Sin control al movimiento de capitales da igual tomar deuda en pesos o en dólares. Son dos peces distintos con el mismo aroma. El Gobierno de Macri no lo sabía y lo aprendió de la peor manera. Empezó como el Cid, queriéndonos liberar del cepo que impedía a los ilusos argentinos tener dólares, y terminó como el Quijote, rendido ante los molinos de la realidad. Dicho de manera más directa: el fin de los controles cambiarios fue uno de los pasos definitivos hacia su precipitado final.
Retirar el cepo significó la invitación a una fiesta en la que se liberaba la posibilidad de adquirir un bien preciado, el dólar, que apenas estaba disponible. La respuesta inmediata fue la de salir desesperadamente a buscar esos dólares para que la ciudadanía pudiera satisfacer un apetito culturalmente longevo. ¿Cómo? Tan simple como suicida: vía deuda. Macri creyó poder disfrutar de dólares contrayendo deuda como ya lo había hecho en épocas anteriores, eso sí, siempre salvándose de la tarea de tener que pagarla. Siendo empresario disfrutó la ventaja de que le estatizaran unos 17 millones de dólares de la deuda de su grupo empresarial en 1982; igual suerte tuvo en 2002, cuando le pesificaron la deuda de 396 millones dólares, por no mencionar su famosa deuda con el Correo Argentino y que intentó no pagar gracias a un acuerdo entre "su" empresa y "su" Gobierno, que le exoneraba del 99 % de la misma. Como presidente de Boca Juniors durante 12 años inició un ciclo de endeudamiento que duplicó el pasivo en dólares de la institución. Como gobernante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repitió la experiencia, y multiplicó por 3,8 la deuda del distrito, que pasó de 559 a 2.138 millones de dólares en sólo 7 años de gestión; y luego, como de costumbre, el PRO siguió pateándola hasta que en algún momento serán los ciudadanos quienes la paguen.
Macri contrajo deuda a sabiendas de que no podía pagarla, a la que no le dio utilidad productiva y, lo que es aún peor, buena parte de la misma sirvió para que unos pocos amigos fueran los grandes ganadores en medio de tanta calamidad económica y social
Esta vez, ya como presidente, el proceso fue el siguiente: primero se endeudó con acreedores privados (por 66.000 millones de dólares), y cuando ese grifo ya no daba para más se fue a buscar desesperadamente al FMI (hasta 44.000 millones de dólares) para ofertar más dólares que ahora tenían un doble propósito: por un lado, seguir manteniendo la oferta de divisas sin implementar un cepo y, por otro, comenzar a pagar algo de la deuda contraída. De esta forma, la deuda externa comenzaba a tornarse deuda eterna. Pero, eso sí, siempre con un mismo factor común: que viniera otro a pagarla.
Y así fue: Macri perdió las elecciones y, de nuevo, como buen escapista, intenta sortear su responsabilidad para afrontar el pago de su propia deuda. En sus últimos días, ya con el agua al cuello, y ante la imposibilidad de seguir pagando la deuda que él mismo contrajo, puso un súper-cepo y "defaulteó" la deuda. La administración cambiaria, que por algo existe en la mayoría de países desarrollados –aunque muchos crean que practican un sistema de libre movilidad–, volvía a fungir de torniquete para una hemorragia que ya estaba demasiado avanzada.
El Macri-Presidente actuó como el Macri-Empresario. Hizo lo mismo de siempre, pero esta vez como representante de todos los argentinos, y acabó lesionando buena parte del patrimonio público argentino. Contrajo deuda a sabiendas de que no podía pagarla, a la que no le dio utilidad productiva y, lo que es aún peor, buena parte de la misma sirvió para que unos pocos amigos fueran los grandes ganadores en medio de tanta calamidad económica y social.
A estas alturas, la pregunta cae por su propio peso. ¿No es hora de que Macri asuma su responsabilidad en el pago de esta deuda impagable? Después de todo, como dijo Macri, "¡quien las hace las paga!"
La lista es larga y todavía indeterminada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hicieron con la información recolectada? Esas son las preguntas que esperan responder los diferentes tribunales que investigan la actuación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la Presidencia de Mauricio Macri.
El espionaje clandestino, que amenaza con convertirse en una megacausa por la cantidad de personajes involucrados y en uno de los principales escándalos del macrismo ya fuera del poder, estalló con las denuncias de Cristina Caamaño, la exfiscal designada por Alberto Fernández como interventora de la AFI, el organismo en el que, según el propio presidente, operaban "los sótanos de la democracia", es decir, políticos, agentes de inteligencia y jueces que, desde que terminó la dictadura en 1983, se dedicaron a diseñar conspiraciones con intereses nada republicanos a través de los órganos de inteligencia.
Las denuncias por intervenciones de correos y teléfonos, el seguimiento físico y la elaboración de fichas personalizadas, todas actividades ilegales si no son ordenadas por un juez o si están basadas en presunciones ideológicas, no son nuevas. Ya en 2015, Laura Alonso y Patricia Bullrich, dos fervorosas militantes y funcionarias macristas habían acusado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por espionaje, pero jamás presentaron pruebas, lo que no impidió que el tema copara portadas y programas de radio y televisión.
