RESPONSABILIDAD NUCLEAR
Los sucesos de Japón, en lo referente al gran terremoto y el tsunami, sus consecuencias terribles para la población y el posterior desastre de las centrales nucleares están tocando las conciencias a nivel planetario. Al igual que con los fenómenos de Túnez, Egipto y Libia, vivimos diariamente sucesos excepcionales. Parece que de repente “la historia tiene prisa”.
Al observar las imágenes de lo sucedido en Japón el sentimiento de impotencia se hace inmenso, casi tanto como lo impresionante de los fenómenos de la naturaleza. Hay que acotar que, si bien las pérdidas son enormes (se estiman en más de 15.000 las personas muertas y desaparecidas) están lejos de las más de 300.000 víctimas que se produjeron en Sumatra en el 2004. Esto es así porque Japón es un país con alto nivel económico, con mecanismos y construcciones resistentes a terremotos. De haber tocado en otra zona del planeta, volveríamos a contar las victimas por centenas de miles. Es decir: el desarrollo económico hace que los desastres de la naturaleza sean menos “desastres”.
Pero hay otro tipo de sucesos que no son “naturales” como lo es un “tsunami”. Son los producidos por las centrales nucleares, que son construcciones humanas. Construcciones realizadas principalmente por intereses políticos y económicos. El debate sobre la conveniencia o no de energía nuclear no es nuevo, pero lo ocurrido en Fukushima ha puesto el tema de la energía nuclear como centro a nivel mundial y nos obliga a reflexionar y aportar puntos de vista que puedan contrarrestar la distorsión de la información que acarrea los múltiples intereses en juego.
La energía nuclear es presentada como un avance tecnológico que, sobre todo, produce energía “barata”. Este es el principal argumento que prevalece sobre sus otras “cualidades”, ya que es: peligrosa, contaminante, centralizada, dependiente, produce residuos para muy largo plazo de tiempo, etc.etc. Sin embargo, es desde el punto de vista económico desde donde esta energía es más cuestionable. Acaba de aprobarse una ley en España que limita a 1.200 millones la responsabilidad civil por daños nucleares, siguiendo directrices de los convenios de París y Bruselas. Pero ¿por qué limitada a 1.200 millones de euros? Porque no es responsabilidad ilimitada, de manera que puedan cubrirse todos los gastos de las indemnizaciones que correspondan? El desastre de Chernobyl costó 240.000 millones de euros y hoy, todavía, el gobierno de Ucrania tiene que destinar el 11% de su PIB para paliar las secuelas. Lo que cobrarían las aseguradoras para garantizar completamente las indemnizaciones sería una cantidad tan enorme que haría inviable económicamente a las centrales nucleares. Ahí está la gran mentira que se escamotea al ciudadano. Esa energía sale más barata porque no se aseguran convenientemente los posibles riesgos. Si dicen que son tan seguras ¿porque no hay aseguradoras que se hagan cargo de riesgos ilimitados?
Aquí, como en el caso de la reciente crisis bancaria, el funcionamiento general de este sistema garantiza que no haya límites para los beneficios, pero sí para las responsabilidades sobre los desastres que acarrean. La versión bancaria de esta forma de proceder es: si hay beneficios se los reparten entre los accionistas y si hay pérdidas se derivan a los contribuyentes.
Este proceder cada vez le queda más claro a los “contribuyentes”. El problema es que, o los políticos cambian, o cada vez a habrá menos gente que “contribuya”.
Estamos en supuestas democracias y es muy legítimo que haya total libertad de posturas y posiciones. Aun en esta situación, sigo escuchando a políticos hablar a favor de las centrales nucleares. Es su derecho, pero deberíamos exigir que fueran consecuentes con el ejercicio del mismo: si hay algún problema, que sean ellos los que se pongan al frente para resolverlo. Habría que obligar ahora a los políticos y empresarios japoneses que respaldaron la opción nuclear a que se pusieran al frente de las cuadrillas de salvamento. Que fueran ellos los primeros en resolver el problema que generaron.
Necesitamos una ley de responsabilidad política donde las consecuencias de las decisiones políticas sean también motivo de enjuiciamiento por vía civil o penal. ¿Quién es el responsable final de una decisión que causa miles de víctimas?. Hoy, tal cual están las cosas, esas decisiones quedan impunes.
Leo que están movilizando a voluntarios japoneses en un intento desesperado de enfriar los núcleos de las centrales afectadas. Ya hay centenas de trabajadores heridos por radiación. Ahora llega la hora de los héroes, de los abnegados ciudadanos que arriesgan su vida por la colectividad. Seguro que entre ellos no hay ningún directivo de la empresa TEPCO propietaria de la central siniestrada. Seguro que tampoco está al frente ninguno de los políticos que propiciaron el desarrollo de centrales nucleares en Japón.
Necesitamos mecanismos, leyes, que obliguen a los políticos a responsabilizarse de sus decisiones y no sólo durante su mandato sino después de él. Por otro lado no se pueden tomar decisiones que sean irreversibles. En lo nuclear, lamentablemente, los desastres de una mala decisión afectan la vida de ciudadanos durante generaciones. ¿Es “ético” que un político pueda decidir sin límite y de forma irreversible sobre el futuro de numerosas generaciones futuras?
Después del suceso de Japón es evidente que el futuro energético se tiene que desarrollar por los caminos de las energías renovables y sostenibles. No hay otra opción posible que abra verdaderamente el futuro de la humanidad. Sólo con aprovechar el 1 % de la emisión de luz y calor que llega cada día a la tierra desde el Sol tendríamos energía suficiente para un desarrollo humano sostenible por siglos. Disponemos de una enorme fuente de energía que todavía no vemos. Pero… no hay mas ciego que el que no quiere ver.
Nuestros mejores deseos y pensamientos para que rápidamente se solucionen los graves problemas de nuestros amigos japoneses. La sabiduría y fortaleza de su pueblo sobrepasará estos momentos de dificultad e infortunio.
Rafael de la Rubia
Miembro del equipo de coordinación mundial de
“Mundo sin guerras y sin violencia”