El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, se convirtió desde hace mucho en asentamiento de miles de fábricas y de plantas de procesamiento de hidrocarburos, lo que le dio una identidad de clase obrera y trabajadora de gente joven, que mezclada con sus raíces indígenas de todas las partes de Bolivia, han dado como resultado una población muy dinámica y altamente politizada, punta de lanza en muchos de los movimientos de protesta. Como lo fue durante la "Guerra del Gas" de 2003.
En días pasados la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, empezó una cacería de brujas contra miembros del MAS y una represión brutal contra los ciudadanos bolivianos, especialmente contra los indígenas. Y El Alto, con una mayoría de población indígena, con decenas de organizaciones obreras, juveniles y de mujeres de lucha, fue uno de los principales blancos de la represión de este nuevo gobierno.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Esto no es democracia, es el inicio de una tiranía de corte militar y religiosa que ve en la población indígena a sus enemigos. Son las élites económicas de Bolivia que están enardecidas porque vieron en los últimos años el empoderamiento de gente a la que solían tratar como cosas
En la memoria histórica de los habitantes de la zona están presentes los exitosos bloqueos de 2003 que impidieron la entrada de hidrocarburos a La Paz y eso les dio un mayor margen de negociación. Pero el gobierno golpista también recuerda bien esas tácticas y esta vez las trataría de impedir a cualquier costo, incluido el de sangre y fuego sin reservas. Este 19 de noviembre, la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en el distrito 8 de Senkata, en El Alto, fue objeto de una represión sanguinaria con el objeto de liberar un convoy de cisternas (carros tanque) de gasolina, diésel y gas licuado que eran custodiados por militares.
Militares empezaron a disparar a la población gas lacrimógeno, balines y balas desde distintos puntos, incluso desde helicópteros. En cuestión de minutos hubo decenas de heridos y varios muertos. Horas después se convocó a una marcha de protesta que fue de Senkata a La Paz para reprochar por la represión de la que está siendo objeto El Alto. Algunos manifestantes llevaban féretros que simbolizaban a sus compañeros caídos de la jornada anterior. Pero fueron recibidos otra vez con gases y plomo y las nuevas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo fueron nuevos cuerpos tendidos junto a los ataúdes de utilería que se habían llevado para la protesta. Desoladoras imágenes de un pueblo que es atacado por un gobierno golpista que pretende sofocar las protestas sociales en su contra.
Esto no es democracia, es el inicio de una tiranía de corte militar y religiosa que ve en la población indígena a sus enemigos. Son las élites económicas de Bolivia que están enardecidas porque vieron en los últimos años el empoderamiento de gente a la que solían tratar como cosas. Que vieron como sus "sirvientes" (choferes, trabajadoras del hogar, ayudantes) se convirtieron en ciudadanos conscientes de sus derechos políticos y civiles. Y les duele y les molesta. Y para eso hicieron un golpe de Estado que pavimente el camino de la contrarrevolución. Quieren al indio fuera del espacio público y sobre todo fuera de los lugares de toma de decisión.
Es urgente que el gobierno de facto no tome decisiones de política interior o internacional como ya lo ha empezado a hacer. El más grave es el decreto que permite a los militares reprimir a los manifestantes sin repercusiones, algo que debería escandalizar a cualquier organismo de derechos humanos, como ya pasó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el contexto internacional ya se habla de modificar contratos de gas o de la protesta contra las condiciones de asilo de Evo Morales en México.
La única tarea que deben tener por el momento los órganos de gobierno, ya sean legales y legítimos (como la Asamblea Legislativa) o parte del gobierno golpista (como el Ejecutivo), debe de ser el llamado a nuevas elecciones a la mayor brevedad posible para tratar de pacificar al país y que no haya más manifestantes asesinados por este nuevo gobierno de facto. En el Senado ya se presentó un proyecto de ley que fue enviado a varias comisiones, mientras que la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, entregó otra propuesta de ley que también busca convocar a nuevas elecciones, empezando por la designación de jueces del Tribunal Supremo Electoral.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Lo que no se debería permitir bajo ningún motivo es la participación de la OEA en estas nuevas elecciones ya que ha mostrado ser una entidad que defiende los intereses de los Estados Unidos y de los golpistas en detrimento de la ciudadanía boliviana
Los parlamentarios de MAS están proponiendo la anulación de las elecciones del 20 de octubre y como fecha tentativa para los nuevos comicios los primeros días de enero, mientras que el gobierno de facto y los golpistas pretenden que se postergue más tiempo, con la finalidad seguramente de poder controlar primero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con ellos tener unas elecciones a su modo. Lo que no se debería permitir bajo ningún motivo es la participación de la OEA en estas nuevas elecciones ya que ha mostrado ser una entidad que defiende los intereses de los Estados Unidos y de los golpistas en detrimento de la ciudadanía boliviana.
Es claro que la voz cantante en esta nueva etapa la debe tener la Asamblea Legislativa de Bolivia, que es el único órgano legal y legítimo en estos momentos. Que Jeanine Áñez amenace organizar elecciones por decreto no haría sino complicar las cosas en Bolivia y que la pacificación se aleje. Por su parte, Evo Morales ha declarado en un acto profundamente responsable, que estaría dispuesto a dar un paso al costado en estas nuevas elecciones si esto contribuye a frenar la violencia del nuevo gobierno contra la gente. Tal vez sea el momento de nuevos liderazgos en el MAS y mostrar que este es un proyecto político nacional e intergeneracional. Destacan los nombres de Andrónico Rodríguez Ledezma, vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, y Adriana Salvatierra, actual presidenta del Senado.
Por último debemos destacar la importancia que tienen los medios internacionales ante el cerco mediático del nuevo gobierno y los medios bolivianos principalmente ante las masacres que se han venido perpetrando contra los manifestantes. En El Alto, una de las consignas más escuchadas es "¿Dónde está la prensa?", en referencia al estruendoso silencio de los medios nacionales que actúan en contubernio con el gobierno de facto para acallar los asesinatos de los bolivianos. ActualidadRT, teleSUR, HispanTV, Página12 o periodistas como Marco Teruggi y Juan Manuel Karg están haciendo una espléndida cobertura que está rompiendo ese cerco mediático para que el mundo pueda enterarse del verdadero rostro de esta tiranía religiosa militar que se quiere imponer en Bolivia.
Lo que dicen los dos estudios independientes que contradicen a la OEA y niegan evidencias de fraude en la victoria de Evo Morales
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Dos estudios internacionales, hechos por investigadores independientes, han contradicho a los informes publicados por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre supuestas irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre donde resultó electo Evo Morales.
Uno de los trabajos investigativos se titula '¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA' y fue realizado por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés).
El análisis estadístico de los resultados electorales y de las actas de las elecciones generales del pasado 20 de octubre en Bolivia, recoge este documento de 18 páginas, "no muestra evidencias de irregularidades o fraude que haya afectado el resultado oficial que le dio al presidente Evo Morales una victoria en primera ronda".
Según el estudio elaborado por Guillaume Long, David Rosnick, Cavan Kharrazian y Kevin Cashman, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA apoyó una "narrativa postelectoral sin evidencia" que se refería a presuntas inconsistencias en el proceso.
El CEPR, con sede en Washington, fue fundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot e incluye como asesores los Premios Nobel de Economía Robert Solow y Joseph Stiglitz, entre otros especialistas.
Entendiendo el TREP
En el sistema electoral boliviano hay dos mecanismos de escrutinio que funcionan de manera paralela: uno de conteo rápido o Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que tanto Bolivia como otros países han usado siguiendo las recomendaciones de la OEA, y el Recuento Oficial de los Votos o cómputo oficial, legalmente vinculante según la ley boliviana.
Según se explica, el TREP es manejado conjuntamente por una empresa privada y por el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ). Su función es entregar resultado rápidos, no vinculantes y parciales en la noche de las elecciones, a diferencia del cómputo oficial.
La pausa que se realizó entre el domingo y el lunes ocurrió porque el conteo rápido llegó hasta 83,85 %. El porcentaje restante correspondía al voto rural, cuya data no pudo transmitirse de inmediato ante la imposibilidad de acceso cercano a internet.
Los expertos manifiestan que esta pausa estaba prevista por el Tribunal Supremo Electoral, que había anunciado una semana antes a las elecciones que daría a conocer los resultados del recuento rápido tras haber verificado por lo menos 80 % de los conteos preliminares.
Objeciones al informe de la OEA
La MOE manifestó un día después de las elecciones, en un comunicado de prensa, "su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares [del conteo rápido] conocidos tras el cierre de las urnas".
Hasta la transmisión de 83,85 % de las actas, Morales tenía 45,71 % de los votos, mientras que Carlos Mesa, 37,84 %, lo que significaba una diferencia de 7,87 puntos porcentuales entre ambos candidatos. Es decir, hasta ese momento no estaría asegurado evitar la segunda vuelta. Sin embargo, este resultado se modificó con el transcurrir del escrutinio.
