María accede a hablar del tema siempre y cuando no se revele su verdadero nombre por temor a las represalias que puedan tomar sus jefes contra ella. Es auxiliar en una residencia para mayores en Madrid y fue testigo del horror que se vivió en esos lugares durante la pandemia del COVID-19.

"Lo que se vivió fue terrible. De pronto empezaron varios mayores a enfermar, a tener síntomas claros compatibles con el coronavirus. Los que no podían hablar se fueron apagando en cuestión de pocos días. A diario lo comunicábamos a nuestros superiores, pero no se hacía lo suficiente. Los ancianos que sí hablaban pedían agonizantes ir al hospital, pero no los llevaron y cada día veías cómo morían. En sus últimos momentos de vida fueron abandonados por las administraciones correspondientes. Las auxiliares íbamos mostrando nuestro abatimiento y casi ni nos comunicábamos, solo para decirnos cuántos iban falleciendo. Ha sido horrible", confiesa entre lágrimas María.

Según datos recopilados por la Radio y Televisión Española, de las 27.136 víctimas mortales que ha dejado el coronavirus en el país unas 19.433 corresponden a ancianos que murieron en residencias de mayores con COVID-19 o con síntomas compatibles, aproximadamente un 70% del total de las víctimas. La mayoría de estas muertes se produjeron en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

De acuerdo con este conteo, de las 8.691 muertes que se han registrado en Madrid unas 5.975 ocurrieron en las residencias para ancianos, unos centros que, según denunció el propio consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid recibieron en marzo un protocolo para no derivar a los hospitales a los ancianos de residencias que tuvieran coronavirus o síntomas compatibles.

"Cuánto dolor. Un señor empezó a mostrar síntomas y por sus patologías era de alto riesgo. En cuestión de dos días empezó a agonizar y pedía agonizante, una y otra vez, que le mandaran al hospital, que él estaba muriendo, y no lo llevaron. Él falleció y jamás me podré olvidar de él ni de sus súplicas. No sabemos por qué no los mandaban al hospital. Eso tendrá que determinarlo un juez o quien corresponda. Desde la Comunidad de Madrid supuestamente había una orden para sentenciar de muerte a los mayores de las residencias", denuncia María.

El terror que se vivía dentro de las residencias para mayores saltó a la vista el pasado 23 de marzo cuando la Unidad de Militar de Emergencia, durante unas tareas de desinfección, pudo "ver a algunos ancianos totalmente abandonados, cuando no muertos en sus camas", tal como lo denunció en su momento la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Al principio fue un caos. Cuando empezamos a tener a mayores con coronavirus, nosotros no teníamos nada de protección, solo una mascarilla quirúrgica que nos decían que era para varios días. Después comenzaron a hacer delantales y batas con bolsas de basura, pero resulta que en esas bolsas era donde se pegaba el virus. Nos ponían por el hilo musical la canción Resistiré, nos animaban, nos decían que éramos una familia, pero cuando de verdad necesitabas que solucionaran las cosas, no veías las respuestas adecuadas", lamenta María.

En la residencia donde trabaja María, que es del Estado, pero gestionada por una empresa de capital francés que tiene bajo su mando otros 43 centros para mayores en España y otras tantos en Francia, Italia y Alemania, murieron unos 40 ancianos y un 50% de las auxiliares resultaron contagiadas.  

"Hemos estado trabajando, siendo covidpositivas, asintomáticas, agotadas, con dolores, pero ahí. Hubo muchísimas bajas de compañeras y creo que hicieron todo lo posible por cubrir las bajas, pero entiendo que a veces no se encontraban las personas. Algunas compañeras nos ofrecimos para ir en nuestros días libres porque había que arrimar el hombro. No lo hice por la empresa, lo hice por los mayores. Ni te imaginas las cosas que hemos hecho para cuidar a las familias que tan mal lo estaban pasando por no poder ver a sus padres y abuelos", confiesa María.

