onio de numerosas víctimas, está constatado que el Opus Dei, al igual que otras sectas peligrosas, difícilmente deja escapar a sus presas. Por esta razón, sería una gran ingenuidad creer que después de tener el monopolio del Gobierno en tiempos de la dictadura de Franco, dejase tan fácilmente los puestos neurálgicos del Estado. El Tribunal Supremo (T.S.), y en especial la Sala II de lo Penal, es uno de los puestos clave que esta secta nunca iba a dejar escapar de su control, especialmente si tenemos en consideración que de este control depende la impunidad de sus crímenes.

La imparcialidad del Poder Judicial que se garantiza por ley, en el Tribunal Supremo no existe, entre otras razones, porque si los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están elegidos por políticos, solo cabe esperar la consiguiente alineación de los miembros del T.S. y su parcialidad. El actual sistema por el que se nutre el T.S. es claramente inconstitucional en cuanto atenta contra los valores superiores de igualdad ante la ley y justicia, y por esta razón debería de garantizarse que sus  miembros fuesen reputados jueces por su imparcialidad, honestidad y rectitud en su carrera profesional, y no, como desgraciadamente está ocurriendo, por  sus  alineaciones ideológicas o políticas.

En cuanto a si estos juristas puestos por el PP-PSOE reconocen ser del Opus o no, recordar lo siguiente:

«En la constitución del Opus Dei, redactada en 1950, el artículo 191 afirma: «Los miembros numerarios y supernumerarios sepan bien que deberán observar siempre un prudente silencio sobre los nombres de otros asociados y que no deberán revelar nunca a nadie que ellos mismos pertenecen al Opus”.

Aun negando muchos jueces su pertenencia a la secta Opus, según el juez Vidal de Jueces para la Democracia, al menos una tercera parte de los jueces es conocida su pertenencia al Opus Dei en España. Pero se entiende que este porcentaje puede ser mucho mayor. Lo cierto es que se sabe que el fundador del Opus, ya desde tiempos de Franco,  demostró un descarado interés en captar hacia la secta jueces y especialmente fiscales. El objetivo era evidente, conseguir la impunidad de la secta mediante los funcionarios que tienen como misión precisamente velar por la inviolabilidad de la ley. Las consecuencias no podían ser otras. Hemos visto como el tristemente famoso opusino Trillo, usó en repetidas ocasiones la misma estrategia contra los jueces que tuvieron la osadía de investigar la corrupción del PP (el brazo político del Opus Dei) en el caso Naseiro y más tarde en la trama Gürtel. Primero, liquidar al juez que instruyó la causa, para después anular las escuchas telefónicas y cuanto «traiga causa de ellas».

Para dejar más claro hasta qué punto la independencia del Poder Judicial brilla por su ausencia, basta recordar lo “excepcionalmente” acelerados que han sido los procesos contra jueces como Elpidio o Garzón, ambos con el denominador común de haber enviado a prisión a imputados en la trama Gürtel, que contrastan con la impunidad del opusino Trillo en distintas imputaciones de graves delitos en casos como el Yak-42, etc. y la lentitud con la que se llevan en general los procesos en los que el PP (el Opus) está implicado.

Un estudio estadístico sobre las causas penales contra jueces demuestra que en realidad existen muchas causas contra jueces corruptos, pero el número de condenas es demasiado bajo. El hecho de que entre esos pocos jueces condenados se encuentren jueces como Garzón o Elpidio, y en estos casos sí que se ha dado mucha publicidad en los medios de comunicación, viene a confirmar mi sospecha de hasta qué punto está manipulada la prensa que no da publicidad a esas otras muchas denuncias contra jueces corruptos aunque existan pruebas, como ha ocurrido en mi caso.

El control que ejerce el Opus Dei sobre el Poder Judicial mediante sus miembros, que a todas luces anteponen su lealtad al Opus a su deber de velar por el Estado de Derecho,  hace que muchos ciudadanos no crean en la justicia y se inhiban de poner denuncias. Pero naturalmente hay excepciones que, por cierto, rara vez se publican en los medios de información. Por ejemplo, este caso de una mujer que fue estafada por el Opus Dei durante 18 años a la que se le niega compensación de ninguna clase. Tras denunciar la estafa en un juzgado y ganar en la primera instancia, la secta recurrió al Tribunal Supremo, donde sus jueces, como viene siendo norma habitual, se encargan de velar por los intereses de los “suyos”. Parece ser que es un fraude común practicado por esta secta lavar el cerebro de ciudadanos que caen en sus garras,  los cuales entregan  todo su dinero sin saber exactamente lo que están haciendo, sin exigir pagos a la seguridad social que los cubra, y desde luego engañados al creer que el Opus actúa de buena fe.

Pero este caso descrito es solo la punta de un iceberg. Mi propia experiencia me demostró que, a pesar de pedir a los más destacados medios de comunicación en España, y con insistencia, que publicasen las distintas querellas que interpuse contra jueces y magistrados por delitos de prevaricación y encubrimiento de otros delitos, aun teniendo pruebas documentadas, no conseguí que publicaran nada. Todos los redactores que vieron la documentación se interesaron en un principio. Pero mi caso nunca se publicó, según me dijeron, porque el redactor jefe de los respectivos medios no lo permitía.

Otro ejemplo de la “jurisprudencia” opusina, es este razonamiento del Tribunal Supremo que justifica la separación de sexos en colegios del Opus Dei pagados con dinero público. Esta otra noticia que revela la existencia de jueces que se han acogido a la amnistía fiscal  implica que, a pesar de que el Poder Judicial puede recabar la identidad de esos jueces, ninguno de ellos ha sido procesado por el Tribunal Supremo. Es evidente que esos jueces amnistiados por defraudar a hacienda, son de los “suyos”, porque de no ser así, ya se ha visto la celeridad que caracteriza los procesos contra jueces que les molestan por investigar corrupción. No olvidar que los vocales del CGPJ han sido elegidos a dedo por partidos que se ahogan en la corrupción, y en especial el PP que se está viendo que ha sido una organización criminal desde sus comienzos.

Para entender  los criterios que usa el PP para nombrar sus vocales en el CGPJ, basta recordar al juez Grande-Malarska, quien instruyó el caso sobre la tragedia del YAK-42, que se distinguió por sus continuos impedimentos  a la causa, y que fue “recompensado” por el PP nombrandolo vocal del CGPJ. También es representativo que el PP haya incluido como vocal del CGPJ al magistrado Francisco Gerardo Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está actualmente recusado en los pleitos contra la privatización sanitaria en Madrid.

Por todo los expuesto, podemos concluir que las consecuencias de que el Opus Dei controle el Poder Judicial son entre otras:

• La completa impunidad de la secta ante sus continuos delitos económicos, contra la intimidad, contra la seguridad, contra la vida, etc. Y una absoluta indefensión de los ciudadanos ante los abusos de esta secta.
• Expulsar del Poder Judicial a cualquier juez que se atreva a amenazar sus intereses.
• Permitir que el Gobierno, sea del color que sea, traicione al país continuadamente con total impunidad.
• Intimidar a los posibles rebeldes a su tiranía y devastación de España.
• Fomentar la corrupción eliminando los jueces “molestos” y premiando los jueces que mediante actuaciones de dudosa honestidad favorecen sus intereses.
• Permitir que la Iglesia atente escandalosamente contra los bienes públicos apropiándose de lo que no le pertenece, con total impunidad.

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