Tres días después de los comicios, el director de la MOE, Gerardo de Icaza, leyó su informe preliminar ante el Consejo Permanente de la OEA en el que manifestó que "los cambios en la tendencia TREP eran difíciles de explicar y no coincidían con las otras medidas disponibles".
Los analistas consideran que "la misión no proporcionó evidencia sustentando estas declaraciones que sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o 'difícil de explicar', por lo que concluyen que:
Los resultados del conteo rápido para el 83,85 % de votos transmitidos son consistentes con una proyección del resultado final que señala como ganador a Morales con una victoria de más de 10 puntos porcentuales.
Ni la misión de la OEA ni ningún otro partido han demostrado que hubo irregularidades generalizadas o sistemáticas.
Ni el conteo rápido ni el oficial exhiben cambios significativos en las tendencias de votación respecto a los resultados finales.
El conteo oficial no se detuvo durante ningún período significativo ni sufrió una modificación importante tras la pausa del TREP.
No está claro cómo las objeciones de la misión de la OEA con respecto al conteo rápido afectarían al oficial.
¿La pausa alteró los resultados?
La OEA ha afirmado que tras la pausa, la diferencia de Morales sobre Mesa se incrementó de manera tal que el mandatario dimitido se aproximó a los diez puntos porcentuales necesarios para evitar el balotaje, por lo que expresó "su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas".
En este punto, los autores del informe se preguntan si "este 'cambio en la tendencia' es verdaderamente 'difícil de justificar'", a lo que responden:
Las zonas rurales y que han votado por Morales en los últimos trece años son más lentas en transmitir los datos y en enviar las hojas de conteo a los tribunales electorales debido a que no tienen acceso a internet y se encuentran alejados de las ciudades. Por ello, sus sufragios se cuentan en la etapa final del conteo.
Los resultados del conteo oficial tienen una tendencia similar a los del conteo rápido.
La brecha entre Morales y Mesa se amplió constantemente a medida que avanzaba el conteo. "Fue un fenómeno predecible y poco sorprendente".
En el informe, donde se concluye que los señalamientos de la OEA han tenido una influencia significativa en la opinión pública, se hace referencia al Gobierno de Donald Trump y a sus aliados, como el senador republicano Marco Rubio, quien ha hecho declaraciones "sugiriendo que la elección fue robada".
Los investigadores consideran que la politización de un proceso independiente de monitoreo electoral "se hace tangible" cuando la OEA "hace afirmaciones sin fundamento que ponen en duda la validez de un recuento electoral", lo que resulta "peligroso" en el contexto de la "polarización política y la violencia política postelectoral que ha tenido lugar en Bolivia".
Como recomendación se insta a retirar las "acusaciones sin fundamento" y tomar medidas "para asegurar la neutralidad de la observación electoral por parte de la OEA en el futuro".
El resultado no varió
Otro de los análisis titulado 'Evidencia en contra de que los votos fraudulentos hayan sido decisivos en la elección de Bolivia en 2019' lo presentó Walter Mebane, profesor de los departamentos de Ciencias Políticas y de Estadística de la Universidad de Michigan y uno de los expertos en fraude electoral en el mundo.
En el texto, Mebane explica que "hay evidencia de que los votos fraudulentos en las elecciones no fueron decisivos para el resultado", tras la utilización del modelo de Eforensics, que es la aplicación de la metodología científica a los medios informáticos para establecer información fáctica o proporcionar opiniones expertas para procedimientos legales.
Este modelo estadístico operativiza la idea de que los "fraudes" ocurren cuando un partido gana votos por una combinación de sufragios obtenidos de "fabricar" abstenciones y de "robar" votos a los partidos opositores.
Este trabajo arrojó que presuntamente existieron conteos "fraudulentos" en 274 de las 34.551 mesas habilitadas por los comicios en Bolivia.
En el escrito se aclara que el modelo Eforensics es nuevo y "con capacidades que aún no se han comprendido plenamente", por lo que, aunque se asemeje al conteo del sistema electoral, puede clasificar algunos votos como fraudulentos sin que necesariamente lo sean.
Mebane compara las irregularidades estadísticas que podrían haber indicado fraude, sin que eso hubiera cambiado los resultados finales, en comicios de Honduras, Turquía, Rusia, Austria y Wisconsin (EE.UU.) al hacerles análisis con el modelo de Eforensics.
Resultados
Según los resultados finales, Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), obtuvo el 47,08 % de los votos, mientras que Mesa, del partido conservador Comunidad Ciudadana, logró el 36,51 %. Dado el margen de más de 10 puntos porcentuales, que representan 648.439 votos, el mandatario habría logrado la victoria sin necesidad de una segunda vuelta.
En los 342 municipios que hay en Bolivia, el MAS ganó en 289, lo que equivale más de 85 % del total.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional el MAS obtuvo 21 representantes ante la cámara de senadores, que está compuesta por 36 escaños, por lo que obtuvo mayoría absoluta.
En cuanto a la cámara de diputados, compuesta por 130 legisladores, el movimiento oficial obtuvo 68 curules, por lo que de igual manera cuenta con mayoría absoluta.
La importancia geopolítica del 'Triángulo del litio' en Sudamérica (y su conexión con el golpe en Bolivia)
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La región fronteriza de Bolivia, Chile y Argentina concentra el 68 % de las reservas mundiales de litio, mineral cuyo valor ha crecido de manera significativa en los últimos años.
El crecimiento en la demanda y fabricación de dispositivos electrónicos y automóviles eléctricos ha provocado una disputa global por el litio. Se trata de un codiciado mineral utilizado para la fabricación de baterías cuyo valor ha repuntado de manera significativa en los últimos años, modificando el tablero de la geopolítica global.
En este contexto, el 'Triángulo del litio' en Sudamérica, la región fronteriza entre Bolivia, Chile y Argentina, se posiciona como una zona estratégica que despierta un creciente interés para las potencias económicas que manejan la economía global.
Un factor que, de acuerdo con el presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, explica una parte de los motivos detrás del golpe de Estado en la nación andina.
¿Qué es el litio?
Es un metal alcalino conocido por ser el elemento sólido más ligero que se conoce (tiene la mitad de densidad del agua), además de ser un eficiente conductor de calor y electricidad.
Por su elevado potencial electroquímico constituye un excelente material para la fabricación de baterías eléctricas para el almacenamiento de energía, también denominadas como baterías Li-Ion.
Dichas baterías son utilizadas principalmente en la industria de los dispositivos electrónicos y también en el mercado de los automóviles eléctricos, dos sectores que han tenido un crecimiento importante en las últimas dos décadas.
La comercialización del litio para la fabricación de baterías se da principalmente en su forma de carbonato de litio, aunque para otros usos industriales también se utiliza en forma de óxido de litio o cloruro de litio.
Tipos de yacimientos
El litio se extrae a partir de tres tipos de depósitos: salmueras (salares con agua de lluvia), pegmatitas (roca dura de grano grueso) y rocas sedimentarias. Sin embargo, la explotación más rentable de litio es la extracción en salmueras.
Se estima que el 58 % del total de litio en el planeta se encuentra en los salares de salmuera, seguido por un 26 % disponible en las pegmatitas, un 7 % en arcillas y el resto se encuentra en concentraciones poco significativas en el mar.
Usos industriales
En la actualidad el 39 % del litio es utilizado para la fabricación de baterías, el 30 % para la elaboración de productos cerámicos y vidrios, el 8 % para grasas y lubricantes, 5 % en la metalurgia, 5 % para la elaboración de polímeros, un 3 % para tratamientos de aire y el restante 10 % se dirige a otros fines, incluyendo usos medicinales.
De cara al año 2026, se estima que el 70 % del consumo tendrá como destino la fabricación de baterías, un 15 % a vidrios y cerámicos y el 15 % restante a otros usos, según datos del Ministerio de Energía y Minería de Argentina.
El 'Triángulo de litio' en Sudamérica
La mayor concentración de litio se encuentra en el llamado 'Triángulo del litio', conformado por Bolivia, Chile y Argentina.
Estos tres países concentran alrededor del 68 % de las reservas globales del mineral.
Bolivia posee el 30 % de las reservas mundiales de litio, seguido de Chile, con 21 %, y Argentina, con 17 % del total, según el estudio 'El mercado mundial del litio y el eje asiático. Dinámicas comerciales, industriales y tecnológicas (2001-2017)', realizado por Julián Zícari, Bruno Fornillo y Martina Gamba.
Más atrás se encuentra Australia con 7 %, que pese a poseer uno de los mayores yacimientos en forma de pegmatita, sus números caen considerablemente al procesar dichas rocas y convertirlas en carbonato de litio, la forma estándar de comercialización del mineral con fines industriales.
