pedían el expresidente y el exconsejero contra la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerlos como parlamentarios. Tras la sentencia del jueves que fallaba que se adquiere esa condición tras ser proclamado como tal, la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la UE, la española Rosario Silva de Lapuerta, ha anulado el auto que dictó el presidente del Tribunal General y ha pedido que lo reexamine.
La magistrada afirma en su auto que “no cabe descartar” que el principio de “sufragio universal, directo, libre y secreto” suponga que “cualquier formalidad ulterior” impuesta por el derecho nacional no forme parte del proceso electoral. En otras palabras, que la formalidad de jurar o prometer la Constitución no es necesaria para tomar posesión del escaño. Y añade que, en todo caso, se trata de un “debate en profundidad” que no puede ser llevado a cabo por el juez que examine las medidas cautelares. La vicepresidenta concluye que el presidente del Tribunal General se equivocó al negar que la adopción de cautelares estuviera justificada y recuerda que el auto impugnado se llevó a cabo sin consultar con el Parlamento Europeo.
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