Los tres escándalos de corrupción que marcan el primer año de la "autoproclamación" de Guaidó en Venezuela
Publicado:
Diputado Juan Guaidó se autoproclama "presidente interino" de Venezuela en una plaza de CaracasFederico Parra / AFP
En enero de 2019, el diputado opositor Juan Guaidó pasó de ser un absoluto desconocido a autoproclamarse presidente de Venezuela, con el beneplácito de al menos 50 países de la comunidad internacional, incluyendo EE.UU. Este jueves se cumple un año de esa maniobra política y hay dos resultados evidentes: Nicolás Maduro sigue en el cargo de mandatario y las fracturas del antichavismo han mellado el liderazgo del joven parlamentario.
Además, según los sondeos realizados por la encuestadora Megánalisis, el 71,4% de los opositores ya no respalda a Guaidó, un declive que se explica por factores como la pérdida de la hegemonía dentro de la Asamblea Nacional (AN), las promesas incumplidas y los múltiples casos de corrupción que salpican al expresidente del Parlamento y a su entorno más cercano.
Este último factor, unido a la opacidad en el manejo de millonarios recursos, han sido claves para explicar el ocaso del último delfín opositor, proveniente de las filas de Voluntad Popular (VP), el partido del ultraconservador Leopoldo López. ¿En qué consistieron esas irregularidades?
El 'cucutazo'
A mediados de junio del 2019, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a investigar y esclarecer los graves cargos formulados en una investigación periodística de PanAm Post sobre la supuesta apropiación de fondos para la "ayuda humanitaria" por parte de los representantes de Guaidó en Colombia.
Esta "ayuda humanitaria" provenía de EE.UU., Canadá, Alemania, Suecia, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico y la Comisión Europea, así como los fondos recaudados durante un concierto realizado en Cúcuta, que fue apoyado por el multimillonario Richard Branson, y que prometía ser invertido en alimentos y medicinas. Sin embargo, ni el dinero ni los productos llegaron a manos de los venezolanos.
Juan Guaidó en un camión para transportar ayuda humanitaria hacia Venezuela desde Cúcuta, ColombiaMarco Bello
Meses después, Humberto Calderón Berti, quien había sido nombrado por Guaidó como 'enviado' en Colombia, reveló que los recursos de esa "ayuda humanitaria" fueron desviados y que él había dispuesto de dinero de su bolsillo para costear el funcionamiento de la "embajada" paralela en Bogotá.
Calderón Berti también dijo que las autoridades colombianas le habían advertido que parte de los fondos recaudados para Venezuela se destinaron al pago de "prostitutas, licor, manejo indebido de los fondos, cosas irregulares, facturación ficticia y manejos extraños".
En la denuncia del "embajador" se incluyó también el maltrato que recibieron los 148 militares que, en febrero del año pasado, desertaron para apoyar al autoproclamado en su intento de ingresar supuesta "ayuda humanitaria a Venezuela".
Guaidó les prometió a los militares desertores residencia, manutención y soporte a sus familias, pero meses más tarde, dejó de responderle a los uniformados y de hacerse cargo de sus gastos, que fueron asumidos en conjunto con el Gobierno de Colombia y la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). En paralelo, Calderón Berti acusó a Kevin Rojas y Rossana Barrera, ambos de Voluntad Popular, de haber malversado al menos 99.110 dólares, aparte de otros 44.000 que, según dijo, aún se debían.
El "diplomático" aseguró que dentro de las filas del partido de Guaidó estaban al tanto de la situación, pero decidieron mantener silencio, incluso ante los gobiernos que les brindaron apoyo económico.
Poco tiempo después, Guaidó destituyó a Calderón Berti, alegando "modificaciones" en su política exterior.
Corrupción en el CLAP
El primer día de diciembre de 2019, el portal Armando.info publicó un extenso trabajo sobre la supuesta participación de un grupo de parlamentarios opositores en una "trama para otorgar indulgencias" a empresarios relacionados con la importación de alimentos que distribuye el Gobierno, a través los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según la denuncia, once diputados de diferentes partidos opositores, incluyendo tres de Voluntad Popular (al que pertenece Guaidó), hicieron gestiones ante instancias como el Departamento del Tesoro de EE.UU. y la Fiscalía General de la Nación de Colombia para que se dejara de investigar a los empresarios implicados en la supuesta red corrupta.