La región de Norteamérica también alberga algunos yacimientos de litio, aunque en menor magnitud.
En este sentido, Canadá y México poseen cada uno el 3 % de las reservas globales de litio, seguidos de EE.UU. que cuenta con el 2 % del total.
El mercado mundial del litio
La explosión de las nuevas tecnologías de la información, principalmente con el auge de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos con acceso a internet, así como las baterías para automóviles eléctricos, ha modificado por completo el mercado mundial de litio en las últimas dos décadas.
Esto explica el marcado repunte en el valor del litio a partir de 2015, al mismo tiempo que la cantidad de litio comercializable en el mundo ha tenido una tendencia a la baja a lo largo del siglo XXI, según muestran cifras disponibles en la base de datos de comercio de productos básicos de Naciones Unidas.
Justamente, lo más emblemático del régimen de facto en Bolivia, encabezado por la senadora derechista y ultraconservadora Jeanine Añez, ha sido su violenta represión y persecución de todo lo que huele a Evo Morales o a su partido, el MAS. El ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, ha declarado orgullosamente al New York Times que está "cazando a Juan Ramón Quintana", exministro de la Presidencia de Evo Morales, como "un animal". También dijo a The Guardian que quiere "encarcelar a Evo Morales por el resto de su vida", acusándolo de "terrorista". Ese lenguaje es el de un fascista, y evidencia la gravedad de la persecución que Bolivia está viviendo.
Este mes, quiero ceder este espacio al análisis realizado por uno de los perseguidos por el régimen de facto en Bolivia, cuyo nombre reservaré por el grave peligro y persecución que está actualmente enfrentando en su país. El rol de las fuerzas armadas y la policía en el golpe contra Evo no puede ser subestimado. Y tampoco, la mano injerencista de Estados Unidos:
Bolivia vive un momento más de desgarramiento social y político en su larga historia de inestabilidad y golpismo cívico-policial-militar. Lo que le ocurre, más allá de la tragedia que vive este pueblo heroico, tiene demasiadas paradojas como para dejarlas pasar por alto. La primera de ellas, es la hasta ahora incomprensible aventura destructiva de un país que enfilaba al siglo XXI por la ruta inédita del crecimiento económico, la estabilidad política y la justicia social.
La segunda paradoja, es sostener que hubo sucesión constitucional cuando en realidad lo que ocurrió fue un asalto planificado al poder. Desde la realización de cabildos sucesivos en el país como simulación democrática hasta el motín policial, lo que hubo fue un manejo del tablero político arteramente orquestado, desde tiempo atrás, en las entrañas del imperio con la complicidad de las élites regionales racistas que se enfundan en una religiosidad casi macabra.
La tercera paradoja, es el penoso papel de los medios de comunicación, que hoy son una maquinaria de manipulación vergonzosa al servicio de los intereses empresariales monopólicos. Junto a la panoplia de la mentira sistemática, dirigida desde la diplomacia pública norteamericana, las redes sociales cumplieron el perverso papel de filtrar desproporcionadamente, en contenido como en alcance, sólo la supuesta "maldad masista y el descomunal fraude", encubriendo al mismo tiempo la brutalidad y la violencia del paramilitarismo comiteísta cruceño, de las bandas armadas cochalas o del sicariato paceño.
La cuarta paradoja tiene que ver con el papel de la estructura monopólica de la violencia legítima destinada a proteger el Estado y al ciudadano, cuando en la realidad lo que ahora produce es violencia, muerte y terror estatal para sostener un régimen ilegítimo contra la voluntad popular mayoritaria. Nunca como ahora policías y militares enfundados en la supuesta defensa de la democracia y el control de la protesta callejera llevaron tan lejos sus armas represivas comandados desde "cuartos de guerra".
Los militares por dentro
Después de 16 años de haber ejecutado una de las mayores masacres sangrientas contra el pueblo de El Alto, que supuso sanciones penales y encarcelamiento para los mandos de la época, las Fuerzas Armadas (FFAA) retornaron a las calles vestidos con su inconfundible kaki norteamericano, con la misión de enfrentar la escalada de conflictos sociales en todo el país. El domingo 10 de noviembre, el Comandante en Jefe de las FFAA, General del Ejército Kalimán, aparentemente desconcertado y con voz trémula, dispuso la salida de las FFAA a las calles cuyo resultado trágico hasta hoy supera los 20 muertos, escenario que había sido evitado hasta el final por el presidente Evo Morales. Nada hace prever que esta decisión conduzca a Kalimán y sus comandantes sayones al mismo lugar donde cumplen sentencia sus antecesores responsables de la masacre sangrienta de El Alto en octubre del 2003.
La autonomía política del Gral. Kalimán en el momento de mayor crisis social y política, que precipitó el golpe definitivo, retrata de alguna manera no solo el fracaso del mando político sobre la milicia, sino la incomprensión de su ethos profesional, su cultura e ideología corporativa conservadora, pragmática, oportunista e inmediatista.
La valoración sobre la gestión de Evo Morales recorre los pasillos de los cuarteles. Sostienen que Evo los mantuvo fuera de todo conflicto social durante 13 años, equipó a la institución, incrementó su legitimidad ante la opinión pública, elevó su nivel salarial y su calidad de vida, y su incursión en tareas sociales y desastres naturales, permitió ser considerados por el gobierno como "soldados de la patria".
Empero hoy, un régimen de facto, comandado por un grupo político radical y dirigentes religiosos fanáticos, está conduciendo a las FFAA a enfrentar el desprecio mayúsculo de la sociedad y la condena internacional, cuyos efectos difícilmente serán superados en las próximas décadas. A esto se suma el cuestionamiento de sus altos mandos y a un nivel de desconfianza interna sin precedentes.
El golpe de Estado contra el proceso democrático liderado por Evo Morales tiene el sello inconfundible de las FFAA como actor protagónico, aunque fue la Policía Nacional quien encabezó el golpe desde la ciudad de Cochabamba el día viernes 8 de noviembre. Al parecer, el domingo 10 de noviembre del 2019, pasará a la historia como uno de esos días tragicómicos en el que un general mediocre y oportunista como Kalimán, con un Estado Mayor pusilánime y envilecido, decidieron resignarse a servir los intereses de una Policía éticamente descompuesta, moralmente destruida y patéticamente circense, que usó la biblia como escudo religioso para legitimar su sobrevivencia.
La Policía por dentro
El golpe de Estado promovido por las fuerzas policiales desde la ciudad de Cochabamba contra el gobierno de Evo Morales era un secreto a voces que fue maliciosamente ignorado por el Ministro de Gobierno, hábilmente manejado por el Comandante General de la Policía y eficientemente articulado por las fuerzas opositoras de derecha, que sabían desde años previos que la Policía Nacional constituía un aliado formidable para sus planes desestabilizadores. La oposición, asesorada por agentes externos, hizo trabajo de relojería dentro de la Policía, mientras el gobierno las ignoraba o solamente apelaba a ellas en casos de conflictividad social
Durante los 13 años del gobierno de Evo Morales no se tuvo la capacidad de generar una política de institucionalización, modernización ni disciplinamiento profesional de las fuerzas policiales. Los privilegios policiales, las prácticas de corrupción, así como los amplios márgenes delictivos de naturaleza corporativa, solo operaban y funcionaban en los niveles de mando dejando a los subalternos apenas las migajas o "mordidas", situación que potenció el malestar policial subalterno cuya responsabilidad apuntaba al gobierno nacional.
A esto se sumó el tratamiento inequitativo del gobierno nacional en favor de las FFAA –construcción de edificios, campos deportivos, compra de equipo y material militar, inversiones costosas en tecnología como radares etc.–, que alimentó un fuerte rencor antimilitar y antigubernamental dentro de las fuerzas policiales.
Ante la displicente relación entre Evo Morales y la Policía, el gobierno nacional llevó a cabo una política de cercenamiento de sus principales fuentes institucionales de recaudación, siendo las principales la otorgación de carnets de identidad y la lucha contra el contrabando. Aunque las decisiones fueron correctas, dirigidas a eliminar la corrupción, éstas fueron interpretadas de modo distinto por la Policía en su afán de preservar nichos de privilegio burocrático.
El golpe policial apoyado e impulsado en las calles por las protestas clase medieras dejó entrever su finalidad multifacética. Sirvió como la mejor oportunidad para vengarse del gobierno por el conjunto de maltratos y desplazamientos institucionales, una suerte de catarsis corporativa inflamada en una retórica de odio y religiosidad que estalló sin que nadie se percatara de su potencial efecto.
