2- Exigimos poner fin a la estrategia guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.

A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos, que evite la participación del ejército en tareas policiales; que avance un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social, y que recupere las experiencias comunitarias autogestivas y la participación ciudadana en las colonias, barrios y unidades habitacionales.

B.I Exigimos que, antes de dos meses, los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

B.II Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales  bajo el concepto de seguridad nacional, y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Que se aprueben Leyes consensadas con las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil con un enfoque democrático y de respeto a los derechos humanos.

C. Convocamos a la sociedad civil a organizar un “Encuentro Nacional” de las experiencias de seguridad pública y defensa ciudadana autogestiva y comunitaria, que ya existen en el país, para poder reflexionar colectivamente las alternativas ciudadanas al respecto, y cómo reconstruir el tejido social en las comunidades, barrios y colonias a partir de conocer y diagnosticar  la forma que toma la delincuencia en cada región y saber cómo frenarla.

3- Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.

A. Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y extablezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos. También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.

B. Exigimos que, en máximo 6 meses, el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y de crimen organizado.

4- Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen

A. La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de “protección” y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.

B. Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.

C. Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza mal habida y lavado de dinero, así como los casos de infiltración de recursos del crimen organizado en las campañas políticas y los negocios.

5- Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.

A. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura  y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública

B- Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria, media superior y superior; un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria, EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y unidades habitacionales.

6- Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.

1. La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.

Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa, en el menor tiempo posible, los monopolios y genere una amplia democratización y apertura, no sólo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos.

1. Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minut a de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece, la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.

B..I. Exigimos que la legislación reglamentaria de la reforma política considere una amplia consulta y participación ciudadana que incluya la revocación del mandato y la reducción del financiamiento a los partidos políticos, y que retome los asuntos pendientes en materia de la legislación de las acciones colectivas evitando su restricción y retroceso, así como la aprobación de la Ley Federal Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales propuesta por la sociedad civil y legisladores de varios partidos.

III. Para iniciar el camino

Estas propuestas buscan detonar una nueva convivencia y nuevas bases para la legalidad, son el inicio de un camino, no son su fin.

Proponemos dos momentos para lograr esto: un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y en un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos, de exigencias  a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.

Este momento requiere la participación de todas y todos; el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional, para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación. Tenemos que dejar la apatía, la queja, el paternalismo, las visiones sectarias, para sumarnos activamente con una nueva responsabilidad de participación en los asuntos públicos.

Esta es una invitación, por un lado, a la sociedad civil para organizarnos y unirnos en torno a demandas y ejes fundamentales de lucha para detener la guerra. Por otro lado, con esta unidad podremos realizar un emplazamiento a las más altas autoridades y responsables frente a la nación para exigirles que se comprometan públicamente a construir unas acciones básicas con el fin de empezar a construir una paz verdadera con justicia y dignidad en México ¡ya! No se trata de sentarse con las autoridades y responsables de esta emergencia nacional  en un mismo estrado y sacar fotos.

El 10 de junio nos reuniremos en Cd. Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada unos de los 6 puntos.

La sociedad civil va a monitorear con mucho cuidado el cumplimiento de sus exigencias y a establecer las consecuencias de sanciones necesarias si no se cumplen. Todos y todas seremos testigos del compromiso real de estos actores, y verificaremos que cumplan cada punto.

Se crearán estas Comisiones Civiles de Verificación y Sanción para cada punto, las cuales evaluarán el compromiso y cumplimiento muy concreto, y, en caso que no se acepten las exigencias o se hagan discursos y no se cumplan, se establecerán, junto a la sociedad civil, las acciones de resistencia civil y pacífica correspondientes para lograr el cumplimiento de este “suelo” mínimo que consideramos para la reconstrucción de la nación.

Durante este periodo hasta el 10 de junio, las Comisiones, con las aportaciones del resto de la sociedad civil, irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia. Invitamos a toda la ciudadanía, en las comunidades, barrios, colonias, lugares de trabajo, a aportar en esta discusión y construir “espacios de reflexión y acción colectiva nacional” permanentes. Necesitamos fortalecer y visibilizar problemáticas regionales, articularnos en reflexión y acciones locales y nacionales, promover en todo momento una memoria activa y la participación central de todas las víctimas de este proceso de guerra hecha en nuestro nombre y sin nuestro consenso.

Con el Pacto civil estableceremos un mandato ciudadano y exigiremos respuesta precisa a los titulares del Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales; a los presidentes nacionales de los partidos políticos y los coordinadores de las fracciones en el Congreso de la Unión; a los representantes del Poder Judicial, así como de los sectores empresarial y financiero; a los sindicatos, las iglesias y las organizaciones sociales.

Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero. Unamos nuestras voces de ambos lados de la frontera para exigir paz y detener el negocio de las drogas y el delito que destruyen vidas a ambos lados de la frontera.

Sigamos caminando juntos y juntas para construir ¡YA! un México en paz con justicia y dignidad.

¡Estamos hasta la madre! ¡Alto a la guerra! ¡Por un México justo y en paz!

Mayo 8, 2011