Una vieja denuncia

En España existen unas 5.457 residencias de ancianos, cuyo registro e inspección son competencia de las Comunidades Autónomas. La mayoría ellas son privadas o semiprivadas, es decir, con infraestructuras del Estado, pero con gestión privada.

Organizaciones sociales denuncian que, tras la burbuja inmobiliaria y la crisis económica, muchas empresas de la construcción se volcaron hacia el sector de los cuidados porque algunos empresarios vieron en el envejecimiento de la población un suculento negocio que es poco supervisado.  

"En este sector hay una opacidad absoluta y nunca se sabe quién es el propietario de esa empresa. La mayoría de ellos al final son Fondos buitre que invierten en residencias, que tienen su domicilio fiscal en Jersey, pero el capital es francés, o tienen capital inglés y su domicilio fiscal es en Holanda. Hay mucha opacidad", advierte Javier Garzón, portavoz de la organización Marea de Residencias.

Clese S.A de Florentino Pérez, la multinacional Orpea, el grupo francés Amavir, DomusVi, Vitalia y Aralia Servicios del empresario de la construcción Luis Ulibarri (vinculado con diversos escándalos de corrupción como el Caso Gürtel) son algunas de las empresas que controlan el "negocio" de los cuidados y que acumulan grandes fortunas e innumerables acusaciones por explotación laboral, malas condiciones de sus trabajadores, falta de personal, desatención de los residentes y evasión fiscal.  

Inma González tiene a su madre de 74 años internada en la residencia Ensanche de Vallecas en Madrid, gestionada por Aralia Servicios, una empresa que anualmente factura unos 15 millones de euros y que apenas un mes antes de explotar la pandemia, fue sancionada por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, por "incumplimientos graves" en tres de las cuatro residencias de mayores que gestiona en Madrid.

"La doctora de la residencia nos decía que estaban desbordados, que llamaban al servicio de urgencias, al SUMMA (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid) y que no venían. Yo vivo muy cerca de la residencia, la veo desde la ventana de mi casa y no he visto ni una triste ambulancia hasta más o menos mediados de abril", denuncia González.

En esta residencia para mayores de Vallecas murieron unos 42 ancianos, según los cálculos hechos por los familiares. Inma cuenta que cuando se planteó sacar a su madre de la residencia no pudo porque ya había sido contagiada con coronavirus. A partir de ese momento, cuenta que a su madre la aislaron en un ala habilitada para los contagiados y que solo la remitieron al hospital cuando su estado se agravó.

"Mi madre estuvo en cama durante un mes y como no tenían test para confirmar la dejaron ahí sin saber si había pasado o no la enfermedad. En mayo le empezó a dar fiebre alta y ahí sí que la llevaron al hospital. Le hicieron las pruebas y vieron que tenía un trombo en el pulmón y una deshidratación muy severa que le estaba afectando los riñones", explica González.

"Esta situación se veía venir porque el personal siempre es muy escaso y el coronavirus lo que hizo fue terminar de desbordar todo. Luego hubo muchos problemas porque a los trabajadores no les dieron medios para protegerse. Tengo testimonios de trabajadoras a quienes les impidieron ponerse equipamiento para no alarmar a los residentes. Esto hizo que se contagiasen ellas y que también lo propagaran dentro de las residencias. Fue como una bomba", indica Carlos Álvarez, quien también tuvo a su madre internada en la residencia Ensanche de Vallecas hasta el pasado 1 de marzo cuando falleció.

La "dejación y el maltrato" dentro de las residencias ha sido tan continuado que hace poco más de un año los trabajadores de estos centros y los familiares de los residentes se organizaron y crearon la asociación Marea de Residencias.

El objetivo ha sido visibilizar la realidad dentro de esos lugares, cómo este "negocio" le quita a los abuelos gran parte de su pensión y ahorros, y promulgar una ley que mejore sus condiciones, tal como se presentó hace un año en la Asamblea de Madrid.

