Faltaban 49 minutos para las 13.30, hora del cierre de las puertas del Palacio de Justicia. Los integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala, esta vez bajo la lluvia y el frío, encabezados por los 85 años de Lita Boitano, lograban subir con dos cajas llenas de cartas por las escaleras mojadas. Cuando estaban llegando, ya subiendo el último escalón, un custodio les ganó de mano. Entró a pura velocidad al edificio y a continuación se cerraron las puertas. Lita Boitano nunca había visto nada igual en todos estos años de democracia. Las 40 personas del Comité quedaron afuera con la puerta estampada contra la nariz. Las cajas de cartas por el reclamo de la libertad de Milagro Sala enviadas por miles de personas y destinadas a los supremos integrantes de la Corte, esperaron. 

–¡Compañeras!¡Compañeros! –gritó Eduardo Tavani, abogado del Comité, desde afuera, cuando nadie sabía qué hacer. Eran las 12.41. Una enorme placa ubicada en la pared del edificio explicó lo que nadie podía explicar: Tribunales. Horario de 7.30 a 13.30, de lunes a viernes. Los integrantes de la comitiva, Lita Boitano, su paraguas y las dos cajas de cartas bajaron las escaleras con peregrina paciencia convencidos de que si se apuraban el paso iban lograr entrar por la puerta de la calle Lavalle. Intentaron. 

Desde el lunes pasado, el Comité que lleva adelante el diseño de gran parte de las acciones para reclamar la libertad de la primera detenida política del gobierno de Cambiemos, realiza una vigilia en la Plaza Lavalle. El lunes lanzó la campaña de solidaridad internacional con el objetivo de mostrar al mundo uno de los efectos de los retrocesos en materia de derechos civiles en Argentina. También para conseguir adhesiones y donaciones para los detenidos, sus familias y las defensas. Pero sobre todo para mostrarle la masividad del reclamo a los integrantes de la Corte Suprema que tienen en mano la llave de la libertad de Milagro con dos resoluciones pendientes desde hace meses. Todo se hizo esta semana en el marco de otro gran escenario: el nuevo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora en Perú, que debe pronunciarse sobre una cautelar por la detención arbitraria. En ese contexto, el Comité recogió firmas y cartas durante toda la semana sobre el tablón y los dos caballetes de la Plaza Lavalle. Ayer iban a entregarlas.

Al mediodía, llegó Lita Boitano con campera de lluvia y cabeza descubierta. Alejandra Darín del gremio de Actores. Estela Díaz de la CTA y coordinadora del Comité. Quienes estaban se colocaron una foto de Milagro en el pecho. Y prepararon la marcha de no más de cien metros hasta el edificio, con tiempo de sobra. “Esto ya tiene presencia internacional porque hay 15 comités en el exterior, pero ahora todo se refuerza con esta campaña –decía Estela Díaz–: hoy el nombre de Milagro es un emblema en el mundo sobre el aumento de la situación represiva y el recorte en derechos de Argentina”. Lita pasó revista a los males de todos los días: dos semanas con represión, detención de Jones Huala y recortes en derechos laborales. Tavani bromeó. Palacio de In-Justicia, dijo. Se preguntó por cuál de las dos mesas de entradas iban a recibirlos: o planta baja o cuarto piso, área restringida de los cortesanos. “La respuesta nacional e internacional es enorme”, iba diciendo.

Olé olé olé olá/para Milagro la libertad/para Morales/el repudio popular

Hubo aplausos. Arrancaron. Subieron las escaleras. Y bajaron. Dieron la vuelta. Llegaron a la puerta de Lavalle, pero otra vez la puerta estaba cerrada. 

–¡Compañeras! –vivó Tavani. El tema es así: no están planteando que para entrar tenemos que entrar sólo cuatro. Cuatro compañeros. O compañeras. Si acá decidimos que así sea, en esta suerte de asamblea, lo hacemos. Sino directamente hacemos otra cosa.

Un tipo de traje con cara de abogado quiso pasar. 

–¡No va a poder entrar, doctor! –le avisó Tavani–. Soy abogado como usted. Y no nos dejan pasar.

–¿Ah, sí? ¡¿Pero por qué motivo?!

–¡Pregúnteles a los señores que están cerrando la puerta!

La asamblea eligió cuatro delegados. Tavani, por abogado. Estela Díaz y Elena Naddeo del Comité. Lita, por experimentada. Entró Sabrina Roth, coordinadora de prensa de Milagro. Y este diario gracias a los alegatos de derecho a la información discutido en segundos por los comitentes.