La retoma policial de instituciones, espacios y prerrogativas formó parte de las promesas del caudillo cruceño Luis Fernando Camacho para precipitarlas al golpe, objetivo que se cumplió casi quirúrgicamente. En unos de los cabildos realizados en Santa Cruz Camacho se comprometió a devolverles todas las instituciones "arrebatadas injustamente por el gobierno nacional" y otorgarles un tratamiento salarial y beneficios de jubilación similares a los de las FFAA, un incentivo sin duda irrefutable.
Empero, la autonomía policial en este contexto de crisis, se traduce en una peligrosa actuación de pequeños grupos que operan con independencia del mando central. Este clima incierto, con un gobierno que apela al discurso recalcitrante y un ministro de gobierno impulsado por odios atroces contra funcionarios de gobierno, está promoviendo la constitución de grupos policiales armados junto a bandas de paramilitares que trabajan bajo una lógica sicarial y vengativa.
Está claro que militares y policías constituyen las cornisas en las que se asienta el poder del gobierno golpista. También parece claro que estas cornisas sostienen disputas históricamente irresueltas e irreconciliables que con el paso de los días ofrecerán escenarios de mayor fractura y polarización. Más allá de su carácter provisorio, un gobierno con sentido común debiera empezar a conocer, aunque superficialmente, las profundas fracturas corporativas para evitar ser derrotados por sus consecuencias. Sin embargo, el gobierno golpista sólo mira la sombra y no el hueso, y por ello, su tiempo es tan breve como el estallido convulso de ambos cuerpos que empiezan a retorcerse para anularse o destruirse mutuamente.
Con una Policía Nacional enajenada por sus múltiples contradicciones internas y unas FFAA desconcertadas por la dimensión del conflicto y sus futuras responsabilidades política, jurídicas e institucionales, los bolivianos viven un panorama desolador.
Aunque Bolivia vaya a nuevo proceso electoral, sin la presencia de Evo Morales, Alvaro Garcia Linera u otros miembros de su partido, las heridas causadas por este violento golpe a su democracia y al estado de derecho no se van a recuperar. Hace falta denunciar ante la comunidad internacional las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de facto de Añez. Hace falta un clamor internacional en contra de la persecución y represión del pueblo, y de los miembros del partido y gobierno de Evo Morales, quienes temen por sus vidas y han sido forzados al exilio o al resguardo. Eso no es ninguna "transición democrática". Es una purga fascista que busca neutralizar y subyugar al pueblo digno. Mantener el silencio frente a tanta injusticia, sería un crimen de complicidad.
Evo Morales a Correa: "El litio jugó un factor importante en el golpe de Estado"
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El dimitido presidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de su conversación con Rafael Correa, ha indicado que entre las causas que han llevado al golpe de Estado en su país están la lucha de clases y las reservas nacionales de litio, entre otros factores.
Litio
Una de las mayores reservas de litio del mundo —necesario para la fabricación de autos eléctricos, baterías de larga duración, etc.— se encuentra en Bolivia y Morales ha expresado su total confianza en que este hecho influyó significativamente en la situación actual que se vive en el país.
Evo Morales
En Bolivia podríamos definir el precio del litio para el mundo
"Yo estoy segurísimo porque un grupo de dirigentes cívicos del Potosí rechazaron nuestro plan del litio, que estaba previsto al 2025: 41 plantas, 14 de ellas netamente industria del litio. Ya hemos terminado, el año pasado inauguramos la de cloruro de potasio, vamos a empezar a explotar 15.000 toneladas de septiembre hasta finales, estamos ampliando la exportación. El próximo año estaba previsto terminar la gran industria del carbonato de litio; en planta piloto este año estaba previsto 400 toneladas. Una tonelada de carbonato de litio cuesta más de 10.000 dólares. Hidróxido de litio. Y además de eso, plantas de baterías de litio. Estaba en el plan. Otras plantas tenían que ser solamente para insumos, y otras para subproductos. Tema de alimentos, tema de medicamentos, etc. Un lindo plan. Y ahí viene esta arremetida", ha lamentado. Morales ha indicado que la idea ha sido terminar la industrialización del litio y luego "en Bolivia podríamos definir el precio del litio para el mundo".
"Y ahora me he dado cuenta de que algunos países industrializados no quieren competencia. Primero, en el tema de liberación tecnológica. Y segundo, no aceptan que también otro modelo económico basado en el socialismo, como los llamados 'progresistas izquierdistas', demos otro mensaje que también otros van a seguir y soluciones para nuestros pueblos", ha indicado.
Lucha de clases
Evo Morales ha coincidido con Rafael Correa en que el "denominador común" para que las élites inicien el ataque contra los gobiernos de izquierda "no es ser indio, no es ser obrero, no es venir de la pobreza extrema, es que desafiamos al sistema, es que con nuestros gobiernos no manejaron el poder por primera vez en la historia".
"No tuvieron el poder. Y eso no lo pueden perdonar y no lo pueden seguir permitiendo. Y están dispuestos a todo, porque para ellos la democracia es válida mientras sirva a sus intereses. En el rato en que empieza a cambiar algo, y contra ellos, en función de las grandes mayorías, recurren a todas las argucias, a todos los instrumentos, entre ellos el golpe de Estado", ha manifestado Correa.
En este sentido, el exmandatario boliviano ha señalado también otro tipo de estrategia utilizada por ciertas élites empresariales y grupos de presión afines a la oposición: el discurso religioso. "Usaron la oración para hacer odiar, la Biblia contra la familia", indica Morales, que se muestra, como católico, "un poco decepcionado" al comprobar como sus detractores "usan a Jesucristo para hacer discriminar después".
Morales ha resumido que se trata de una "lucha de clases". "Yo estoy convencido de eso", ha subrayado, a lo que el anfitrión del programa ha añadido que "ser indígena es un agravante, porque nuestras élites son esnobistas, son racistas, y lastimosamente son semiignorantes también".
Morales ha evocado que al principio de su gobierno "había familias cautivas, y no querían desprenderse del patrón". "Nosotros dijimos les vamos a quitar su terreno y va a ser tu terreno. Esto ha pasado en Chaco Boliviano, no, no querían de su patrón nada y están endeudados para todo el año en temas de esos, tienen que trabajar, son esclavos. Costó, poco a poco, hemos liberado. Hemos acabado con las familias cautivas", recordó.
"Entonces, lo que usted cuenta es de verdad y sí que hay como una mentalidad, pero ahí, lamento mucho decir, hay algunos profesionales que dicen: nosotros hemos estudiado para mandar y dominar a los indios. Hay grupos todavía, eso a mí me sorprende", agregó.
Golpe tras golpe
El dimitido presidente ha recordado que en Bolivia, antes de su llegada a la Presidencia, "nunca hubo estabilidad, excepto en el Gobierno, en la época de Andrés de Santa Cruz y Calahumana, de 1829 a 1838 como cerca de 10 años de presidente", al cual puso fin un golpe de Estado, "a la causa de las oligarquías chilenas apoyado por las oligarquías bolivianas".
"Nunca hubo estabilidad política desde 1825 hasta el 2005, un presidente cada dos años de promedio. Yo me acuerdo como soldado, yo fui soldado de las Fuerzas Armadas, en 1978, ese año conocí 3 presidentes, 3 generales. Al año siguiente, como 4 presidentes. Golpe y golpe, sesión del Congreso, otra vez golpe", ha recordado Evo Morales.
"Noviembre del 78, me acuerdo, a mí me especializaron en policía militar porque era alto, medio flaco; y a la tarde dejé a mi general David Padilla Arancibia de comandante, porque estaba en un puesto militar, de comandante general del Ejército, estaba de comandante. Al día siguiente me despierto y mi comandante ya era presidente", explicó.
"Y 5 años antes de la Presidencia, de nuestro proceso de cambio, 5 presidentes. […] y la misma pregunta ahora, [yo] estaba cumpliendo 13 años, como 9 meses y 18 días. Ahí viene este golpe". Con respecto a la pregunta de Correa acerca de la reelección indefinida, Evo Morales ha indicado que no la ha pedido.
"Yo, en mi vida, aprendí que el cargo no se busca, el cargo te busca, desde dirigente sindical hasta ahora presidente. Entonces, ahí, los movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana dijeron que hay que hacer un referéndum para "habilitarte", "estamos bien", "debes continuar"; acepté. Esto no es mi pedido", ha aseverado.
Con respecto al informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Morales ha señalado que el informe registró irregularidades durante los comicios del 20 de octubre, pero "en ninguna parte decía que hay fraude".
"Hay un informe oficial en la primera vuelta, siempre muy amplio, si quieren revisen, que haya auditoría electoral, pero aquí hay un tema importante, el acuerdo con la Cancillería y la OEA que decía el día miércoles de la semana pasada que a las 13:14 debería darse un informe oficial, ese era el acuerdo, pero sorpresivamente, el domingo en la madrugada, nos llaman, y ya había un acuerdo preliminar, dijimos: 'Pásennos el acuerdo preliminar'. Y era cualquier cosa, una parte decía: 'Evo ganó, Carlos Mesa segundo', con ello se demuestra que ganó en la primera vuelta", ha señalado.