Ante este escándalo, Guaidó intervino la Comisión de Contraloría y suspendió a los diputados acusados de corrupción, pero el retiro de sus inmunidades iba a depender de los resultados de una investigación que se realizaría con el apoyo de ONG, de la cual no se supo nada más.
Trabajadores reciben cajas con alimentos subvencionados distribuidos bajo el programa gubernamental CLAPFernando Llano / AP
Entre los acusados se encontraba el opositor Luis Parra, quien fue electo el pasado 5 de enero como nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN), lo que ha generado una fractura aun mayor entre los sectores del antichavismo.
¿Dónde está el dinero de la USAID?
Esta semana, Parra pidió investigar el destino de los recursos que Guaidó recibió de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) como "ayuda humanitaria".
Según Parra, no se sabe "en qué manos fue a parar ese dinero" y por esa razón también solicitará "a las instituciones nacionales que investiguen a las personas, instituciones u ONG que recibieron esos fondos".
La USAID ha suministrado, desde 2017, casi 467 millones de dólares a la oposición venezolana en concepto de "ayuda humanitaria", según reconoce el organismo en su sitio web oficial.
Además, detalla que, tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para "ayudar" a Guaidó "a seguir desarrollando planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia".
El regreso de Juan Guaidó a Caracas después de violar la disposición del Tribunal Supremo de Justicia, ha demostrado la existencia de dos Venezuelas: la constitucional, que busca salidas entre el Gobierno y una oposición pacífica, dentro de los cánones civilizados y democráticos; y la de una fracción antipatriótica y extremista que, estimulada por los Estados Unidos y sus aliados, pretende erosionar la paz y la convivencia ciudadana del país.
La reacción popular (incluso en la oposición) en rechazo a la factura entreguista de Guaidó y su grupo, prueba que estos personajes están en proceso de liquidación política y se sostienen gracias al apoyo financiero que les presta EE.UU. y, por supuesto, al robo que han hecho al patrimonio nacional.
Tras su retorno, Guaidó quiere probar fuerza. Anunció en el aristocrático municipio Chacao nuevas medidas de sanciones de la reacción internacional y las amenazas de escalar en la provocación con más guarimbas como “mecanismos de presión”, pese a que son cada vez más exiguas las respuestas a sus convocatorias.
Su envalentonamiento es fruto de las medidas de fuerza y chantaje. Es conocido que el periplo internacional de Guaidó estuvo a cargo de personeros estadounidenses con respaldo de una enjundiosa campaña mediática, y culminó sorpresivamente durante el discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión ante el Congreso como “invitado especial”, y donde el ocupante de la Casa Blanca prometió entonces “aplastar” a la Revolución bolivariana de Nicolás Maduro, mientras Elliot Abrams lanzaba advertencias: “habrá consecuencias” si Guaidó no puede regresar…
Lo que la gran prensa escamotea a la opinión pública es que Venezuela, mientras tanto, ha estado inmersa en el logro de la estabilidad política mediante la Mesa de Diálogo Nacional y en esa confianza se inscribe el comentario del presidente Maduro: “Allá Trump con su bobolongo (bobo), con su títere (…) acá nosotros con Dios, nuestro señor Jesucristo y la Revolución bolivariana avanzando en la ofensiva”, a la vez que acusó a Trump de conducir a Estados Unidos a un conflicto de “alto nivel contra Venezuela”.
Muchos en Caracas catalogan al autoproclamado como monigote del imperio que demuestra cada vez más su condición de mercancía caduca ante la fortaleza de la Revolución bolivariana, la cual ha logrado desgastar sus maniobras antinacionales sin que haga falta arrestarlo, por ahora.
En su récord, el diputado de La Guaira ha violado con impunidad las leyes y la Constitución. Según juristas, podría ser acusado, por ejemplo, de usurpación del cargo de Presidente de la República y de competencias exclusivas como las relaciones exteriores; de llamados a la sedición y la violencia callejera; de asociación para delinquir con peligrosos criminales extranjeros; de intento de golpe de Estado, conspiración y otros crímenes de odio, además de traición a la Patria.
De igual manera podría ser inculpado de delitos de financiación con capitales de dudosa procedencia, apropiación de aportes monetarios cuantiosos por gobiernos extranjeros y de activos estatales en Estados Unidos y Colombia, además de malversación de fondos públicos en la administración de la Asamblea Nacional.
En fin, el servilismo tiene su precio, pero también su castigo.
Tema anterior
Primer 
Por LÁZARO BARREDO MEDINA