El gobierno de Donald Trump encontró un socio ideal en el coronavirus para intentar postrar a Cuba por todos los medios posibles. Al combo de sanciones económico-jurídicas que Estados Unidos le aplica hace 60 años se agregan las consecuencias de la pandemia. No tanto las sanitarias —que en la isla están más que controladas— pero sí el estrago que causa la COVID-19 sobre el turismo, su principal fuente de ingresos.

No conforme con eso, la Casa Blanca incluyó nuevamente a su vecino en la lista de naciones que “no cooperan” en la lucha contra el terrorismo. Se arroga la función de patrullar el planeta donde no responden a su política. En una conferencia de prensa que dio el viernes último, Carlos Fernández de Cossio, director general para EE.UU. del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, señaló: “Es un listado ilegítimo que no tiene reconocimiento absoluto por ningún foro internacional u órgano colegiado autorizado en temas de lucha contra el terrorismo, y que busca desacreditar a Cuba y presionar a terceros países en sus relaciones con la isla”.

La semana que pasó fue bastante movida porque Trump aprovechó el 20 de mayo —el día de 1902 que se firmó la primera y formal independencia de la isla— para enviarle un mensaje a la diáspora, básicamente de Miami:

“Cubanoamericanos, estamos extremadamente orgullosos de ustedes, y estoy feliz de que están de mi lado” aseguró como si eso fuera comprobable y ya lanzado hacia las elecciones del 3 de noviembre.

Fernández de Cossio le respondió dos días después desde La Habana: “Es difícil pensar que la mayoría de los cubanos respalde una campaña comprometida con entorpecer las relaciones con sus familiares, lo que nos hace pensar que la maquinaria política, sobre todo del Partido Republicano en la Florida, no toma demasiado en cuenta el criterio o la opinión de los cubanos, sino que los utiliza”.

La crecida de los ataques a Cuba no es nueva en tiempos preelectorales de EEUU como ya quedó revelado varias veces en el pasado. El 30 de abril ocurrió el más grave —el tiroteo a la embajada de la isla en Washington— y aunque La Habana no lo atribuye de manera directa al gobierno de Trump, al menos señaló que guarda un silencio “cómplice”. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla comentó: “Tenemos la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos intente por lo menos hacer coincidir su retórica contra el terrorismo y su política de lucha contra el terrorismo internacional con sus responsabilidades ante este ataque”.

Que el Departamento de Estado incluyera el 13 de mayo a Cuba en la nómina de países que no cooperaron en 2019 contra lo que llama terrorismo —completan la lista Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela— significa que se les prohíbe comprar u obtener la licencia para procurarse armas o servicios militares de producción estadounidense. Por la vigencia del bloqueo, la isla ya estaba afectada por la medida. Aunque desde 2015 —cuando empezó el período de distensión que llevaron adelante los ex presidentes Barack Obama y Raúl Castro— La Habana no integraba el listado al que Trump echó mano de nuevo. El argumento que utilizó es que ampara en su territorio a integrantes del ELN colombiano y a prófugos de la justicia estadounidenses como la militante del Ejército Negro de Liberación, Joanne Chesimard, acusada de matar a un policía en Nueva Yersey en 1973.

Rodríguez Parrilla ya respondió en 2017 sobre lo que piensa su país de casos como el de Chesimard: “En uso de la ley nacional, el derecho internacional y la tradición latinoamericana, Cuba ha concedido asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles de EEUU. Por supuesto que estas personas no serán retornadas”.

La lista que renueva todos los años el Departamento de Estado no contabiliza los atentados que tienen como blanco a Cuba hace décadas. Son más de 500, en la mayoría con financiamiento estadounidense, y perpetrados por cubanoamericanos que residen o residían en EEUU. “No estoy contando aquí el terrorismo de Estado practicado por el gobierno estadounidense, específicamente por la Agencia Central de Inteligencia contra el pueblo de Cuba”, completó Fernández de Cossio en su conferencia de prensa el viernes 22.

La escalada de denuncias que parte de Washington no sería más que pura retórica si no se sumara al bloqueo y las consecuencias que está provocando la pandemia sobre el turismo en la mayor de las Antillas. El alto funcionario de la cancillería dio un par de ejemplos sobre el cerco económico que le impone EEUU a Cuba. Su país quiso contratar en 2019 varios equipos de ventilación mecánica para terapia intensiva. No pudo. Hoy serían indispensables para enfrentar al coronavirus. Tampoco logró que arribara en marzo pasado una ayuda de insumos médicos desde China. La empresa aérea de carga se negó a hacer el viaje temiendo una fuerte multa económica de Estados Unidos en el marco de su ley extraterritorial Helms-Burton.

En el saludo a los cubanoamericanos a los que intenta seducir camino a los comicios —aunque tienen un peso simbólico en el padrón, no todos votan y menos cuando la elección se hace en día laborable—, el presidente Trump destacó porque reforzó las sanciones contra la isla apenas asumió el gobierno: “tomé medidas al principio de mi administración para implementar una política fuerte hacia Cuba que promueva el respeto por los derechos humanos, los mercados libres y una transición a la democracia”.

A Cuba el bloqueo le cuesta 4 mil millones de dólares anuales por las prohibiciones para adquirir cualquier tipo de insumos en un mercado tan próximo a su costa y medidas coercitivas contra su principal industria: el turismo. Su ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, le agregó la COVID-19 a fines de abril: “La pandemia causará efectos negativos en la economía cubana, sumado a los daños del bloqueo impuesto por Estados Unidos, pero trabajamos con seriedad y dedicación para paliarlos”.

Aunque se murió en 1994 y Lester D. Mallory era subsecretario de Estado Asistente para los Asuntos Interamericanos en 1960, su receta se sigue aplicando sesenta años después. En un memorándum secreto del Departamento de Estado escribió por entonces: “hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.

La fórmula sigue vigente, la soberanía de Cuba también.

(Tomado de Página12)