–Les quiero decir que acá al lado está la leonera –avisó Tavani, y entró. 

En mayo de 2015, Tavani con Mirta Mántaras entre otros abogados habían intentado hacer algo parecido. Pero esa vez eran un grupo de letrados de lesa humanidad en busca de una entrevista con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Los juicios a los civiles no avanzaban. Y la Comisión Interpoderes no estaba en funcionamiento. También se juntaron en Plaza Lavalle. Lograron atravesar las puertas del edificio. Llegaron hasta el cuarto piso, pero los pararon. Varios años después, en otro país con otra Corte, el edificio demoró sólo unos segundos para desplegar ahora un dispositivo de seguridad novedoso apenas en las puertas de entrada de la planta baja, para el que evidentemente comienzan a estar preparados. 

–Mire que no sé si les van a tomar todas estas las cartas –anticipó un policía. 

–No importa.

–Mejor, hagan un manuscrito –propuso–. Y refieran que tienen un montón de cartas.

–Haremos el manuscrito.

Atravesaron un pasillo custodiados. El hall central. Otro pasillo. La custodia los dejó en la oficina de Mesa de Entradas. Cajas y cartas quedaron en el mostrador. Naddeo, Díaz y Roth desplegaron cartas algo mojadas todavía arriba de la mesa.  

–¿Ustedes traen un escrito o algo así? –pregunta el hombre del mostrador, mirando por encima de los lentes. “Son cartas escritas por miles y miles de ciudadanos y ciudadanas -dijo Díaz–. Estamos pidiendo a la Corte que se expida sobre la situación de Milagro Sala. ¡No sabemos muy bien por qué pero nos cerraron la puerta en la cara! Pero hemos podido entrar una delegación”.

El hombre bajó la vista. Se mandó a mudar. Poco después llegó su jefa: la directora general de mesa de entradas

–¿Qué necesitan?

–Venimos pacíficamente a traer personalmente miles de cartas -recomenzó Estela Díaz y repitió: –¡Pero nos cerraron las puertas en la cara!

–Agradezco que sea pacíficamente. 

–¡Venimos pacíficamente pero resulta violento que nos cierren la puerta en la cara! 

–Ustedes saben que no es fácil sobre todo con este tema –dijo ella, Eugenia Slaibe, según aclaró. Pidió privacidad con las imágenes. Explicó que recibieron muchas cartas durante este tiempo, pero de paso dijo que no era la vía correcta: –Quiero decirles que al tribunal se llega por la vía y recursos prescritos por la ley. Al margen de las causas, no podemos recibir las cartas porque no tienen que ver con la interposición de un recurso.

El diálogo siguió así. Recursos. Ley. Interposición. Ella dijo que todas las cartas llegaron pero fueron devueltas por cuestiones de procedimiento. Y ahí Tavani pechó lenguaje de abogado.

–¡¿Cómo?! Acá estamos ejerciendo un derecho constitucional que es peticionar a las autoridades, de forma pacífica. 

–Entiendo. Pero tienen que recurrir a las vías procesales pertinentes.

La señora no movía posiciones. Los comitentes, tampoco. Lita había explicado poco antes que en dictadura también se movían con tantas cartas. En ellas cada cual contaba sus testimonios. Las enviaban al extranjero por correo. Y también a la Corte. De pronto, la funcionaria cambió su discurso. Dijo que las cartas que habían llegado no las devolvían sino que se las pasaron al Secretario Penal de la Corte, Esteban Canevari

–¿Entonces le pueden hacer llegar esto a la Corte? –preguntó el Comité.

–Ahora mismo se lo vamos a mandar al secretario penal, yo se los voy a recibir -bajó la guardia la señora, pero eso sí, aclaró: –No me pidan que firme nada.

La cosa siguió en el mismo tono. La funcionaria pidió que la entiendan. Naddeo le habló de los pedidos del Grupo de Trabajo de la ONU, de la CIDH y la OEA. La señora dijo que la oficina estaba bajo su responsabilidad. Que no podía responder por el Tribunal. 

–El Tribunal esta al tanto –advirtió. 

–¡Que está al tanto lo sabemos! –lanzó Tavani–. Hace cuatro meses que esta al tanto y estamos esperando una respuesta. 

Afuera de la oficina los custodios ahora eran cinco. Buena onda. Pero todos de civil y de traje. La mujer los miró. 

–¿Estos señores están con ustedes? –preguntó.