No deja de ser curioso que los mismos periodistas y políticos que se escandalizaron por el jamás probado espionaje del gobierno de Fernández de Kirchner, prefieren no mencionar o minimizar las sospechas del espionaje masivo e ilegal en el pasado gobierno
El escenario ahora es diferente. Caamaño ya entregó a la justicia un disco que contiene rastros de espionaje digital de los correos personales de 86 políticos, funcionarios, escritores periodistas y líderes sociales. También presentó sobres que encontró en la AFI con fichas de 403 periodistas, 28 académicos y 59 empresarios y representantes de la sociedad civil que se acreditaron en las cumbres que la Organización Mundial del Comercio y el G20 realizaron en Buenos Aires.
Cada reporte escrito incluye una fotografía, nombre, medio o institución de los ciudadanos espiados, y desglosa información sobre sus publicaciones en redes sociales; su activismo feminista, si es que lo había; simpatías o antipatías con el gobierno; posiciones políticas; aficiones personales, su militancia en sindicatos y otras organizaciones y datos personales que van desde cuentas bancarias y propiedades hasta relaciones familiares.
No deja de ser curioso que los mismos periodistas y políticos que se escandalizaron por el jamás probado espionaje del gobierno de Fernández de Kirchner, prefieren no mencionar o minimizar las sospechas del espionaje masivo e ilegal en el pasado gobierno. "Era información pública", aducen algunos, ya que varias de las fichas se basan en post publicados en redes sociales. Quizá esos periodistas no saben que recolectar y sistematizar esta información desde el principal organismo de inteligencia del Estado también está prohibido por la ley, o que otros reportes sí incluyen datos personales que sólo pudieron haber sido obtenidos a través de intervenciones jamás autorizadas.
Son los mismos periodistas que durante el kirchnerismo armaron un paso de comedia televisivo para exigir: "Queremos preguntar". Se ve que se les quitaron las ganas y prefieren no cuestionar, no indagar, no saber nada del espionaje macrista.
Más curioso aun es que mantienen el silencio a pesar de que el espionaje alcanzó no sólo a opositores. Digamos que el macrismo fue democrático: espió a todos y todas, sin importar que fueran del mismo partido gobernante.
En las investigaciones aparecen, por ejemplo, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Sí, es la misma que hace cinco años denunció sin pruebas al kirchnerismo. Debe estar procesando la decepción de que la haya espiado su propio gobierno. Igual que le pasó a los líderes parlamentarios Emilio Monzó, Nicolás Massot y Mario Negri, todos aliados macristas. Ya no se puede confiar en nadie.
La doble vara para evaluar una acusación se impone a pesar de que entre los espiados están incluidos periodistas de los medios que apoyaron al macrismo. Ni siquiera con ellos hay alguna mínima muestra de solidaridad. No hay indignadas columnas de opinión. Críticas. Nada.
Menos aun se entiende que el espionaje haya alcanzado a Florencia Macri, hermana menor del expresidente, y a su novio Salvatore Pica. Tampoco es la primera vez que Macri se ve envuelto en casos de espionaje contra su propia familia.
La causa sigue. Que Fernández de Kirchner sea querellante es obvio. Era la principal líder opositora al macrismo. La actual vicepresidenta ya realizó un pormenorizado informe en video sobre su declaración en el juzgado en el que le entregaron pruebas del espionaje ilegal en su contra. "La asociación ilícita eran ellos", acusó en una referencia irónica, ya que ese es el delito que se le imputa a ella en las causas en las que está procesada por presunta corrupción.
A la lista de querellantes también se sumó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que colma de tensión a una alianza hoy opositora que aspira a volver al poder en 2024 y en la que juega un rol central Patricia Bullrich, la belicosa exministra de Seguridad reconvertida en dirigente del PRO, el partido de Macri, y quien, por supuesto, desestimó las maniobras de inteligencia porque, dijo, es algo usual cuando hay reuniones internacionales del calibre de la Cumbre del G20. Algo así como: "No es para tanto".
Macri reapareció en redes sociales para alertar sobre los "atropellos institucionales" del peronismo. Por supuesto, no mencionó el atropello que padecieron las personas que fueron sometidas a espionaje ilegal bajo su gobierno y que comienzan a desfilar por los juzgados para recibir las pruebas y decidir si serán o no querellantes
Bullrich impulsó un comunicado firmado por decenas de personajes macristas en el que denuncian un intento de venganza, denuncias falsas y operaciones del gobierno peronista de Alberto Fernández con intereses meramente políticos. Es un intercambio de papeles, porque cuando Macri gobernó, el kirchnerismo hacía las mismas acusaciones. Pareciera que es el libreto que debe seguir la oposición de turno en Argentina.
A pesar de no ser cubierto por los grandes medios, el caso preocupa, y mucho, a funcionarios del gobierno anterior, empezando por Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI que consiguió el cargo gracias a que era uno de los mejores amigos de Macri y que ahora es uno de los principales imputados en las causas por las labores de inteligencia clandestina.
Incluso el expresidente reapareció en redes sociales para alertar sobre los "atropellos institucionales" del peronismo. Por supuesto, no mencionó el atropello que padecieron las personas que fueron sometidas a espionaje ilegal bajo su gobierno y que comienzan a desfilar por los juzgados para recibir las pruebas y decidir si serán o no querellantes.
Mientras se quejaba del gobierno de Alberto Fernández, sin mencionarlo explícitamente, Macri también comenzaba a contratar a un equipo de abogados.
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