Morales continúa: "En ese momento yo dije: 'Comuníquenme con Luis Almagro'. No me comunicaron. Ya estaban sacando el domingo en la madrugada, y hablé con el encargado que estaba hablando con el canciller, yo le dije de manera muy textual: 'Si ustedes no revisan su informe, con este informe van a incendiar Bolivia y va a haber muertos'". "El domingo en la madrugada la OEA se suma al golpe de Estado", ha resumido.
Además, el dimitido presidente ha explicado que el grupo de expertos estadounidense Center for Economic and Policy Research le confirmó, tras una evaluación, que Evo Morales ganó en la primera vuelta. "Lo han dicho dos grupos más de expertos", ha agregado Correa.
Evo Morales
También estoy convencido, si realmente hiciéramos un reconteo voto por voto, mesa por mesa, todos, ganamos
"No [los] hemos contratado, no [les] hemos pagado para nada, pero es su propia opinión. Y además de algunos expertos nacionales, demuestran que hemos ganado en la primera vuelta", ha insistido Morales.
"Yo no tengo nada que ocultar, nunca he ocultado nada. Y cuando hay un fraude, que vengan instituciones, personalidades, expertos, organismos, a hacer una auditoría. Nosotros hicimos una auditoría interna. Hubo algunas irregularidades pero hemos ganado en la primera vuelta, confiados. Y ya, se ofreció la OEA y que venga. Pero la OEA tomó una decisión y su informe no se basa en un informe técnico, sino en una decisión política", ha aseverado y añadió que "en vez de que sea OEA, debe llamarse Organización de Estados del Norte, mejor que América".
Golpe en marcha
Morales ha recordado que cuando avanzaron hacia algunas ciudades los "grupos racistas y fascistas" con la meta del golpismo, "primero, yo convoqué a los partidos que tienen representación parlamentaria producto de las elecciones del 20 de octubre. Me rechazaron. Y segundo, el domingo en la mañana dije: 'Bueno, que vayan a nuevas elecciones, con nuevos actores políticos, con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y si no quieren [con] Evo, también sin Evo Morales'. Tampoco quisieron".
"Entonces, ¿cuál era la tarea? Era el golpe, 'fuera Evo'", ha indicado y señalando que: "Todo el día domingo 10 de noviembre fue muy doloroso para mí… [ver a la gente] quemando [casas de] gobernadores y [según] las últimas informaciones a nuestra diputada uninominal, la Policía le pone las manos sobre la nuca, como en [los] tiempos de la dictadura. [Golpean] a nuestra senadora Adriana Salvatierra cuando estaba entrando en la Asamblea, le rompen [la ropa], la agreden... es dictadura, dictadura".
"Y la última información de esta mañana: ahora rodeados de tanques, queriendo cerrar la Asamblea. Quieren cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional", advirtió.
"¿Quién está mandando en este momento? La gente de EE.UU. y el 'Tuto' Quiroga, que es el 'banzerismo'; 7 años de dictadura. Decían 'Evo autoritario', '¡Dictadura!'… Ahí está la dictadura", ha hecho hincapié, agregando que "en un solo día 12 muertos a bala, disparando desde helicópteros".
El mandatario dimitido ha señalado que cuando llegó al poder, "en todas las Fuerzas Armadas había un solo helicóptero". "Las equipamos y ahora tienen 25 helicópteros. Y me duele ver que lo que compramos de Francia, de China, disparándole a mis hermanos", ha lamentado Morales.
"Yo siempre he dicho que ese equipamiento no es [para ser usado] contra el pueblo. Es para prestar servicio al pueblo; en inundaciones y tantos desastres naturales que tenemos últimamente y por supuesto para la defensa de la Patria. Ahora, [lo están usando] contra el pueblo. Pero estoy convencido de que no son todos los comandantes, ni son [todos] los oficiales", ha expresado.
"Yo he conocido a militares patriotas, no sé si es importante decirlo, sí llegan a mí informaciones importantes [de] dentro de las Fuerzas Armadas, tengo mucha confianza en que, en cualquier momento, las Fuerzas Armadas van a estar con el pueblo", ha aseverado y agregó que "hay que hacer una profunda reestructuración, si queremos que las Fuerzas Armadas estén al servicio del pueblo y no del imperio".
"Hasta el domingo, 0 muertos. Del lunes hasta el viernes de la pasada semana, en 5 días: 21 muertos a bala", ha denunciado. "Repito nuevamente, las Fuerzas Armadas se suman el día domingo y el día domingo se suma la OEA, para rematar el golpe de Estado", ha reiterado.
Además, Evo Morales ha revelado que no creyó mucho "en este montaje sobre fraude". "Ya desde octubre empezaron a decir 'va a haber fraude, va a haber fraude' y por más que hubiéramos ganado con más del 50 o 60% igual lo habrían desconocido, estoy convencido de eso. Era importante como aclaré oportunamente, tener más [observadores] que vengan. También estoy convencido, si realmente hiciéramos un reconteo voto por voto, mesa por mesa, todos, ganamos", ha concluido.
Respecto a su estado actual, ha indicado que "legalmente" sigue siendo el presidente de Bolivia si todavía no han aprobado su renuncia.
Atentado contra Evo Morales
Morales ha revelado que el día 4 de noviembre se perpetró un atentado contra su vida. "Yo fui a entregar un camino. Sorpresivamente, el helicóptero se había caído. Yo todavía estaba pensando que era por algún problema, pero ahora estoy convencido, convencido, de que eso fue un atentado", ha declarado.
Evo Morales
El comandante de la Fuerza Aérea, Terceros, es el que ha hecho este atentado
"Yo he viajado tanto en helicóptero cada día… De los 9 departamentos que tiene Bolivia, mi récord, en 5 departamentos he estado en temas de gestión. Desde las 05:00 de la mañana, hasta las 11:00, 12:00, a veces hasta la 01:00 de la mañana. Viajes en helicóptero, avión, helicóptero, avión. Con ventarrones, lluvias, a veces la nubosidad… pero aquí una pequeña llovizna… me ha sorprendido. Después ya me he dado cuenta de que han generado [el atentado]", ha indicado Evo Morales.
"El comandante de la Fuerza Aérea, Terceros, es el que ha hecho este atentado", ha aseverado, "porque en los últimos días ya cambió totalmente este general".
"Ese día, Camacho dijo: 'El día lunes van a ver cómo Evo se va a caer, vamos a mostrarlo en video'. Y en la noche, después de que salvamos la vida por el tema del helicóptero, no mostró nada. La decepción de la gente que esperaba la documentación de lo que él quería mostrar: que se ha caído el helicóptero de Evo y cómo Evo ha muerto", ha revelado Morales.
WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, celebró la renuncia de Evo Morales en Bolivia, y sostuvo que ello le da una fuerte señal a "regímenes ilegítimos" en el Hemisferio Occidental, entre los que incluyó a Nicaragua y Venezuela.
"La renuncia ayer del presidente boliviano Evo Morales representa un momento significativo para la democracia en el Hemisferio Occidental (...) EEUU aplaude al pueblo boliviano por demandar su libertad, y a las fuerzas militares por cumplir con su voto de proteger, no a una persona, sino a la Constitución de Bolivia", afirmó Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca.
El mandatario añadió que la salida de Morales es "una fuerte señal para los regímenes ilegítimos en Venezuela y en Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerá".
Estados Unidos no tiene preferencias entre los candidatos para ocupar la presidencia boliviana tras la renuncia de Evo Morales, dijo un portavoz del Departamento de Estado.
El funcionario dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que Washington "prioriza el cumplimiento de los procedimientos democráticos" y subrayó que la elección de un nuevo presidente de Bolivia debe realizarse de acuerdo con la Constitución actual del país.
La segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, Jeanine Áñez, quien asumiría la presidencia interina después de las renuncias de Morales, dijo más temprano que las nuevas elecciones deben celebrarse antes del 22 de enero de 2020.
El líder indígena Morales, que llevaba en la presidencia de Bolivia desde 2006, dimitió en medio de violentas protestas y tras la petición expresa por parte de la policía y las Fuerzas Armadas.
La renuncia ocurrió pese a que el presidente convocó a nuevas elecciones debido a que auditores de la OEA sugirieron repetir la votación en Bolivia ante la constatación de irregularidades en el conteo de votos en las elecciones del 20 de octubre pasado, en las que Morales resultó ganador, según el Tribunal Supremo Electoral.