–Nos están custodiando. Son de seguridad.

Y luego de las despedidas, uno de ellos tomó la palabra.

–¿Los acompaño? –invitó.

Las cartas habían sido entregadas. Lita y los comitentes caminaron acompañados hasta la salida.

La Legislatura porteña aprobó el traslado del monumento a Juana Azurduy desde la plaza detrás de la Casa Rosada hacia un área frente al Centro Cultural Kirchner, con el argumento de las reformas urbanas que se requieren para avanzar con la obra del Paseo del Bajo, que unirá el sur y norte de la ciudad de Buenos Aires. En el lugar que ocupa ahora la estatua donada por el gobierno de Evo Morales será emplazado el nuevo helipuerto presidencial.

La iniciativa obtuvo 34 votos positivos reunidos por el PRO, la Coalición Cívica, Confianza Pública, el Bloque Sindical Peronista y el massismo. Hubo 18 votos en contra y dos abstenciones. El proyecto fue presentado por la Jefatura de Gobierno metropolitana basada en la supuesta necesidad de realizar cambios en la disposición de las avenidas y espacios verdes en la zona por la traza que tendrá el corredor vial. Se trata de unos 7,1 kilómetros del Bajo porteño que conectarán las autopistas Buenos Aires-La Plata e Illia, y que según las previsiones estará listo a fines del 2019.

A raíz del diseño de la futura autopista, el Gobierno de la Ciudad consideró el retiro de la plaza del monumento a Azurduy, que fue emplazado por iniciativa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en reemplazo del complejo escultórico en homenaje a Cristóbal Colón, donado por la comunidad italiana que desde entonces reclama que lo devuelvan “a su lugar”. La ex mandataria inauguró el homenaje junto a su par boliviano.

Según dispone la ley aprobada ahora, la obra en honor a Azurduy, que está ubicada en el lado oeste de la plaza lindante con la Casa de Gobierno, será trasladada a una plaza frente al Centro Cultural Kirchner, sobre la avenida Leandro N. Alem.

Asimismo, el espacio que dejará la estatua una vez que sea removida será ocupado por el helipuerto presidencial, cuyas condiciones de seguridad para su instalación y funcionamiento estarán a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil. Y frente al nuevo helipuerto, pero del otro lado de lo que será el Paseo del Bajo, se proyectó la construcción de hasta dos subsuelos de estacionamientos y regulación de colectivos.

La propuesta del Ejecutivo, en tanto, también prevé el traslado de otro monumento, pero de menor tamaño: el de Juan de Garay ubicado en la “Plazoleta 11 de Junio de 1580”, comprendida entre Leandro N. Alem y Rivadavia, que será removido a un sector lindante al helipuerto.

Según el proyecto, la obra del Paseo estará complementada por el “Parque del Bajo”, que propone “un incremento, recuperación y mejora del espacio público, con la integración de áreas de calidad patrimonial, como son las plazas y parques que enmarcan la Casa de Gobierno y otros edificios institucionales”.

La aprobación de la ley para mudar el monumento a Azurduy reflotó la polémica desatada años atrás respecto del retiro de ese mismo espacio de la estatua a Cristóbal Colón para trasladarlo a un espigón frente al aeropuerto Jorge Newbery, instalación que aún está frenada por orden judicial. El legislador del Frente Renovador Javier Gentilini presentó un proyecto para volver a emplazar el monumento al navegante genovés en su sitio original, el Parque Colón.

Actualmente el monumento al navegante italiano se encuentra desmembrado y abandonado en el espigón Puerto Argentino. Algunos especialistas advirtieron que su estructura de mármol de carrara está expuesta al deterioro del medioambiente en la Costanera Norte.

En abril último el Círculo Italiano le envió una carta al presidente Mauricio Macri para pedirle que reinstale el monumento en su emplazamiento original. En la misiva, la entidad enfatizó “la certeza” de que “el Estado Italiano también intervino en la donación del monumento” –y no sólo la colectividad local– , como demuestran, según el Círculo, documentos y filmaciones con imágenes de la llegada a Buenos Aires, el armado en el sitio acordado y la inauguración, en 1921, encabezada por el presidente Hipólito Yrigoyen.

Representantes de varias entidades vinculadas a la colectividad italiana expusieron sus razones ante funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, quienes no adelantaron qué decisión se tomará al respecto pero dijeron que el Gobierno acatará lo que determine la Corte Suprema de Justicia, a la que llegaron con el reclamo.