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La crisis internacional de los precios del petróleo vivió una semana inaudita luego de que la cotización a futuro del crudo estadounidense de referencia WTI en la Bolsa de Nueva York (Nymex) entrara en terreno negativo por primera vez en la historia, para luego subir a 18 dólares por barril.
La compleja situación global, que incluye el desplome del comercio internacional por la pandemia de coronavirus, tuvo su quiebre en marzo de 2020 al no llegar a un acuerdo los principales países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que llevó a una sobredemanda que comenzó a derrumbar los precios.
Inmersa en la grave crisis y recesión económica que vive la Argentina, la petrolera de control estatal YPF vio todas sus expectativas colapsadas por culpa de este cóctel de factores, con su actividad reducida a lo imprescindible para evitar contagios de COVID-19 y con el desplome de 60 % del valor de sus acciones en lo que va del año.
Incluso la continuidad de las inversiones en el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, donde se vuelca gran parte del activo de YPF, está hoy en discusión por dejar de ser rentable frente a este contexto. Hace tan solo año y medio, la cuenca era considerada como el posible as en la manga para salir de la crisis por su potencial para generar dólares por exportación y sustitución de importaciones.
Crisis u oportunidad
Un informe del think-tank Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, que preside Claudio Lozano, director del Banco Nación, realizó una propuesta sorprendente que busca asegurarle a Argentina seguridad energética y certeza de autoabastecimiento en un contexto de inestabilidad e incertidumbre.
"Hay un contexto en el mundo que está propiciando la posibilidad de poner en discusión si nosotros debiéramos ir hacia un escenario en donde podamos recuperar más tenencia accionaria de YPF de modo tal de ligar a la compañía a una estrategia que, a la defensiva, garantice una mínima extracción para nuestro aparato productivo", dijo a Sputnik Gustavo Lahoud, principal autor firmante del texto.
El especialista en geopolítica y recursos naturales explicó que tanto en Europa como en países como China se están poniendo en práctica el contro por parte de los Estados de las acciones de empresas privadas esenciales, que incluye la posible nacionalización de compañías privadas para evitar su bancarrota, conservar empleos y evitar consecuencias peores en las economías locales ante la crisis financiera mundial.
El trabajo propone que el Estado argentino, hoy dueño de 51 % del paquete accionario de YPF, compre al resto de los inversores sus acciones aprovechando que las cotizaciones están en un mínimo histórico. Esto implicaría el desembolso de 700 millones de dólares y la negociación con más de 200 actores privados y fondos de inversión.
"Lo ponemos a discusión como un enfoque más, para ver cuál sería la viabilidad, discutirlo con todos los sectores, fundamentalmente el Gobierno, pero todos los actores que estén participando, porque no tenemos espacio para aumentar subsidios a las empresas hidrocarburíferas ni para aumentar los precios de los combustibles", comentó.
Existe la duda acerca de si Argentina tiene hoy esa liquidez. El 22 de abril el Gobierno oficializó la oferta de reestructuración de deuda externa por un vencimiento de 500 millones de dólares con bonistas privados bajo ley extranjera con el objetivo de evitar una mayor descapitalización. La deuda pública asciende a un total de 324.000 millones de dólares (equiparable a 90 % del PBI).
El informe insiste en la importancia de asegurarle a los argentinos el acceso a la energía como bien estratégico, económico y social, además de poner el tela de juicio mecanismos que se han utilizado anteriormente, como el establecimiento de un precio de "barril criollo", que prioriza los márgenes de ganancias de las empresas hidrocarburíferas y de los derechos de los accionistas por sobre el de los ciudadanos.
"La combinación de una caída muy grande de ventas con la deuda que tiene en dólares YPF, podría generarle una dificultad en el mediano plazo. La preocupación que tenemos es que un gran fondo internacional pueda aprovechar la situación para intentar hacerse del control de la empresa con una compra hostil o generar una dinámica que ponga en riesgo nuestros activos tratando de capturarlos en un juicio potencial, por ejemplo", detalló.
No atraer más buitres
Fundada en 1922 como Yacimientos Petrolíferos Federales, YPF es una empresa emblemática en Argentina y la principal generadora de energía. En 1992, el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) la privatizó, como hizo con la mayoría de las compañías estatales. En 1998, la multinacional española Repsol se transformó en socia mayoritaria y la rebautizó Repsol-YPF.
En 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se expropió el 57 % de los papeles que pertenecían a Repsol con argumento de la caída de 54 % de las reservas de petróleo y 97 % de gas bajo esta gestión, lo que obligaron al país a tener que importar hidrocarburos por primera vez desde la privatización.
El país firmó un acuerdo en 2014 con la empresa española como compensación por la nacionalización a través de bonos soberanos por 5.000 millones de dólares. Un año más tarde, el fondo "buitre" angloamericano especializado en litigios Burford Capital inició una demanda, aún en curso, contra Argentina en reclamo por la expropiación, que podría costarle a las arcas públicas entre 1.700 y 9.000 millones de dólares extra.
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