EEUU ha impuesto sanciones contra Venezuela y Nicaragua, a cuyos líderes, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente, acusa de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Investigadores latinoamericanos y europeos construyeron un mapa que refleja cómo un entramado de agencias del Gobierno norteamericano, corporaciones privadas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación fueron 'esenciales' para sacar a Evo Morales del poder. Sputnik habló con una de sus creadoras, Silviana Romano.
Romano es licenciada en historia y también en comunicación, es doctora en ciencias políticas y ha dedicado sus últimos años de estudio a las relaciones de Estados Unidos con América Latina, "con especial énfasis en temas de guerra psicológica", dijo en diálogo con Sputnik.
La investigadora creó el mapa junto a Tamara Lajtman, brasileña radicada en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Aníbal García Fernández, mexicano formado en la Universidad Nacional de México (UNAM), y Arantxa Tirado, formada en Barcelona, quienes tienen en común haber tomado, en algún momento, clases en la UNAM.
"El equipo comenzó siendo sobre la relación entre Estados Unidos y América Latina, pero hace un año se reformuló para incluir a otras potencias como Rusia y China, que disputan los intereses a EEUU", explicó Romano.
Ante el cambio del poder sufrido por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia, encabezado por Evo Morales, y que causó su exilio en México —y el de otros miembros de su Gobierno— el equipo presentó su análisis geopolítico de este suceso en la forma de un mapa de poder que fue publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en un informe titulado "Estados Unidos y la construcción del Golpe en Bolivia".
Silvina Romero compartió con Sputnik algunas pistas para leer ese mapa.
Infografía que muestra la red de poder detrás del golpe en Bolivia (clic para expandir)
¿Qué es un mapa de poder?
"Siempre se habla de imperialismo y de dominación, pero la gente descree de esta postura porque dice que le faltan pruebas. La red o el mapa de poder es una manera de materializar y poner de modo sintético cómo opera el poder", explicó la doctora.
Romano señaló cómo en el caso de Bolivia se confirma el maridaje en los intereses entre las agencias del Gobierno norteamericano con corporaciones trasnacionales, que comparten funcionarios mediante mecanismos como la puerta giratoria, que permiten el pasaje del ámbito público al privado; y la institucionalización política de técnicas de mercado como el lobby.
La doctora en ciencia política sumó en su análisis un mecanismo descrito en la década de 1980 por los teóricos de la comunicación que incluye en este esquema a los medios de comunicación.
"El concepto 'manufacturing consent' sale del trabajo de Edward Herman y Noam Chomsky llamado Los Guardianes de la libertad, un libro de 1988 y las ideas sobre 'la red' las aportó Armand Mattelart con sus estudios sobre economía política de la comunicación crítica, pero como no son autores posmodernos, han quedado en el olvido", aseguró Romero, quien señaló la pertinencia de esos marcos teóricos para entender la realidad actual de América Latina.
"Cuando existen esas relaciones asimétricas, dónde hay lugares que sí tienen herramientas para generar un discurso que tiene fuerza de verdad por la cantidad de veces que se repite, por cómo se machaca en las redes sociales y no deja espacio para la opinión contraria", explicó, podemos ver este mecanismo de crear consenso en funcionamiento, que, según revela este estudio, es financiado y dirigido de manera exógena a los países y puede aplicarse a la crisis boliviana actual.
"Este mapa de poder del golpe en Bolivia muestra la vinculación entre instituciones locales, regionales, trasnacionales y trayectorias personales. Es un trabajo del tipo sociológico y ayuda en este caso a comprender un mínimo porcentaje, una partecita de cómo operan estas instituciones vinculadas a las derechas a nivel local y trasnacional cuando no están de acuerdo en la deriva política, económica de un Gobierno", comentó la coautora.
Una historia golpista: el caso boliviano y sus principales actores
Romano es especialista en este tipo de golpe. El primero en la historia fue el que derrocó a Jacobo Árbenz de la Presidencia de Guatemala en 1954.
"Cuando hablamos del poder, hablamos de la toma de decisión para convencer en el plano ideológico y favorecer su reproducción, al financiarla en términos materiales", explicó.
El mapa se construyó siguiendo los esquemas de financiamiento a partir de dos instancias gubernamentales de Estados Unidos como la Agencia para el Desarrollo Internacional, que a su vez, financia a la Fundación Nacional para la Democracia, un órgano "vinculado desde su creación en la década de 1980 a la financiación de contrainsurgencia" y que aparece ahora detrás de organismos claves en la promoción del golpe contra Evo Morales, de acuerdo con la investigación.
"La NED no aportó tanto con dinero, sino con la aprobación de sus líneas de trabajo y con su proyección internacional", dijo Romano. "Esta red incluye fundaciones y ONG, así como vínculos con tanques de pensamiento de Estados Unidos que generaron una 'opinión experta' sobre Evo Morales durante los últimos dos o tres años, que sostuvo que si bien la economía iba bien, Bolivia tenía un problema con la democracia", señaló Romano.
Este problema que identificaron los tanques de pensamiento de Estados Unidos decía que "la democracia boliviana era autoritaria, que no era normal como debería ser y que lo más probable era que en las elecciones de 2019 hubiese un escenario de desestabilización y de violencia si no se pasaba a segunda vuelta", señaló Romano.
Es decir, anticiparon tiempo antes el escenario que ahora vemos materializado. "Ya lo habían escrito entonces. Ahora, ¿ese era un escenario probable o deseable? Como era uno deseable, buscaron generarlo con esas proyecciones", explicó.
Según los investigadores, la NED financia directamente a la Agencia Nacional de Prensa de Bolivia y a la Fundación Nueva Democracia, fundada por el senador de Unidad Democrática por el Departamento de Santa Cruz, Óscar Ortiz Antelo, opositor al MAS.
A su vez, Nueva Democracia es miembro de la Red Atlas, identificada por Romano como una organización creada en la década de 1980 por conservadores norteamericanos para "promover el libre mercado y los valores liberales, según decía su propia página web", señaló.
La Red Atlas aparece vinculada a otros procesos desestabilizadores recientes en América Latina por medio de otros miembros como Students for Liberty en Brasil y en Honduras con Eleutera.
"Ellos no llegan diciendo que van a derrocar al Gobierno, sino a entablar cursos de formación para jóvenes líderes, en democracia y derechos humanos. Entonces, se reproduce un discurso que es el centro de la reproducción de la ideología hegemónica", dijo la investigadora Silvina Romano a Sputnik.
El tercer elemento son los medios de comunicación, que eligen las fuentes que replican ese discurso.
"Un actor clave en Bolivia es Raúl Peñaranda, quien estuvo vinculado alaffaireZapata, que denunció falsamente un hijo no reconocido a Evo Morales. Eso tuvo repercusión sobre el resultado del referéndum porque puso en cuestión la calidad moral de Evo y ellos sabían que iba a ser así", señaló Romano.
La investigadora explicó que Peñaranda fundó la agencia de prensa Fides —vinculada a la Iglesia— así como ha dado charlas ante el Interamerican Dialogue, "uno de los tanques de pensamiento más importantes sobre América Latina", dirigido por Michael Shifter, participante en la NED desde sus inicios.
"Es decir, son personas con una trayectoria que va entre el Gobierno y el sector privado en una puerta giratoria que hace que compartan ciertos intereses y prácticas y formas de hacer las cosas", explicó.
De las ONG financiadas o guiadas por este esquema foráneo, solo pusieron a una: Ríos de Pie o Standing Rivers liderada por Jhanisse Vaca Daza, una ONG que adquirió visibilidad denunciando que Evo Morales tenía una responsabilidad en no haber aceptado ayuda extranjera ante la quema del Amazonas.
"Standing Rivers es una ONG vinculada a la Human Rights Foundation de Noruega, que incluye a personajes de ultraderecha y tiene programas islamofóbicos, pero con gran repercusión en los grandes medios como CNN, Forbes o Fox", señaló Romano.
"Además, Jhanisse Vaca Daza estuvo presente en un repudio a Evo Morales cuando habló públicamente en la UNAM días atrás", agregó. "Lo que no se comprende es que las ONG vinieron a llenar el hueco que dejó el Estado en todo lo relativo al bienestar socioeconómico y la justicia social", refirió la fuente.
Lo preocupante, según Romano, es que estas organizaciones y fideicomisos que han sido anteriormente vinculados a la USAID y la NED "luego demostraron ser espacios de formación política de oposición a los Gobiernos de turno", señaló.
"Eso en cualquier lugar del mundo es considerado una intervención y es un caso que debe ser judicial. Vos no podés ir a otro país a arengar en contra del Gobierno de turno porque así lo quieres. Pero esto sucede todo el tiempo", concluyó.
CIDH pide una investigación internacional por violaciones de derechos humanos en Bolivia y emite 16 recomendaciones
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe, luego de la visita que hiciera a Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre, tras una invitación del Gobierno de facto, donde hace 16 recomendaciones relacionadas con el respeto por los derechos humanos, la libertad de expresión y la actuación de los cuerpos de seguridad.