"Estaban avisados, esto estaba denunciado. Hace un año y un mes se pedía que se votara una ley de residencias en la Comunidad de Madrid y que el PP dijo que no era necesario, que todo estaba bien como estaba. El negocio que han hecho con las residencias podemos extrapolarlos a la educación, a la sanidad, al Servicio de Atención a Domicilio de los ayuntamientos, sobre todo el de Madrid. Todo lo han convertido en un negocio. Las grandes empresas han visto un filón en el erario y detrás de esas grandes empresas siempre están los mismos nombres", acusa Garzón.

Ayuso y la lluvia de denuncias

Garzón y muchos de los familiares de los ancianos que viven en las residencias para mayores han expresado su indignación y repudio por la orden que se habría dado la desde la Comunidad de Madrid de "priorizar" la atención hospitalaria dependiendo de la edad y patologías previas de los pacientes. Más de 30 familias se unieron para denunciar a las autoridades de la Comunidad de Madrid por "homicidio imprudente y dejación de cuidados".

"Se decide presentarlo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid como máxima responsable de las políticas que se ejercen en la comunidad, contra el consejero de Sanidad por haber excluido a las personas mayores del acceso y atención hospitalaria y contra el consejero de Justicia porque esa orden no solo fue indigna, sino ilegal", detalla Garzón.

Ante la marea de denuncias, la Sociedad Geriátrica se ha pronunciado. Su presidente José García Navarro sostiene que el único culpable de las más de 19.000 muertes en las residencias ha sido el coronavirus.

"Es una salida para tratar de salvar el barco. No es lógico que ellos no puedan asumir su responsabilidad. Ellos han sido los culpables porque han consentido que suceda así, han impedido que estas personas fueran derivadas a los hospitales y se han perdido muchas vidas", denuncia Álvarez, que también es miembro de la Marea de Residencias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se defiende y asegura que esa orden no se dio y que lo que se remitió a los hospitales fue un borrador. Denuncia que se quiere politizar este caso para hacerle daño.

"La señora Ayuso ha dicho que es un borrador, pero el simple hecho de que eso fuera un borrador ya yo lo considero un delito ¿cómo se te puede pasar eso por la cabeza? Hay muchas muertes que se pudieron haber evitado y sí hay culpables. No se puede negar la asistencia hospitalaria. Hay muchas personas mayores que estaban en sus casas, que fueron llevadas al hospital y sí han salido adelante. Cuando una persona mayor está en una residencia y no se le da la más mínima oportunidad de ir a un hospital seguro que va a morir", sostiene indignada González.

Mientras esperan que la justicia se pronuncie, los familiares y los trabajadores de las residencias para ancianos piden que se tomen correctivos inmediatos y se aprenda de las lecciones.

"Han muerto más de 6 mil personas en Madrid, pero hay otros miles que quedan en las residencias que han visto un agravamiento de sus patologías y que no sabemos cómo va a acabar esto. Tememos mucho a un repunte porque en las residencias sigue faltando material y personal", alerta Garzón.

"Esto es un servicio y no puede ser un negocio. Hay que cambiar el modelo de arriba abajo. No puede contemplarse como un gasto, sino como un servicio que tiene que asumirse como sociedad en una etapa de la vida de sus ciudadanos. Uno ha estado cotizando durante toda tu vida trabajando para tener asegurada una vejez digna", apunta Álvarez.

"La lección ha sido muy dura para las que trabajamos en residencias de mayores y para toda la población. Pero viendo lo que ocurre hoy en las calles, creo que cuando acabe el estado de alarma todo se olvidará y quedaremos los mismos ahí sustentando la vida: las auxiliares, los de limpieza, los repartidores y tantos sanitarios que se han dejado la vida en esto", reflexiona María.

Y como este drama "no ha tenido una juez Medel, un coronel de los Cobos, políticos justicieros tratando de averiguar lo ocurrido, cayetanas aireadas, flamear de banderas ni caceroladas" como lo apunta el periodista Iñaki Gabilondo, la Marea de Residencias saldrá a la calle este domingo, 14 de junio, para exigir en la víspera del Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato a la Vejez que nunca más los ancianos vuelvan a vivir un horror como el que sufrieron en las residencias en medio de la pandemia.