De igual modo, solicita que se haga una "investigación internacional independiente" sobre los hechos registrados en el país andino tras el triunfo en primera vuelta del dimitido presidente Evo Morales, que fue desconocido por el candidato opositor Carlos Mesa y los presidentes de los comités cívicos, entre ellos Luis Camacho.
En el texto, la CIDH muestra su acuerdo con la nota diplomática del 10 de diciembre, firmada por el Gobierno de facto, donde se afirma que "está plenamente de acuerdo" en esa investigación internacional donde se indagarán en los "hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre del 2019".
Según se explica en el documento, el "eje central" de las observaciones y hallazgos del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha sido responsabilizado por Morales de participar en un golpe de Estado en su contra, son los "indicios de violaciones de derechos humanos, con profundas repercusiones sobre la vida de la sociedad boliviana".
Masacres de manifestantes
En el informe, el organismo se ha referido al "excesivo uso de la fuerza" en las operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como a la emisión del Decreto Supremo No. 4.078 para "eximir de responsabilidad penal" a los militares que hubieran participado en acciones de orden interno.
Como ejemplos de la actuación desmedida de los uniformados en contra de civiles, cataloga como masacres las muertes ocurridas en Sacaba, Cochabamba, del 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, del 19 de noviembre, en las cuales fallecieron al menos 18 personas durante un operativo militar y policial. Además se refiere a las muertes registradas el 11 de noviembre en la Zona Sur – Pedregal del municipio de La Paz.
Por ello, recuerda que los "actos de violencia" de ninguna manera "pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado".
Hasta el 27 de noviembre, la comitiva de la CIDH contabiliza 36 personas fallecidas y más de 800 heridos en Bolivia en medio de las protestas.
Las peticiones de la CIDH
Entre las 16 peticiones está el respeto y la garantía del derecho a la protesta, la libertad de expresión y la actuación de los cuerpos de seguridad apegada a los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza.
De igual modo, se recomienda "suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía por las calles" y "cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas".
Sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, se exhorta a "realizar una revisión legal independiente" de todas las imputaciones durante las protestas y liberar a quienes estén detenidos de forma injustificada.
Además, se pide desmantelar los grupos armados violentos y establecer un plan de atención y reparación a las víctimas.
En cuanto al personal diplomático asilado en las embajadas de México y Argentina, se pide entregarles salvoconductos para que puedan obtener asilo y refugio.
Finalmente, se solicita el compromiso de instalar un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Bolivia.
Bolivia define este jueves el escenario político para las próximas elecciones derivadas del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.
En ese contexto, el Movimiento Al Socialismo (MAS) espera definir este fin de semana su binomio electoral.
Rimer Agreda, jefe departamental del MAS, comunicó que el sábado en un ampliado nacional en la localidad de Cliza, en Cochabamba (centro), se pudieran conocer los nombres de las figuras políticas que los representen en los comicios del venidero año.
Por su parte, el dirigente del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, aseguró este jueves que las elecciones de 2020 se harán en la región del Chapare ‘con o sin la policía’ y criticó las advertencias que lanzó el ministro del gobierno de facto, Arturo Murillo.
Loza repudió los términos del ministro por ‘antidemocráticos, irracionales y fuera de contextos’, según calificó, y señaló que ‘ningún chantajista puede impedir el desenvolvimiento de la democracia en la zona del Trópico de Cochabamba’.
El dirigente cocalero manifestó que en la región del Chapare, bastión político del MAS, la población está organizada en grupos de seguridad comunal ante la falta de efectivos del orden.
En la reunión ampliada del MAS celebrada el pasado sábado en esa zona, los participantes eligieron al líder indígena Evo Morales, presidente histórico de las seis federaciones del Trópico, como jefe de campaña para los comicios.
Por otro lado, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, perdedor en los comicios del pasado 20 de octubre, ratificó este martes a Gustavo Pedraza como aliado de esa agrupación de cara a las elecciones venideras, aunque también admitió haber mantenido conversaciones con otros dirigentes cívicos.
En ese escenario, la filtración de audios de una pelea verbal entre Marco Pumari, actual presidente del Comité Cívico Potosinista y Luis Camacho, extitular de similar entidad en Santa Cruz confirma la falta de coherencia y las limitaciones del bloque que originó la asonada golpista en Bolivia.
Pumari insistió en la posibilidad de postularse a la presidencia a través de una coalición, al margen de Camacho.
La excandidata a la vicepresidencia por el Partido Democrático Cristiano, Tomasa Yarhui, abrió hoy la posibilidad de que el expresidente Jorge Tuto Quiroga sea el candidato de los golpistas, al recibir el apoyo de cinco partidos políticos.
Según la Ley excepcional promulgada el 24 de noviembre último por la presidenta autoproclamada, Jeanine Áñez, el nuevo Tribunal Supremo Electoral debe ser designado por el Parlamento en un plazo de 20 días.
En las elecciones de 2020 podrán participar todos los partidos registrados legalmente, con los candidatos que deseen; sin embargo, los ciudadanos electos con dos periodos constitucionales anteriores no podrán postularse.
Tal normativa priva de la reelección al expresidente Evo Morales, y a su vicepresidente, Álvaro García Linera.
Justamente, lo más emblemático del régimen de facto en Bolivia, encabezado por la senadora derechista y ultraconservadora Jeanine Añez, ha sido su violenta represión y persecución de todo lo que huele a Evo Morales o a su partido, el MAS. El ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, ha declarado orgullosamente al New York Times que está "cazando a Juan Ramón Quintana", exministro de la Presidencia de Evo Morales, como "un animal". También dijo a The Guardian que quiere "encarcelar a Evo Morales por el resto de su vida", acusándolo de "terrorista". Ese lenguaje es el de un fascista, y evidencia la gravedad de la persecución que Bolivia está viviendo.
Este mes, quiero ceder este espacio al análisis realizado por uno de los perseguidos por el régimen de facto en Bolivia, cuyo nombre reservaré por el grave peligro y persecución que está actualmente enfrentando en su país. El rol de las fuerzas armadas y la policía en el golpe contra Evo no puede ser subestimado. Y tampoco, la mano injerencista de Estados Unidos:
Bolivia vive un momento más de desgarramiento social y político en su larga historia de inestabilidad y golpismo cívico-policial-militar. Lo que le ocurre, más allá de la tragedia que vive este pueblo heroico, tiene demasiadas paradojas como para dejarlas pasar por alto. La primera de ellas, es la hasta ahora incomprensible aventura destructiva de un país que enfilaba al siglo XXI por la ruta inédita del crecimiento económico, la estabilidad política y la justicia social.
La segunda paradoja, es sostener que hubo sucesión constitucional cuando en realidad lo que ocurrió fue un asalto planificado al poder. Desde la realización de cabildos sucesivos en el país como simulación democrática hasta el motín policial, lo que hubo fue un manejo del tablero político arteramente orquestado, desde tiempo atrás, en las entrañas del imperio con la complicidad de las élites regionales racistas que se enfundan en una religiosidad casi macabra.
La tercera paradoja, es el penoso papel de los medios de comunicación, que hoy son una maquinaria de manipulación vergonzosa al servicio de los intereses empresariales monopólicos. Junto a la panoplia de la mentira sistemática, dirigida desde la diplomacia pública norteamericana, las redes sociales cumplieron el perverso papel de filtrar desproporcionadamente, en contenido como en alcance, sólo la supuesta "maldad masista y el descomunal fraude", encubriendo al mismo tiempo la brutalidad y la violencia del paramilitarismo comiteísta cruceño, de las bandas armadas cochalas o del sicariato paceño.
La cuarta paradoja tiene que ver con el papel de la estructura monopólica de la violencia legítima destinada a proteger el Estado y al ciudadano, cuando en la realidad lo que ahora produce es violencia, muerte y terror estatal para sostener un régimen ilegítimo contra la voluntad popular mayoritaria. Nunca como ahora policías y militares enfundados en la supuesta defensa de la democracia y el control de la protesta callejera llevaron tan lejos sus armas represivas comandados desde "cuartos de guerra".
Los militares por dentro
Después de 16 años de haber ejecutado una de las mayores masacres sangrientas contra el pueblo de El Alto, que supuso sanciones penales y encarcelamiento para los mandos de la época, las Fuerzas Armadas (FFAA) retornaron a las calles vestidos con su inconfundible kaki norteamericano, con la misión de enfrentar la escalada de conflictos sociales en todo el país. El domingo 10 de noviembre, el Comandante en Jefe de las FFAA, General del Ejército Kalimán, aparentemente desconcertado y con voz trémula, dispuso la salida de las FFAA a las calles cuyo resultado trágico hasta hoy supera los 20 muertos, escenario que había sido evitado hasta el final por el presidente Evo Morales. Nada hace prever que esta decisión conduzca a Kalimán y sus comandantes sayones al mismo lugar donde cumplen sentencia sus antecesores responsables de la masacre sangrienta de El Alto en octubre del 2003.
La autonomía política del Gral. Kalimán en el momento de mayor crisis social y política, que precipitó el golpe definitivo, retrata de alguna manera no solo el fracaso del mando político sobre la milicia, sino la incomprensión de su ethos profesional, su cultura e ideología corporativa conservadora, pragmática, oportunista e inmediatista.
La valoración sobre la gestión de Evo Morales recorre los pasillos de los cuarteles. Sostienen que Evo los mantuvo fuera de todo conflicto social durante 13 años, equipó a la institución, incrementó su legitimidad ante la opinión pública, elevó su nivel salarial y su calidad de vida, y su incursión en tareas sociales y desastres naturales, permitió ser considerados por el gobierno como "soldados de la patria".
Empero hoy, un régimen de facto, comandado por un grupo político radical y dirigentes religiosos fanáticos, está conduciendo a las FFAA a enfrentar el desprecio mayúsculo de la sociedad y la condena internacional, cuyos efectos difícilmente serán superados en las próximas décadas. A esto se suma el cuestionamiento de sus altos mandos y a un nivel de desconfianza interna sin precedentes.
El golpe de Estado contra el proceso democrático liderado por Evo Morales tiene el sello inconfundible de las FFAA como actor protagónico, aunque fue la Policía Nacional quien encabezó el golpe desde la ciudad de Cochabamba el día viernes 8 de noviembre. Al parecer, el domingo 10 de noviembre del 2019, pasará a la historia como uno de esos días tragicómicos en el que un general mediocre y oportunista como Kalimán, con un Estado Mayor pusilánime y envilecido, decidieron resignarse a servir los intereses de una Policía éticamente descompuesta, moralmente destruida y patéticamente circense, que usó la biblia como escudo religioso para legitimar su sobrevivencia.
La Policía por dentro
El golpe de Estado promovido por las fuerzas policiales desde la ciudad de Cochabamba contra el gobierno de Evo Morales era un secreto a voces que fue maliciosamente ignorado por el Ministro de Gobierno, hábilmente manejado por el Comandante General de la Policía y eficientemente articulado por las fuerzas opositoras de derecha, que sabían desde años previos que la Policía Nacional constituía un aliado formidable para sus planes desestabilizadores. La oposición, asesorada por agentes externos, hizo trabajo de relojería dentro de la Policía, mientras el gobierno las ignoraba o solamente apelaba a ellas en casos de conflictividad social
Durante los 13 años del gobierno de Evo Morales no se tuvo la capacidad de generar una política de institucionalización, modernización ni disciplinamiento profesional de las fuerzas policiales. Los privilegios policiales, las prácticas de corrupción, así como los amplios márgenes delictivos de naturaleza corporativa, solo operaban y funcionaban en los niveles de mando dejando a los subalternos apenas las migajas o "mordidas", situación que potenció el malestar policial subalterno cuya responsabilidad apuntaba al gobierno nacional.
A esto se sumó el tratamiento inequitativo del gobierno nacional en favor de las FFAA –construcción de edificios, campos deportivos, compra de equipo y material militar, inversiones costosas en tecnología como radares etc.–, que alimentó un fuerte rencor antimilitar y antigubernamental dentro de las fuerzas policiales.
Ante la displicente relación entre Evo Morales y la Policía, el gobierno nacional llevó a cabo una política de cercenamiento de sus principales fuentes institucionales de recaudación, siendo las principales la otorgación de carnets de identidad y la lucha contra el contrabando. Aunque las decisiones fueron correctas, dirigidas a eliminar la corrupción, éstas fueron interpretadas de modo distinto por la Policía en su afán de preservar nichos de privilegio burocrático.
El golpe policial apoyado e impulsado en las calles por las protestas clase medieras dejó entrever su finalidad multifacética. Sirvió como la mejor oportunidad para vengarse del gobierno por el conjunto de maltratos y desplazamientos institucionales, una suerte de catarsis corporativa inflamada en una retórica de odio y religiosidad que estalló sin que nadie se percatara de su potencial efecto.
La retoma policial de instituciones, espacios y prerrogativas formó parte de las promesas del caudillo cruceño Luis Fernando Camacho para precipitarlas al golpe, objetivo que se cumplió casi quirúrgicamente. En unos de los cabildos realizados en Santa Cruz Camacho se comprometió a devolverles todas las instituciones "arrebatadas injustamente por el gobierno nacional" y otorgarles un tratamiento salarial y beneficios de jubilación similares a los de las FFAA, un incentivo sin duda irrefutable.
Empero, la autonomía policial en este contexto de crisis, se traduce en una peligrosa actuación de pequeños grupos que operan con independencia del mando central. Este clima incierto, con un gobierno que apela al discurso recalcitrante y un ministro de gobierno impulsado por odios atroces contra funcionarios de gobierno, está promoviendo la constitución de grupos policiales armados junto a bandas de paramilitares que trabajan bajo una lógica sicarial y vengativa.
Está claro que militares y policías constituyen las cornisas en las que se asienta el poder del gobierno golpista. También parece claro que estas cornisas sostienen disputas históricamente irresueltas e irreconciliables que con el paso de los días ofrecerán escenarios de mayor fractura y polarización. Más allá de su carácter provisorio, un gobierno con sentido común debiera empezar a conocer, aunque superficialmente, las profundas fracturas corporativas para evitar ser derrotados por sus consecuencias. Sin embargo, el gobierno golpista sólo mira la sombra y no el hueso, y por ello, su tiempo es tan breve como el estallido convulso de ambos cuerpos que empiezan a retorcerse para anularse o destruirse mutuamente.
Con una Policía Nacional enajenada por sus múltiples contradicciones internas y unas FFAA desconcertadas por la dimensión del conflicto y sus futuras responsabilidades política, jurídicas e institucionales, los bolivianos viven un panorama desolador.
Aunque Bolivia vaya a nuevo proceso electoral, sin la presencia de Evo Morales, Alvaro Garcia Linera u otros miembros de su partido, las heridas causadas por este violento golpe a su democracia y al estado de derecho no se van a recuperar. Hace falta denunciar ante la comunidad internacional las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de facto de Añez. Hace falta un clamor internacional en contra de la persecución y represión del pueblo, y de los miembros del partido y gobierno de Evo Morales, quienes temen por sus vidas y han sido forzados al exilio o al resguardo. Eso no es ninguna "transición democrática". Es una purga fascista que busca neutralizar y subyugar al pueblo digno. Mantener el silencio frente a tanta injusticia, sería un crimen de complicidad.
Grupo de Puebla pide a la OEA que declare legítima la elección de Evo Morales tras la publicación del estudio que dice que no hubo fraude
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El Grupo de Puebla, organización integrada por figuras políticas progresistas latinoamericanas, solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que "convalide los resultados electorales" de las presidenciales de Bolivia y que "declare la legitimidad de la elección" del dimitido mandatario Evo Morales.
En un comunicado firmado por 17 personas, entre ellos los expresidentes Rafael Correa, Dilma Rousseff y Ernesto Samper, se calificó de "apresurada e intencionada" la declaración de la OEA donde se concluyó que Morales había ganado de manera irregular y evitado una segunda vuelta, al no conseguir el 10 % de diferencia necesaria con su competidor más cercano.
Del mismo modo, pide al organismo americano "aclarar de forma inmediata" los elementos que arrojaron un supuesto fraude en los comicios, que han sido cuestionados recientemente en un estudio independiente.
En el texto se manifiesta que en el estudio titulado '¿Los cambios en los votos tardíos indican fraude? Evidencia de Bolivia', donde participaron los investigadores Nicolás Idrobo, Dorothy Kronick y Francisco Rodríguez, "la OEA no ofreció evidencias de fraude en las elecciones".
Llamado a la OEA
En este comunicado, los firmantes catalogan de "repudiables" las "acciones cometidas por la OEA" contra Bolivia y dicen que si se llega a comprobar la "discrecionalidad" de los resultados de su auditoría a las elecciones del pasado 20 de octubre, se podría "presumir que el organismo multilateral fue cómplice del derrocamiento de un gobierno democrático".
El Grupo de Puebla pide al bloque americano "aclarar de forma inmediata" los métodos utilizados y que una comisión independiente a la Secretaría General de la OEA, presidida por Luis Almagro, opositor al Gobierno del dimitido Morales, "se encargue de reestablecer la legitimidad democrática en Bolivia".
Del mismo modo, solicita al gobierno de facto de Jeanine Áñez "entregar inmediatamente el poder del Estado", ante el "retraso sistemático e inexplicable de las elecciones" en ese país.